La PDI vincula a la legisladora con un posible tráfico de influencias.
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La defensa de Polizzi solicitó que se fijara un plazo de investigación desformalizada, el que se determinó en un año.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
"Incurre en la complejidad de querer hacer aplicables reglas que están destinadas a normar el actuar de los organismos del Estado a este tipo de instituciones privadas”, plantea el máximo tribunal.
En menos de dos años, el creador de Democracia Viva pasó por tres empleos públicos: Pedro Aguirre Cerda, el MOP y Defensa. Por medio de documentos obtenidos por Ley de Transparencia, La Tercera pudo comprobar que Andrade habría mentido sobre una supuesta asesoría prestada a la diputada Catalina Pérez, su expareja; que no cumplía con los requisitos formales para uno de los cargos y que consiguió beneficios a los que sólo unos pocos funcionarios pueden optar, pese a su corto recorrido profesional.
Según se ha podido establecer hasta el momento, el Ministerio Público pesquisa los traspasos que realizó la gobernación a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, a la Fundación Coneta Tea y Fundación Valcar.
Para los abogados especialistas en la materia, si bien aún quedan posibilidades administrativas, una de las maneras es devolver los recursos luego de un juicio civil que podría tardar años. Sin embargo, si las organizaciones no cuentan con un patrimonio, aquello abre una nueva arista.
"No queremos que la corrupción se nos cole dentro del estado, porque ese es un virus muy difícil de exterminar y vamos a ser firmes y categóricos contra ella", apuntó el Presidente.
Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.
"Es el momento en que el ministro dé un paso al costado”, dijo Eric Aedo (DC). Lo mismo planteó Yovana Ahumada (legisladora independiente), mientras que José Miguel Castro (RN), quien preside la comisión investigadora por los convenios con ciertas fundaciones, dijo que “es un nuevo terremoto para el Minvu". En la Cámara, además, existe malestar de que el ministro haya pedido una sesión secreta para aportar antecedentes.
En el documento, donde se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda Carlos Contreras y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control del ente fiscalizador. Además, Jorge Bermúdez señaló que pronto se podría presentar otro informe de auditoría, correspondiente a fundaciones de Puerto Montt.
El organismo evacuó el informe final de la auditoria que hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda por las millonarias transferencias a la ONG representada por el ex RD Daniel Andrade. En 91 páginas se detectan una serie de irregularidades -ya enviadas a la Fiscalía-, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la repartición de gobierno, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Ministerio de Vivienda. Se dio un plazo de 30 días para subsanar las observaciones.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso una acción en sede civil en contra de la ONG representada por el exmilitante RD, Daniel Andrade. "No dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumióen cada convenio", se lee en el escrito.
“En el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso el camino para materializar estas propuestas y esperamos contar con apoyos transversales”, expresó el Mandatario.
