Hoy se realizó una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago donde la fiscalía informó que no perseveraría luego de concluir que no hay antecedentes que apunten a una planificación real de Jaime Castillo Petruzzi de hacer una "guerra de guerrillas" o un "sabotaje, político-militar", como dijo el 16 de enero en el lanzamiento de un libro.
"Nunca nos hemos opuesto, hemos pedido más plazo, hemos pedido que las cosas se hagan ordenadamente, que se recura a los lugares donde están realmente los correos y vuelvo a insistir los vamos a entregar", indicó el secretario de Estado.
Imputados son parte de los 36 formalizados tras una operación de la PDI y el Ministerio Público denominada la “Industria del Portonazo”.
El fiscal Marcelo Carrasco pidió al Ministerio de Salud que diera curso a un requerimiento de antecedentes realizado el pasado 2 de julio. Esto, tras una petición que le realizó el querellante Ramón Sepúlveda, quien representa al alcalde Recoleta, Daniel Jadue.
A través de la PDI, el Ministerio Público requisó los artefactos que estaban en el casillero del policía, en la unidad de Control de Orden Público, en Lo Espejo. La institución se comunicó con el ente persecutor para hacer entrega voluntaria de las filmadoras.
En la policía uniformada preocupa la tesis del encubrimiento deslizada por la fiscalía. Por lo mismo, la institución ha insistido en que no hubo ánimo de obstruir la investigación y se basan en cuatro hechos que explicarían lo ocurrido ese día: el acta de entrega del menor; el apercibimiento del lesionado ordenado por la Fiscalía Centro Norte; las llamadas al SAMU y Bomberos para socorrer al adolescente; y la diligencia que aseguran sí se hizo en la Clínica Santa María. Estos puntos han sido levantados tanto en minutas internas, como en la exposición del general Mario Rozas ayer en la Cámara.
Este viernes, la Fiscalía Centro Norte formalizará al cirujano José Pablo Undurraga quien -en el marco de una operación por reflujo- habría olvidado una pinza Kelly que estuvo al interior de una paciente durante siete meses. Tras un largo historial de urgencias, ella falleció. Se le imputará al facultativo cuasidelito de homicidio.
A través de una acción judicial, la empresa CyM reclama el no pago de US$ 4,1 millones por parte del Comando de Apoyo de la Fuerza (CAF), que representa el general Rodrigo Urrutia. Fiscalía Centro Norte investigará el caso.
La Presidenta del Tribunal Constitucional (TC) declaró como testigo el 28 de abril ante la fiscal Ximena Chong. Lo hizo en el marco de una causa que se abrió por presunta corrupción en la entidad, luego de que la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, denunciara prevaricación y cohecho por la dilación de casos de derechos humanos.
En el interrogatorio explicó cómo se enteró de que su hermano Francisco, a quien le confió la administración de su empresa Saturno, llevó a la compañía a la quiebra; cómo Francisco Frei le mintió con los balances financieros durante años, mientras en realidad le sacaba el dinero para su beneficio; el rol que tuvo su sobrino Nicolás Frei (hijo de Francisco) en la supuesta estafa, y el que tuvieron su hija Magdalena y su marido Pedro Yaconi en investigar la estafa; y cómo encaró a su hermano cuando se enteró de lo que le había hecho.
Daniel Bustos (22), formalizado por la quema al ingreso, dijo al fiscal que "mientras le arrebataba la bolsa al Juanuco, éste alcanzó a encenderla, ignoro si con un encendedor o con un chispero, por lo que con la finalidad de que este se apagara y no provocara daños, pensé en lanzarla hacia la calle, pero al mantener un problema físico en mi mano derecha -que es con la cual mantenía la bolsa encendida- la arroje al aire chocando esta última con la reja externa de la estación de Metro San Pablo".
Según los antecedentes del Ministerio Público proporcionados por Carabineros, se trata de una persona que era rostro conocido por los uniformados: había participado de un evento anarquista en 2017.
El sujeto, que había escapado a Estados Unidos, deberá permanecer bajo la medida cautelar por 120 días, en el primer caso por tortura sexual que analiza la justicia chilena.
El ataque se registró el 19 de noviembre pasado en el barrio Bellavista. El funcionario dice que "a raíz de estos ataques violentos, después de momentos de mucha tensión junto al cabo primero Stefano Salas, abrimos la puerta del auto y para proteger nuestras vidas percutamos al aire aproximadamente cuatro disparos". Dos civiles fueron heridos por balazos en medio de esta situación.
El Ministerio Público le imputa cuatro hechos al exsacerdote Óscar Muñoz, que incluyen abuso sexual a menores y el delito de violación. Hoy vive en la casa de su madre, en la comuna de Macul. Fue ahí donde se enteró el lunes pasado de que el Papa Francisco lo dimitió del estado clerical. Ahora, dicen sus cercanos, está enfocado en preparar su defensa junto a su abogado para el juicio que comienza el 9 de diciembre.
