Bermúdez indicó que la Dirección de Presupuestos fijó parámetros "muy generales" para la regulación de transferencias en gobiernos regionales. "Lo que puede ocurrir es que esta regulación regional que se supone que atiende a las asignaciones directas, puede quedar laxa o no, dependiendo de cual sea el criterio que tenga el gobierno regional, dado que el parámetro que fija la resolución 497 es muy amplia”, expuso.
El Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ultima los detalles de la resolución con que se pedirá al CDE la disolución de al menos ocho fundaciones. Esto, dado que constataron que, al igual que Democracia Viva, incurrieron en graves faltas a los estatutos.
Los ministros Luis Cordero y Carolina Tohá apuntaron que al jefe de asesores del Segundo Piso no le correspondía comparecer ante las citaciones del Congreso debido a la naturaleza de sus funciones. "Quienes se encuentran en el gabinete presidencial están sujetos a ciertas obligaciones de reserva por la forma y modo en que su gabinete funciona", planteó el titular de Justicia.
La diligencia fue encabezada por el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad César Schibar.
La ofensiva se suma al oficio enviado ayer por la comisión que investiga irregularidades en el traspaso de recursos fiscales, que solicita al ente contralor que determine si Crispi entra o no en la categoría de funcionario público y que, por tanto, corresponda que concurra a las citaciones del Congreso. La tesis de los diputados UDI es que si el gobierno defiende que el jefe de asesores no es empleado fiscal, no corresponde que se utilicen dineros públicos para contratar a Luis Hermosilla, quien asumió la representación legal de Crispi en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía de Antofagasta.
La comisión que investiga el financiamiento irregular de fundaciones aprobó oficiar a Contraloría para zanjar si el jefe de asesores presidenciales tiene las obligaciones de un funcionario público y pide iniciar un proceso sancionatorio en su contra. El escrito se aprobó con votos oficialistas. Incluso, una de las diputadas que votó en contra, Mercedes Bulnes (independiente Frente Amplio), igualmente consideró la ausencia de Crispi como "imprudente".
La instancia aprobó enviar un oficio a Contraloría para zanjar si Crispi entra o no en la categoría de funcionario público -y en consecuencia pueda ser llamado de manera formal a la comisión- y también para que analice posibles sanciones en contra del jefe de asesores del Segundo Piso. La acción se aprobó con votos de parlamentarios oficialistas.
La presidenta de Evópoli y consejera constitucional señaló que si bien la ofensiva contra la directora de la Dipres estaba a cargo de los diputados de Chile Vamos, su permanencia en el cargo "puede generar una alteración en la tramitación presupuestaria".
El ministro de Justicia dijo que “no corresponde utilizar las herramientas del derecho para fines políticos" y calificó la arremetida del bloque opositor -que pidió al Presidente Gabriel Boric remover a Martínez- como apresurada y exagerada.
En el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado, el jefe de asesores del Segundo Piso también optó por fichar al abogado Luis Hermosilla.
“Desde el día que se inició esta causa, a partir de la ampliación de la querella presentada por los políticos republicanos en su contra, nos pusimos a disposición del Ministerio Público y manifestamos nuestra voluntad de declarar cuando lo estime pertinente el fiscal de la causa”, afirmó Miguel Schürmann.
Ante la eventualidad de que se cite a declarar a la directora de Presupuestos, desde las bancadas del bloque opositor solicitaron "removerla de su cargo o al menos de eximirla de la discusión presupuestaria”. Hasta ahora el sector había evitado condicionar la tramitación del proyecto de erario fiscal a su salida.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El ministro de Vivienda detalló que se ejecutaron acciones frente a observaciones como la falta de exigencia de los planes de trabajo y las personas contratadas por fundaciones que se desempeñaban en dependencias del Serviu o de la Seremi Minvu de Antofagasta.
