Jenny Book recorrió la zona de Pacollo para luego asistir al Cesfam de Putre.
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Corte Suprema acogió una recusación presentada por el INDH contra la magistrada María Teresa Letelier. Audiencia quedó programada ahora para el lunes 24 de junio.
"Aquí hay testigos, que llame a esos testigos, no a los que van a declarar a favor de ese regimiento. Súper inconsecuente su investigación. Y además dice a los medios que encuentra todo bien. Fue diez días después. Iban a arreglar la casa. Cuando yo tengo visitas, arreglo la casa”, sostuvo Romy Vargas.
Sorprendidos quedaron los intervinientes de la causa abierta por la muerte del conscripto Franco Vargas ocurrida el 27 de abril pasado. Su deceso es indagado por la justicia militar y por la Fiscalía de Arica. Sin embargo, a petición del Ministerio Público castrense se trabó la competencia de los persecutores en espera de que el máximo tribunal decida qué jurisdicción deberá aclarar lo que ocurrió en la fatal marcha en la que también resultaron afectados otros soldados. El anuncio de pesquisas por parte de la presidenta de la Corte Marcial generó ruido, ya que la propia familia de la víctima ha declarado que no quiere que la justicia militar intervenga. De hecho, la madre del joven apuntó: "La jueza está beneficiando a las personas del regimiento".
Diligencias se efectuarán el mismo día en que la Suprema dirima qué justicia, si la civil o la militar, se queda con la causa.
The Washington Post reconstruyó, en base a más de una docena de entrevistas, la operación de rescate del sábado que liberó a cuatro rehenes israelíes y mató a más de 270 palestinos.
Se acogió una solicitud del INDH y se postergó hasta el lunes 17 de junio.
Hechos ocurrieron en agosto de 2022 en Arica, cuando Jonathan Sandoval Martínez, aprovechándose de su condición de superior jerárquico, dio sustancia extraña en un vaso con alcohol a la víctima, quien perdió el conocimiento y fue ultrajada.
Desde la institución castrense, comunicaron que "se realizaron acciones e investigaciones administrativas y legales correspondientes" y que el responsable se encuentra actualmente en situación de retiro.
Tanto el Instituto de Derechos Humanos como el abogado querellante por la madre de Franco Vargas, Sebastián Andrade, interpusieron recursos de reposición ante la resolución del máximo tribunal que frenó las diligencias de la Fiscalía en la causa. En ambos escritos se señala que el soldado falleció fuera del regimiento de Huamachuco y que es necesario avanzar en peritajes urgentes ya decretados.
El Ministerio Público Militar solicitó a la Corte Suprema que mientras no se resuelva qué tipo de justicia llevará la causa en la que se investiga la muerte del conscripto Franco Vargas, se paralizaran las diligencias de la Fiscalía de Arica, ya que estas podrían ser las mismas que las ordenadas por la ministra en visita Jenny Book.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, remarcó que “desde el punto de vista del derecho las condiciones objetivas de imparcialidad están mejor aseguradas en la justicia civil”.
Por tres votos contra dos, la Segunda Sala del Máximo tribunal acogió una orden de no innovar del Ministerio Público Militar.
El Juzgado de Garantía de Arica accedió a la solicitud del fiscal Mario Carrera de acceder a todas las atenciones médicas, datos de atención de urgencia, epicrisis y anamnesis de L.J.G.S. y B.S.A.L, que siguen internados en el Hospital Militar. Dado lo establecido en la ley de derechos del paciente, los datos se mantenían bajo reserva.
Romy Vargas, también manifestó que los eventuales responsables "tienen que pagar con cárcel, no con castigos de relevo, eso para mi no es justo".
