La persecutora de Alta Complejidad Centro Norte solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, "resguardo, en formato PST, de los correos electrónicos” de Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, además de los exsubsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, y el exasesor Mijael Bonito. El Ministerio Público pesquisa el rol de las autoridades de la época durante el estallido social.
La diligencia se realizó en completa reserva el jueves 9 de septiembre en su parcela ubicada en el sector de Pichares, en el lago Colico, comuna de Cunco, en la Región de La Araucanía. Nuevos testimonios allegados a la causa, que investiga la Fiscalía Centro Norte hicieron que el Cuarto Juzgado de Garantía diera una nueva orden de entrada y registro, pero esta vez a la residencia en el sur, en la que el exjefe comunal se había ido a refugiar tras terminar su periodo. En la pesquisa, según fuentes consultadas, se incautaron celulares, computadores y dinero en efectivo.
El profesional asumiría como representante del convencional ante el eventual delito de perjurio que habría cometido al faltar a la verdad en su declaración de patrimonios e intereses. Sobrino del reputado penalista Luis Hermosilla, Ramírez se contactó ya con la fiscalía y aseguró que Rojas quiere declarar. Hoy la PDI coordinará su interrogatorio en calidad de imputado, aunque el fiscal Patricio Cooper ya ordenó que la diligencia se materialice cuando termine su licencia médica, en 15 días más.
El 5 de octubre, la exministra de Justicia y el retirado general director de Carabineros, quienes mantuvieron una estrecha relación de amistad, estarán sentados en el banquillo de los acusados. Tras cuatro años de investigación el Ministerio Público decidió imputarles autoría en el delito de malversación de gastos reservados. En el expediente hay decenas de testimonios que apuntan a cómo la exsubsecretaria de la policía uniformada recibía mensualmente una especie de "sobresueldo" en sobres sellados. El CDE estima que Javiera Blanco se habría apropiado de cerca de $ 47 millones. Su defensa niega los cargos y asegura que demostrará su inocencia.
El Ministerio Público le imputa haber infringido las normas sanitarias en el marco de la pandemia de Covid-19 al no portar un permiso emitido por Comisaría Virtual para desplazarse en toque de queda, la noche del 25 de abril. En su defensa, el candidato presidencial argumentó que "sí contaba con el Salvoconducto y permiso de desplazamiento", emitido por el Departamento Seguridad Presidencial Grupo Guardia de Palacio. El monto de la infracción es de 6 UTM y el tribunal fijó audiencia para el 1 de octubre.
El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía que dio inicio a una investigación separada que involucra a la entidad de propiedad del Grupo Luksic y a los otros bancos que, teniendo la obligación legal de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no lo hicieron, lo que impidió iniciar antes esta indagatoria en contra del excomandante en Jefe del Ejército. Asimismo, el Ministerio Público notificó a la justicia que mantiene vigente una causa penal en contra de uno de los hijos del matrimonio por los movimientos que realizó en sociedades inscritas en el extranjero.
La fiscal Centro Norte Ximena Chong recibió el 14 de mayo el documento del Servicio Médico Legal, conocido como Protocolo de Estambul. En el informe, de 27 páginas, el perito detalla que el menor de edad que habría sido tirado al lecho del río Mapocho por el sargento de Carabineros Sebastián Zamora tiene conocimiento de otras víctimas de la policía uniformada que han tenido seguimientos posteriores. "Se siente desprotegido", dice. El mismo menor de edad fue detenido por Carabineros a fines de mayo por daños, tras una serie de ataques a las sedes de la UDI, RN y al memorial del fallecido senador Jaime Guzmán.
El ocurrió en octubre de 2018 en la casa del imputado por femicidio frustrado. La mujer intentó apagar el fuego arrojándose desde un segundo piso y resultó con el 30% de su cuerpo quemado y una pierda con una fractura expuesta.
Tras la orden del fiscal nacional, Jorge Abbott, de revisar las causas por presunta violencia institucional, en el marco de las protestas por la crisis social, hoy la Fiscalía Centro Norte -que concentra gran parte de estos casos por estar en la jurisdicción del sector de Plaza Italia- comenzó la revisión de cerca de 3.000 casos. Destinará a 35 abogados a llenar una planilla con 70 datos necesarios para determinar el futuro de estos casos, lo que podría incluir volver a tomar declaraciones a víctimas, y elaborarán un plan de persecución penal para estos delitos. Abbott dio como plazo máximo el 16 de agosto.
En la tarde de ayer, la persecutora de Alta Complejidad Centro Norte llegó hasta el Edificio Norambuena de la institución. Revisó las actas de ingresos de los generales, tomó declaraciones y clonó discos duros. Algunos policías manifestaron su incomodidad y acusaron que la fiscal no utilizó una orden judicial, aunque la PDI levantó actas de entrega voluntaria. En un escrito, Jorge Martínez, abogado del general Enrique Monrás, advirtió que "es evidente que la Sra. Fiscal Ximena Chong pretende, a través de estas acciones ilegales, favoreciendo el acuerdo con la defensa del Sr. Zamora representada por el exfiscal Alejandro Peña, imputar algún supuesto delito a un oficial general de Carabineros de Chile".
Hoy se realizó una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago donde la fiscalía informó que no perseveraría luego de concluir que no hay antecedentes que apunten a una planificación real de Jaime Castillo Petruzzi de hacer una "guerra de guerrillas" o un "sabotaje, político-militar", como dijo el 16 de enero en el lanzamiento de un libro.
"Nunca nos hemos opuesto, hemos pedido más plazo, hemos pedido que las cosas se hagan ordenadamente, que se recura a los lugares donde están realmente los correos y vuelvo a insistir los vamos a entregar", indicó el secretario de Estado.
Imputados son parte de los 36 formalizados tras una operación de la PDI y el Ministerio Público denominada la “Industria del Portonazo”.
El fiscal Marcelo Carrasco pidió al Ministerio de Salud que diera curso a un requerimiento de antecedentes realizado el pasado 2 de julio. Esto, tras una petición que le realizó el querellante Ramón Sepúlveda, quien representa al alcalde Recoleta, Daniel Jadue.
A través de la PDI, el Ministerio Público requisó los artefactos que estaban en el casillero del policía, en la unidad de Control de Orden Público, en Lo Espejo. La institución se comunicó con el ente persecutor para hacer entrega voluntaria de las filmadoras.
