"Algunas personas que me parece que no han sido leales un poco a la Presidencia, en el sentido de poner más el punto político, más que llegar al fondo de la verdad", criticó el timonel RD, haciendo referencia a diputados como Soto o Ilabaca, quienes criticaron duramente a Crispi tras su negativa inicial de asistir a la comisión que investiga irregularidades en los traspasos a fundaciones.
En Chile Vamos afirman que si el jefe de asesores del Segundo Piso asiste a la instancia, el contralor no se pronunciará, lo que repercutirá en la estrategia opositora. Por lo mismo, algunos emplazaron al jefe del organismo fiscalizador para que, de todas formas, fije postura con un dictamen.
Una persona desconocida logró entrar hasta el piso 12 del edificio ubicado en Teatinos 120 para sustraer seis notebooks. OS-9 de Carabineros quedó a cargo de las pesquisas. El ministro (s) Monsalve lo catalogó de "robo común" y pidió esclarecer el hecho.
Tras las declaraciones del contralor Bermúdez, el ministro de Justicia reparó en los riesgos que -a juicio del gobierno- tiene que los funcionarios de Presidencia asistan a prestar declaración a las comisiones investigadoras. Para Chile Vamos y republicanos, las palabras del ministro "resultan inadmisibles y demandan por parte de esta Cámara un pronunciamiento corporativo", dice la misiva cuyo destinatario es el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes.
Además, el ministro de Justicia llamó a desdramatizar la interpretación que pueda hacer el organismo que dirige Jorge Bermúdez. "El contralor ha señalado que se va a requerir un informe y todos nos tendremos que sujetar a los criterios que dicte el contralor", enfatizó.
La ministra además se refirió al oficio de Contraloría señalando que "como Gobierno siempre hemos estado y estaremos disponibles a responder todos los requerimientos de la Contraloría o las consultas".
Bermúdez indicó que la Dirección de Presupuestos fijó parámetros "muy generales" para la regulación de transferencias en gobiernos regionales. "Lo que puede ocurrir es que esta regulación regional que se supone que atiende a las asignaciones directas, puede quedar laxa o no, dependiendo de cual sea el criterio que tenga el gobierno regional, dado que el parámetro que fija la resolución 497 es muy amplia”, expuso.
El Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ultima los detalles de la resolución con que se pedirá al CDE la disolución de al menos ocho fundaciones. Esto, dado que constataron que, al igual que Democracia Viva, incurrieron en graves faltas a los estatutos.
Los ministros Luis Cordero y Carolina Tohá apuntaron que al jefe de asesores del Segundo Piso no le correspondía comparecer ante las citaciones del Congreso debido a la naturaleza de sus funciones. "Quienes se encuentran en el gabinete presidencial están sujetos a ciertas obligaciones de reserva por la forma y modo en que su gabinete funciona", planteó el titular de Justicia.
La diligencia fue encabezada por el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad César Schibar.
La ofensiva se suma al oficio enviado ayer por la comisión que investiga irregularidades en el traspaso de recursos fiscales, que solicita al ente contralor que determine si Crispi entra o no en la categoría de funcionario público y que, por tanto, corresponda que concurra a las citaciones del Congreso. La tesis de los diputados UDI es que si el gobierno defiende que el jefe de asesores no es empleado fiscal, no corresponde que se utilicen dineros públicos para contratar a Luis Hermosilla, quien asumió la representación legal de Crispi en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía de Antofagasta.
La comisión que investiga el financiamiento irregular de fundaciones aprobó oficiar a Contraloría para zanjar si el jefe de asesores presidenciales tiene las obligaciones de un funcionario público y pide iniciar un proceso sancionatorio en su contra. El escrito se aprobó con votos oficialistas. Incluso, una de las diputadas que votó en contra, Mercedes Bulnes (independiente Frente Amplio), igualmente consideró la ausencia de Crispi como "imprudente".
La instancia aprobó enviar un oficio a Contraloría para zanjar si Crispi entra o no en la categoría de funcionario público -y en consecuencia pueda ser llamado de manera formal a la comisión- y también para que analice posibles sanciones en contra del jefe de asesores del Segundo Piso. La acción se aprobó con votos de parlamentarios oficialistas.
La presidenta de Evópoli y consejera constitucional señaló que si bien la ofensiva contra la directora de la Dipres estaba a cargo de los diputados de Chile Vamos, su permanencia en el cargo "puede generar una alteración en la tramitación presupuestaria".
El ministro de Justicia dijo que “no corresponde utilizar las herramientas del derecho para fines políticos" y calificó la arremetida del bloque opositor -que pidió al Presidente Gabriel Boric remover a Martínez- como apresurada y exagerada.
