"Cuando supo de los convenios no dimensionó los efectos políticos que esto iba a provocar”, señaló el jurista Gonzalo Medina.
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El ministro señaló que la forma más rápida para poder realizar esta regulación era a través de esta ley que si bien, puede normar durante un año, servirá de base para una legislación más permanente.
Edson Dettoni declaró el 11 de agosto ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos, WhatsApp-, en que reveló que la diputada sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade. Asimismo, apunta a que antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, de la información disponible hasta entonces. Sin embargo, desde La Moneda descartaron que este encuentro se haya producido.
En la que calificó como una de sus “entrevistas más personales”, la ministra vocera de gobierno se refirió a las repercusiones que generaron en el Ejecutivo los líos de platas políticas. Además, explicó cómo ha afrontado su exposición pública desde que asumió como dirigenta estudiantil en 2011, asegurando que el feminismo la "ayudó mucho" a desprenderse "de las culpas".
Autoridad regional también entregaría testimonio en otras causas donde el Ministerio Público indaga traspasos de dineros entre el Estado y fundaciones. En esas otras indagatorias se mantiene como testigo y también como querellante.
“Se ha levantado un manto de dudadas respecto a cómo todos los gobiernos regionales habrían creado una supuesta forma de usar recursos del fisco para beneficiar a algunas fundaciones y también se ha cometido un daño público a muchas fundaciones", señaló Ricardo Díaz Cortés.
La PDI vincula a la legisladora con un posible tráfico de influencias.
La defensa de Polizzi solicitó que se fijara un plazo de investigación desformalizada, el que se determinó en un año.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
"Incurre en la complejidad de querer hacer aplicables reglas que están destinadas a normar el actuar de los organismos del Estado a este tipo de instituciones privadas”, plantea el máximo tribunal.
En menos de dos años, el creador de Democracia Viva pasó por tres empleos públicos: Pedro Aguirre Cerda, el MOP y Defensa. Por medio de documentos obtenidos por Ley de Transparencia, La Tercera pudo comprobar que Andrade habría mentido sobre una supuesta asesoría prestada a la diputada Catalina Pérez, su expareja; que no cumplía con los requisitos formales para uno de los cargos y que consiguió beneficios a los que sólo unos pocos funcionarios pueden optar, pese a su corto recorrido profesional.
Según se ha podido establecer hasta el momento, el Ministerio Público pesquisa los traspasos que realizó la gobernación a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, a la Fundación Coneta Tea y Fundación Valcar.
Para los abogados especialistas en la materia, si bien aún quedan posibilidades administrativas, una de las maneras es devolver los recursos luego de un juicio civil que podría tardar años. Sin embargo, si las organizaciones no cuentan con un patrimonio, aquello abre una nueva arista.
"No queremos que la corrupción se nos cole dentro del estado, porque ese es un virus muy difícil de exterminar y vamos a ser firmes y categóricos contra ella", apuntó el Presidente.
