Ya son 24 días los que los efectivos de las Fuerzas Armadas llevan desplegados en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, a partir del estado de catástrofe decretado por el gobierno el 3 de febrero. Desde entonces, la expansión de las llamas ha ido a la baja, según pudo constatar la Corporación Chilena de la Madera (Corma). El gremio apunta a la efectividad que entrega combatir a los grupos delictuales, pues la presencia militar se ha duplicado.
Debe ser declarado por el Presidente de la República, el cual debe designar a un jefe de la Defensa Nacional en la zona. Revisa el detalle a continuación.
La medida anunciada por el líder turco incluye las 10 provincias afectadas en ese país, y se extenderá durante tres meses. Esto permitirá al gobierno eludir al Parlamento al promulgar nuevas leyes y limitar o suspender derechos y libertades.
Tras nuevas protestas la noche del sábado en Lima, la administración de Dina Boluarte decidió declarar este estado excepcional en los departamentos de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna.
El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, dijo que las elecciones multipartidistas deben celebrarse "como desee la gente".
La medida, que pasa a segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados, fue visada en la sala de la Cámara Alta por 33 votos a favor y uno en contra.
Cortes de caminos, desórdenes y la muerte de al menos siete personas son algunas de las razones por las que el gobierno de Dina Boluarte estableciera la medida por 30 días. Manifestaciones se mantienen pese a que la mandataria dijo ahora que las elecciones pueden adelantarse a diciembre de 2023.
Así lo anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola, quien aseguró que con la medida se da una respuesta "contundente y de autoridad" a las protestas violentas que se registran en varias regiones del país.
Los manifestaciones llevaron a mandataria peruana a declarar el estado de emergencia por 60 días en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac, epicentro de las protestas, pero la medida se podría extender al resto del país. Las movilización ciudadana se ha expandido a Lima, Huancavelica, Junín, Áncash, La Libertad, Cajamarca, Cusco, Puno, Tacna, San Martín, Madre de Dios y Amazonas.
“Me parece que es altamente preocupante lo ocurrido, porque todos sabíamos que era una fecha de conmemoración de aquellas que involucran acciones violentas”, sostuvo Rodrigo Díaz.
Entidad dio a conocer informe, con datos recabados de publicaciones en la prensa, que sostiene que violencia aumentó en 41% si se comparan los 132 días que lleva vigente la medida con las cifras cuando fue decretado durante el gobierno de Sebastián Piñera.
El gobierno de Pedro Castillo instruyó una vez más al Ejército para apoyar a la Policía Nacional con el fin de contener la inseguridad, descrita por el primer ministro Aníbal Torres como “uno de los más grandes problemas”. La medida llega en el marco de un estado de emergencia, herramienta constitucional prorrogada numerosas veces desde que se instauró en febrero pasado.
De acuerdo a la titular de Interior, el Ejecutivo también ve “con buenos ojos” los acuerdos que han alcanzado distintos partidos oficialistas para realizarle modificaciones a la nueva Constitución en caso del triunfo del Apruebo, entre los que se han considerado nuevos instrumentos para casos de violencia como los que ocurren en la zona sur del país.
Hasta el momento ninguna organización se ha adjudicado los ataques. El alcalde, Gastón Mella, dijo que se "vivió una noche de terror". También demandó apoyo de las autoridades de Educación para que los alumnos que estudiaban en la escuela-internado pueda continuar el semestre.
Con la propuesta de nueva Constitución en mano, el paso que viene es entender el texto constitucional de la Convención para tomar una decisión informada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. En esta séptima entrega del "Explicador Constitucional" exponemos los tres estados de excepción constitucional que establece la eventual nueva Carta Magna y la eliminación del Estado de Emergencia, una herramienta utilizada por el actual gobierno para controlar el orden público, por ejemplo, en la Macrozona sur.
