Esta semana la máxima autoridad del Instituto Nacional de Derechos Humanos protagonizó una sorpresiva voltereta. Casi cinco años después del estallido social se sumó a la misma opinión que tenía el exdirector Sergio Micco y reconoció que los ataques del 18-O no fueron sistemáticos, pero sí generalizados. Sus palabras despertaron reproches de consejeros, la molestia de sus propios funcionarios y amenaza con revivir la polarización que afectó durante años al organismo.
Consuelo Contreras afirmó que durante la sesión del consejo en que se decidió la acción judicial no se tuvo en consideración el contexto electoral del candidato a la alcaldía de Santiago y que tal falta de visión "puede ser" un error, pero que no hubiera cambiado la decisión del organismo.
El director del filme, Carlos Araya Díaz, cuenta qué hay detrás del documental que revive las contradicciones del estallido social y el fracaso del proceso constituyente.
El celebrado autor nacional publicó El Año en que Hablamos con el Mar, un texto sobre la familia, la atracción de una isla y el amor. En conversación con Culto, profundiza en los detalles del libro, como el uso del 'nosotros' para narrar, la ambigüedad premeditada del tiempo y la importancia de la oralidad en su obra.
Junto con ello, el informe expresó que en todas las comunas de la RM fueron afectadas por una de las cuatro variables analizadas: inseguridad, pobreza, comercio y construcción.
Autor de La Pregunta de Octubre, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile reflexiona en torno a la forma en que decantó el estallido social. Dice que el Presidente Boric hizo el mismo aprendizaje de la Concertación, "el aprendizaje de la desesperanza". Y advierte que la crisis permanece: "Estamos en la pitilla, con un orden ciego y unas clases dirigentes que no saben para dónde dirigir”.
Durante tres meses se mantuvieron en reserva las identidades de a quienes el Ejecutivo suspendió el pago de por vida que habían adquirido por haberse declarado víctima de menoscabo durante el 18-O. Los casos son fiscalizados tanto por la Contraloría como por la Fiscalía Occidente y se buscan responsabilidades penales tras otorgarse el beneficio a personas condenadas por graves delitos como violación, abuso, robo, entre otros crímenes.
Las bancadas del Frente Amplio, del PC y Acción Humanista votaron en contra de la idea de legislar de la iniciativa presentada por diputados de oposición. Sin embargo, legisladores socialistas, liberales, radicales y del PPD aprobaron el texto con el fin de respaldar las enmiendas que presentó el gobierno.
Son 148 policías uniformados -entre activos y en retiro- que han enfrentado cargos por delitos de apremios ilegítimos, torturas, vejaciones y otro tipo de ilícitos vinculados a abuso policial. Sin embargo, solo un cuarto ha llegado a instancias finales ante tribunales y 45 han quedado sin sanción, tras optar a salidas alternativas o derechamente ser absueltos.
Durante el segundo día del juicio oral, el excarabinero Sebastián Zamora relató al tribunal su versión de cómo ocurrieron los hechos y lo que vino después del incidente del 2020, por el cual la Fiscalía lo acusa de homicidio frustrado.
Ayer comenzó el juicio contra el imputado de empujar a un manifestante al río Mapocho. La fiscalía pide ocho años de cárcel.
En el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, este miércoles empezó el juicio en contra del exfuncionario policial, quien es acusado de homicidio frustrado simple en contra de un adolescente que cayó a la ribera del río Mapocho, desde el puente Pío Nono, luego de ser embestido por el entonces funcionario de las FF.EE. de Carabineros durante el estallido social en octubre del 2020.
