De acuerdo con lo informado por la Compañía de Jesús, en medio de su indagación, la abogada María Elena Santibáñez determinó que lo hechos corresponden a "actos de significación sexual de distinta relevancia". Según detallaron, dichas situaciones "se refieren a tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio, entre los años 1993 y 2009".
El plazo de la investigación previa encargada por la Compañía de Jesús a María Elena Santibáñez, tras una denuncia por presunto abuso sexual, ya expiró y el sacerdote está a la espera de la resolución. La abogada debe determinar si las acusaciones en contra de Berríos son verosímiles para que se indaguen en el Vaticano. Acá, por primera vez se entregan detalles de las conductas que se atribuyen al religioso y que hoy, incluso, están en manos de la justicia penal.
En un inicio la abogada María Elena Santibáñez tenía hasta el 31 de julio para pronunciarse respecto a la "verosimilitud" de las denuncias por presuntos abusos que pesan sobre el religioso, quien se mantiene suspendido y apartado de sus funciones clericales. Sin embargo, la profesional solicitó más tiempo para entregar su informe. En paralelo la Fiscalía se encuentra realizando diligencias tras la autodenuncia que realizó Felipe Berríos y cuando se le requirió información a la Fundación para la Confianza sobre la identidad de las víctimas, la entidad se negó a entregar antecedentes.
El defensor revela los motivos por los que el religioso se autodenunció ante la fiscalía para enfrentar un proceso penal como lo haría cualquier ciudadano acusado de un delito y que, además, dice ser inocente. Cuestiona a su contraparte, el abogado Juan Pablo Hermosilla, de la que, señala, es hasta el momento la única víctima formal del proceso por decir que la justicia civil le genera desconfianza. “Este es un caso que tiene una dimensión mediática, mucho más que judicial”, asegura.
La ministra Ángela Vivanco cuestionó en duros términos al abogado de la Fundación para la Confianza quien representa a denunciantes que dicen haber sufrido actos de connotación sexual por parte del sacerdote de la Compañía de Jesús y quien refirió que las víctimas "tienen temor y desconfianza" del sistema penal ahora que el caso llegó a manos del Ministerio Público. La jueza apuntó a que estos procesos se tramitan en reserva y además hay apoyo y protección para las víctimas.
El abogado que ha escuchado el testimonio de cuatro presuntas víctimas del sacerdote jesuita, comentó que aún no definen si se sumarán como intervinientes en la causa que abrió el Ministerio Público, por cuanto ellas han sentido la arremetida judicial "como una agresión". Mientras la abogada que realiza la investigación previa canónica en contra del sacerdote, María Elena Santibáñez, no descarta sumar a su análisis los antecedentes que pueda recopilar la Fiscalía, aunque desde la Compañía de Jesús descartan que se pueda iniciar un proceso si las afectadas no lo explicitan.
Ahora que la investigación por presuntos actos de connotación sexual llegó a manos del Ministerio Público, la gran interrogante es si las víctimas querrán enfrentar un proceso ante la justicia penal que tiene como ejes rectores la publicidad y oralidad de los procesos penales. Si bien la causa está recién partiendo, se espera que la defensa sea activa en colaborar con las diligencias. Esto último será clave para su propósito de demostrar la inocencia del jesuita y sobreseerlo definitivamente de las acusaciones.
"Quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país", manifestó el sacerdote en una carta dada a conocer este lunes. Hace casi un mes la Compañía de Jesús abrió una indagatoria por una acusación de “hechos de connotación sexual” que hizo una mujer en contra del religioso. Tras ello, abandonó su hogar en La Chimba y guardó silencio hasta hoy.
Dos mujeres entregaron antecedentes a la Fundación para la Confianza, que se encuentra revisando los testimonios con el fin de definir las acciones a seguir contra el religioso, que ya se encuentra bajo una investigación canónica tras ser acusado a fines de abril por “hechos de connotación sexual”.
El sacerdote dejó su casa en el campamento Luz Divina de La Chimba, en Antofagasta, y permanece en una residencia de la congregación en Santiago. Mientras la abogada que encabeza la investigación ya comenzó con diligencias para esclarecer el caso, denunciantes piden un mayor protagonismo del Estado.
La acusación en contra del sacerdote Felipe Berríos que abrió un proceso canónico podría tener consecuencias en la justicia penal. A un día de conocerse los antecedentes y de suspender sus funciones como religioso, para el teólogo Marcial Sánchez la situación dañará profundamente a gran parte de la comunidad católica: "Era uno de los últimos bastiones creíbles de la Iglesia".
Según un comunicado de la congregación, la denuncia se recibió el 29 de abril y el hecho, según el relato de la denunciante, habría ocurrido cuando ella era menor de edad, tras lo cual decidió suspender el ejercicio público sacerdotal de Berríos. El sacerdote señaló que se puso a "disposición de la Compañía para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”.
De una orden evangelizadora, pasando por acusaciones de abusos a niños y el arribo de un Papa. Esta es la historia de una de las órdenes más longevas del catolicismo.
La convocatoria al sacerdote jesuita a conformar parte de un consejo consultivo resultó en el primer “bache” comunicacional del gobierno. Así, dentro del comité político la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, advirtió de los anticuerpos que generaba Berríos en ciertos sectores de la izquierda -sobre todo feministas-, incluso durante el período de campaña.
"Me he puesto en contacto con el ministro Montes para declinar su invitación, agradeciendo su deferencia y ofreciéndole mi desinteresada cooperación desde La Chimba, mi lugar de trabajo”, indicó el sacerdote jesuita mediante un comunicado.
