Fundación acusó "ilegalidad y arbitrariedad" en la resolución de la repartición estatal en la que se dispuso el término al convenio y se ordenaba la restitución de los dineros y la liquidación del contrato.
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El jefe de asesores no asistió este lunes a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los cuestionados traspasos de dinero entre el Estado y fundaciones. Pese a que los parlamentarios lo volverán a convocar, el diseño del gobierno es evitar que el exdiputado salga al frente, porque acercaría mucho el conflicto al Presidente y para eso ya desarrollaron una excusa legal, en la que colaboró el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Pese a que desde la asociación se ha valorado la implementación de nuevos mecanismos que busquen velar por la correcta utilización de los recursos públicos, la medida instalada por el Ejecutivo daría cuenta de un “nulo conocimiento” del gobierno central hacia el rol que cumplirían los gores dentro de las regiones y comunidades.
La diputada Mercedes Bulnes pidió un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento, acusando que no se ajustaba a derecho. La instancia rechazó envío de preguntas al expresidente Sebastián Piñera.
A su llegada a La Moneda, el Presidente mantuvo un diálogo con uno de los ciudadanos apostados fuera de la sede de gobierno, quien le reprochó por los casos de corrupción en el Estado. Eso motivó la respuesta del jefe de Estado.
En cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric anunció el proyecto para el erario fiscal del próximo año, iniciativa que está cruzada por los líos de plata que sacudieron al oficialismo.
Este jueves se conoció la declaración ante la fiscalía del secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, quien mencionó que su partido acordó informarle a Carlos Durán del caso Democracia Viva, lo que se habría hecho el 15 o 16 de junio, cuando estalló la polémica. Sus afirmaciones volvieron a instalar las dudas sobre cuándo se enteró La Moneda del asunto debido a que el Ejecutivo indicó que conocieron el tema el día 16 de junio, lo que provocó que Chile Vamos y el Partido Republicano activaran nuevas gestiones fiscalizadoras.
A través de una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pidió conocer las cuentas cuatro cuentas bancarias de la diputada RD. También solicitó lo mismo respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Los diputados de oposición argumentaron que “no resulta comprensible que tras al menos tres meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, este CDE no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes".
"Cuando supo de los convenios no dimensionó los efectos políticos que esto iba a provocar”, señaló el jurista Gonzalo Medina.
El ministro señaló que la forma más rápida para poder realizar esta regulación era a través de esta ley que si bien, puede normar durante un año, servirá de base para una legislación más permanente.
Edson Dettoni declaró el 11 de agosto ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos, WhatsApp-, en que reveló que la diputada sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade. Asimismo, apunta a que antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, de la información disponible hasta entonces. Sin embargo, desde La Moneda descartaron que este encuentro se haya producido.
En la que calificó como una de sus “entrevistas más personales”, la ministra vocera de gobierno se refirió a las repercusiones que generaron en el Ejecutivo los líos de platas políticas. Además, explicó cómo ha afrontado su exposición pública desde que asumió como dirigenta estudiantil en 2011, asegurando que el feminismo la "ayudó mucho" a desprenderse "de las culpas".
Autoridad regional también entregaría testimonio en otras causas donde el Ministerio Público indaga traspasos de dineros entre el Estado y fundaciones. En esas otras indagatorias se mantiene como testigo y también como querellante.
“Se ha levantado un manto de dudadas respecto a cómo todos los gobiernos regionales habrían creado una supuesta forma de usar recursos del fisco para beneficiar a algunas fundaciones y también se ha cometido un daño público a muchas fundaciones", señaló Ricardo Díaz Cortés.
