Si en 2021 se concretaron 667 expulsiones por la vía judicial y 246 por la administrativa, hasta septiembre de este año las cifras llegan a 881 y 17, respectivamente. El descenso de un periodo a otro en las de segundo tipo, dicen las autoridades, se debe a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migraciones, que hizo todo “más burocrático”. Según los datos de la PDI, en 2022 los más deportados son bolivianos, colombianos, peruanos y venezolanos.
Según explicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve se tratan "45 nacionales colombianos y 4 ecuatorianos, donde un avión de la Fuerza Aérea despegó desde la base aérea Los Cóndores de Iquique con destino a Guayaquil y Bogotá”.
Si bien la ley hoy permite regularizar a niños, niñas y adolescentes, con la nueva Política Nacional de Migraciones el gobierno adelanta que se podrán fijar nuevas causales para regular a quienes ingresaron por pasos clandestinos. Se asume que la frontera es "permeable" y que "no es viable", como resalta el director del Servicio Nacional de Migraciones, expulsar a todas esas personas.
"Hemos lamentado que el anfitrión, Estados Unidos, haya optado por una política de exclusión, porque creemos que en el diálogo democrático es cuando se logra mejorar las dificultades que enfrentamos como continente, y por eso evidentemente va a ser más difícil llegar a acuerdos en ciertas materias", dijo el Mandatario sobre la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la Cumbre de las Américas.
“Estas expulsiones bajo el Título 42 -orden de salud para evitar la propagación de Covid-19 implementada en el gobierno de Donald Trump- violan la ley y arriesgan a que se envíen personas de vuelta a condiciones peligrosas, algunas veces las mismas que causaron que fueran en busca de un lugar seguro”, indicaron en una carta entidades como Amnistía Internacional y Human Rights First.
La jurisprudencia de la Corte Suprema, en la cual ha anulado los decretos que buscan echar del país a migrantes que ingresaron por la vía irregular, abre la siguiente interrogante. Si el máximo tribunal plantea que estos actos no se ajustan a derecho, ¿debe el contralor Jorge Bermúdez volver a exigir este trámite? El organismo explica que las razones de su postura son dos. Por un lado la búsqueda de "eficiencia en la gestión documental" y por el otro la intención de "centrar el control de legalidad en los actos administrativos que involucraran cuantiosos recursos públicos".
Revisa el especial de LT con las historias de los migrantes que iban a ser expulsados del país por el gobierno. ¿El motivo? Haber ingresado al país por un paso no habilitado. Cada uno de ellos logró ingresar un recurso de amparo y así revertir la medida. La mayoría de las veces el máximo tribunal anuló la deportación, pero en algunos casos no se llegó a tiempo y la sentencia se despachó cuando ya habían sido devueltos a su país de origen.
Pese a la jurisprudencia de la Suprema, el gobierno no dará pie atrás a las expulsiones de migrantes. Desde el Ejecutivo transmiten que el criterio de la judicatura no ha sido constante y están convencidos de que la pugna es un asunto de interpretación jurídica. “El objetivo del gobierno es hacer cumplir la ley”, responde el subsecretario Galli.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, detalló que entre los casos de expulsión de este fin de semana figuran tráfico de menores, robos con violencia e incumplimiento a la ley de migraciones. “Los promotores de la migración descontrolada están en contra del proceso de expulsión, el problema es que si uno no materializa la expulsión, ¿bajo qué condiciones dejas a esas personas en Chile?, y eso es algo de lo que no se hacen cargo”, dijo Bellolio.
Las expulsiones de Barroso, Echeverría y Cuevas, en el duelo de Everton ante La Serena, estarán entre las más rápidas e insólitas de nuestro fútbol.
El Ministerio del Interior, junto a la Cancillería, prepararon un video en que se hace un llamado a evitar la inmigración no autorizada. La difusión del mensaje, especialmente en redes sociales, se enfocará en Lima, La Paz, Quito y Bogotá.
44 de estas personas serán trasladadas vía terrestre hasta sus países de origen, Perú y Bolivia, mientras el resto lo hará vía aérea hasta Colombia, Venezuela y República Dominicana. No podrán ingresar al país en 10 años.
Las expulsiones administrativas y judiciales, en tanto, disminuyeron un 33%. Entre enero y agosto se han concretado 842 de estas medidas.
A fines de marzo, 14 menores de edad tuvieron que despedirse de su progenitor. Se trata de ciudadanos extranjeros deportados por tener antecedentes penales. Sus familias dan cuenta del drama que esto les significa. El gobierno asegura que las situaciones se ponderan caso a caso y que siempre se ha actuado "ajustado al derecho".
De ese total, más de la mitad -$1.578.331.875- fue destinado al pago de los escoltas que concretan las órdenes de salida del país. Esto, pese a que las cifras en ese caso sólo se reportan desde hace poco más de dos años.
