El fiscal Tarek William Saab señaló que su país tiene toda la disposición de cooperar en la lucha contra el delito transnacional y "ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada".
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A 50 días de que el exmilitar fuera sacado de su domicilio, en la comuna de Independencia, por secuestradores disfrazados de policías chilenos, la Fiscalía Sur agotó las hipótesis de autosecuestro y secuestro extorsivo, por lo que reveló que continúa con la única línea investigativa vigente: un homicidio planificado desde Venezuela y con apoyo de la banda delictual "El Tren de Aragua" dedicada al crimen organizado en Sudamérica y con tentáculos arraigados en territorio nacional. Los investigadores siguen las huellas de los ciudadanos caribeños que tras realizar la captura, y el posterior homicidio del opositor a Nicolás Maduro, huyeron por pasos no habilitados rumbo a Caracas, Venezuela.
Son varias las diligencias que sigue desarrollando personal de la Brigada de Homicidios de la PDI a fin de esclarecer el caso que tiene como protagonistas a dos mujeres mayores. En primer lugar se debe identificar científicamente a quién corresponden las osamentas y también si hubo intervención de terceros en su deceso.
La Unidad de Análisis Financiero recibió 14 reportes de operaciones sospechosas por los movimientos financieros de los controladores del factoring, además de sus otras sociedades. Se informó a la Fiscalía que las cuentas bancarias Comercial Textil Ziko Ltda. y STF Capital Corredores de Bolsa SpA registran "depósitos de dinero en efectivo por altos montos, totalizando más de 10.700 millones de pesos, sin que se disponga de información acerca de su origen".
El uniformado, de 27 años, falleció luego de intentar repeler un robo en Quinta Normal, el cual sería perpetrado por una persona en moto. Sin embargo, al iniciar la persecución fue interceptado por un vehículo, desde donde bajaron cinco delincuentes y abrieron fuego en contra del policía, quien estaba en su auto con su hijo de tres años y su esposa.
Aunque la petición aún no es presentada formalmente, Raúl Letelier confirmó a La Tercera que insistirán en conocer todas las conversaciones que pueden estar vinculadas a ilícitos. "Si en esas conversaciones hay rasgos de delito, nosotros tenemos que tener conocimiento y acceso a eso", comentó. Además aseguró que no tienen interés en conversaciones de índole personal o que se alejen del ámbito penal, ya que "no es su trabajo" revisar esa información.
La Fiscalía Metropolitana Occidente pidió la misma medida cautelar para los 40 imputados. Las formalizaciones se han extendido por tres jornadas.
Los aprehendidos tienen 20, 34 y 28 años. Dos de ellos cuentan con RUT chileno.
El empresario contó con la representación de Alejandro Awad, Marcos Contreras y Miguel Schürmann en la audiencia, donde los tres insistieron en que su representado no sabía del sistema de facturas falsas en el factoring. El tribunal decretó el arresto domiciliario nocturno para Topelberg y prisión preventiva para los hermanos Sauer.
En medio de la determinación, además, el fiscal nacional dispuso que el persecutor que estaba a cargo de ambas indagaciones, Eduardo Ríos, también se traslade hasta la región de Antofagasta y se sume transitoriamente al equipo que encabeza Juan Castro Bekios.
La investigación se entrelaza con la grabación de la polémica reunión en que el abogado Luis Hermosilla habla de supuestos pagos en el SII y la CMF. El registro fue una pieza importante dentro del caso, pues sirvió para obtener más información sobre el mecanismo que le permitió al factoring emitir 195 facturas a favor del fondo por cerca de $5 mil millones, y que resultaron ser ideológicamente falsas.
Daniel Jadue será formalizado el 29 de mayo por los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
El 20 de febrero, la Unidad de Análisis Financiero envió un reservado informe al Ministerio Público sobre "el perfil socioeconómico del abogado", a raíz de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por distintos bancos. Allí se detalla que el penalista participa de seis sociedades y que la mayoría de sus ingresos provino por los servicios prestados a Factop, aunque advirtió sobre 20 depósitos en efectivo que, entre enero del 2020 y octubre del 2023, recibió el penalista por más de $114 millones.
Se trata de una investigación que arrancó en el año 2018 y por la que el exmandatario ya asumió que sería juzgado.
A lo largo de la investigación el Ministerio Público ha recabado todo tipo de antecedentes respecto al caso, entre ellos los viajes al extranjero de los imputados y cómo intentaban saldar las deudas con sus clientes a través del ofrecimiento de terrenos "tomados". Este martes 9, la Fiscalía Oriente continuó entregando detalles al tribunal para lograr la prisión preventiva a los ejecutivos.
