En el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado, el jefe de asesores del Segundo Piso también optó por fichar al abogado Luis Hermosilla.
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“Desde el día que se inició esta causa, a partir de la ampliación de la querella presentada por los políticos republicanos en su contra, nos pusimos a disposición del Ministerio Público y manifestamos nuestra voluntad de declarar cuando lo estime pertinente el fiscal de la causa”, afirmó Miguel Schürmann.
Ante la eventualidad de que se cite a declarar a la directora de Presupuestos, desde las bancadas del bloque opositor solicitaron "removerla de su cargo o al menos de eximirla de la discusión presupuestaria”. Hasta ahora el sector había evitado condicionar la tramitación del proyecto de erario fiscal a su salida.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El ministro de Vivienda detalló que se ejecutaron acciones frente a observaciones como la falta de exigencia de los planes de trabajo y las personas contratadas por fundaciones que se desempeñaban en dependencias del Serviu o de la Seremi Minvu de Antofagasta.
Fundación acusó "ilegalidad y arbitrariedad" en la resolución de la repartición estatal en la que se dispuso el término al convenio y se ordenaba la restitución de los dineros y la liquidación del contrato.
El jefe de asesores no asistió este lunes a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los cuestionados traspasos de dinero entre el Estado y fundaciones. Pese a que los parlamentarios lo volverán a convocar, el diseño del gobierno es evitar que el exdiputado salga al frente, porque acercaría mucho el conflicto al Presidente y para eso ya desarrollaron una excusa legal, en la que colaboró el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Pese a que desde la asociación se ha valorado la implementación de nuevos mecanismos que busquen velar por la correcta utilización de los recursos públicos, la medida instalada por el Ejecutivo daría cuenta de un “nulo conocimiento” del gobierno central hacia el rol que cumplirían los gores dentro de las regiones y comunidades.
La diputada Mercedes Bulnes pidió un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento, acusando que no se ajustaba a derecho. La instancia rechazó envío de preguntas al expresidente Sebastián Piñera.
A su llegada a La Moneda, el Presidente mantuvo un diálogo con uno de los ciudadanos apostados fuera de la sede de gobierno, quien le reprochó por los casos de corrupción en el Estado. Eso motivó la respuesta del jefe de Estado.
En cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric anunció el proyecto para el erario fiscal del próximo año, iniciativa que está cruzada por los líos de plata que sacudieron al oficialismo.
Este jueves se conoció la declaración ante la fiscalía del secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, quien mencionó que su partido acordó informarle a Carlos Durán del caso Democracia Viva, lo que se habría hecho el 15 o 16 de junio, cuando estalló la polémica. Sus afirmaciones volvieron a instalar las dudas sobre cuándo se enteró La Moneda del asunto debido a que el Ejecutivo indicó que conocieron el tema el día 16 de junio, lo que provocó que Chile Vamos y el Partido Republicano activaran nuevas gestiones fiscalizadoras.
A través de una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pidió conocer las cuentas cuatro cuentas bancarias de la diputada RD. También solicitó lo mismo respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Los diputados de oposición argumentaron que “no resulta comprensible que tras al menos tres meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, este CDE no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes".
