Diligencias se efectuarán el mismo día en que la Suprema dirima qué justicia, si la civil o la militar, se queda con la causa.
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The Washington Post reconstruyó, en base a más de una docena de entrevistas, la operación de rescate del sábado que liberó a cuatro rehenes israelíes y mató a más de 270 palestinos.
Se acogió una solicitud del INDH y se postergó hasta el lunes 17 de junio.
Hechos ocurrieron en agosto de 2022 en Arica, cuando Jonathan Sandoval Martínez, aprovechándose de su condición de superior jerárquico, dio sustancia extraña en un vaso con alcohol a la víctima, quien perdió el conocimiento y fue ultrajada.
Desde la institución castrense, comunicaron que "se realizaron acciones e investigaciones administrativas y legales correspondientes" y que el responsable se encuentra actualmente en situación de retiro.
Tanto el Instituto de Derechos Humanos como el abogado querellante por la madre de Franco Vargas, Sebastián Andrade, interpusieron recursos de reposición ante la resolución del máximo tribunal que frenó las diligencias de la Fiscalía en la causa. En ambos escritos se señala que el soldado falleció fuera del regimiento de Huamachuco y que es necesario avanzar en peritajes urgentes ya decretados.
El Ministerio Público Militar solicitó a la Corte Suprema que mientras no se resuelva qué tipo de justicia llevará la causa en la que se investiga la muerte del conscripto Franco Vargas, se paralizaran las diligencias de la Fiscalía de Arica, ya que estas podrían ser las mismas que las ordenadas por la ministra en visita Jenny Book.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, remarcó que “desde el punto de vista del derecho las condiciones objetivas de imparcialidad están mejor aseguradas en la justicia civil”.
Por tres votos contra dos, la Segunda Sala del Máximo tribunal acogió una orden de no innovar del Ministerio Público Militar.
El Juzgado de Garantía de Arica accedió a la solicitud del fiscal Mario Carrera de acceder a todas las atenciones médicas, datos de atención de urgencia, epicrisis y anamnesis de L.J.G.S. y B.S.A.L, que siguen internados en el Hospital Militar. Dado lo establecido en la ley de derechos del paciente, los datos se mantenían bajo reserva.
Romy Vargas, también manifestó que los eventuales responsables "tienen que pagar con cárcel, no con castigos de relevo, eso para mi no es justo".
El persecutor Mario Carrera solicitó fijar una audiencia -programada para el 4 de junio- para que se discuta en tribunales sobre la necesidad de esta diligencia. Según el escrito, el SML practicó un examen "para efectos de determinar la causa de muerte de la víctima, sin embargo no se realizó conforme al Protocolo de Minessota".
La ministra en visita buscaba ampliar la cantidad de dinero por los presuntos montos defraudados por el general (R), quien es acusado de malversar los caudales públicos a través del uso de gastos reservados del Ejército. Una primera batalla ganada para el excomandante en jefe.
El exfuncionario del Departamento de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) dice que el fallo que absolvió al general (r) Fuente-Alba también pone de manifiesto "una falencia en el sistema antilavado. Nadie lo ha dicho y hay que hacerse cargo".
"Esto, insisto, es un proceso todavía pendiente, todavía quedan recursos por interponerse", aseguró.
