Las propuestas, entregadas a Ministerio de Economía, apuntan a facilitar la entrada de nuevos operadores al mercado, generar un nuevo marco regulatoria equitativo para todo tipo de hospedaje, y reconocer a plataformas digitales y alojamientos no tradicionales dentro del marco jurídico.
La entidad reguladora entregó una serie de recomendaciones al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha implementar en las bases de licitiación, de forma en que promuevan la participación de oferentes y la competencia por el factor precio.
La FNE dijo que se demuestra de forma clara que Hurtado Vicuña participó de forma simultánea en cargos altos dentro de Consorcio y LarrainVial y solicitó al TDLC aplicar multas totales por 5.080 Unidades Tributarias Anuales (UTA, equivalentes a poco más de US$ 4 millones) para los tres.
La recomendación al TDLC señala que las bases contemplan elementos que sí restringirían injustificadamente el proceso licitatorio de estos almacenes en el aeropuerto de Santiago.
TPS aseguró que no sólo estas fueron aprobadas por la Empresa Portuaria Valparaíso, sino que también la misma FNE habría archivado la investigación de estas en 2019 confirmando su regularidad.
La entidad acusó que los terminales realizan cobros injustificados a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga, y solicitó al TDLC ordenar el cese de esta práctica.la STI, por su parte, señaló que la Empresa Portuaria San Antonio validó la tarifa puesto que no supera la tarifa máxima establecida en su contrato de concesión.
De US$1.200 millones era la valorización que al interior de la compañía manejaban, precio que surgió de un análisis solicitado a un banco de inversión años atrás. Sin embargo, los valores ofrecidos por la red de adquirencia en este proceso encabezado por JP Morgan, llegaron a US$500 millones. Una diferencia que sería fruto de la incertidumbre regulatoria.
CCU asumió una serie de obligaciones con el fin de eliminar restricciones a la venta y exhibición de cerveza de sus competidores en establecimientos comerciales, y además deberá pagar cerca de US$2.4 millones en beneficio fiscal.
Tras un recurso de reposición interpuesto por la FNE, el TDLC reconsideró su decisión y decidió aprobar el acuerdo extrajudicial.
Tianqi entró a SQM en 2018, cuando la Fiscalía Nacional Económica le impuso restricciones para participar en la empresa chilena, las que terminan en octubre. Sin embargo, SQM pidió reservadamente a la FNE extenderlas, tal como lo hizo hace seis años. “Nos parecería no sólo sorprendente sino absolutamente injustificado el que se impusieran nuevas restricciones a nuestra empresa o se extendieran las existentes”, dice Tianqi. Esta semana, el CEO de Tianqi, vino nuevamente a Chile.
A fines de enero, la FNE había suscrito un acuerdo extrajudicial con las empresas JJD Comunicaciones y Máx Fácil, que habían reconocido que operaron un cartel por poco más de tres años para salvar sus negocios. Pero la corte lo rechazó.
La adquisición de la compañía controlada por los hermanos Fernando y Pedro Ovalle Vial había sido presentada el pasado 17 de noviembre ante el ente antimonopolios para su aprobación.
Los bancos accionistas deben decidir si se mantendrán en la compañía o saldrán completamente de la propiedad. En una u otra dirección, ello tendrá un efecto en el precio.
Al menos tres empresas importadoras de carbón coque fueron oficiadas por la Fiscalía Nacional Económica en el marco de una investigación por presunta colusión. Las empresas requeridas son Industrias Profal, Carbominsa y Agrominera. La agencia antimonopolios ha pedido información de los últimos diez años.
El extimonel de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Felipe Irarrázabal, hoy director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, detalla las anécdotas que debió pasar junto a su equipo para conseguir pruebas para acusar de colusión a los tres grandes productores avícolas del país, en 2010. Entre otras cosas, hizo salir a la calle a sus investigadores a buscar un caso de colusión y allanó oficinas de una empresa y la asociación gremial para buscar evidencias. "Me encerré en la sala de evidencia de la FNE unas dos semanas para revisar personalmente las cadenas de los emails que daban cuenta del cartel”, escribió en una columna que resume el caso.
