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Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.

"Es el momento en que el ministro dé un paso al costado”, dijo Eric Aedo (DC). Lo mismo planteó Yovana Ahumada (legisladora independiente), mientras que José Miguel Castro (RN), quien preside la comisión investigadora por los convenios con ciertas fundaciones, dijo que “es un nuevo terremoto para el Minvu". En la Cámara, además, existe malestar de que el ministro haya pedido una sesión secreta para aportar antecedentes.

En el documento, donde se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda Carlos Contreras y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control del ente fiscalizador. Además, Jorge Bermúdez señaló que pronto se podría presentar otro informe de auditoría, correspondiente a fundaciones de Puerto Montt.

El organismo evacuó el informe final de la auditoria que hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda por las millonarias transferencias a la ONG representada por el ex RD Daniel Andrade. En 91 páginas se detectan una serie de irregularidades -ya enviadas a la Fiscalía-, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la repartición de gobierno, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Ministerio de Vivienda. Se dio un plazo de 30 días para subsanar las observaciones.

El Consejo de Defensa del Estado interpuso una acción en sede civil en contra de la ONG representada por el exmilitante RD, Daniel Andrade. "No dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumióen cada convenio", se lee en el escrito.

“En el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso el camino para materializar estas propuestas y esperamos contar con apoyos transversales”, expresó el Mandatario.

El organismo encargado de resguardar los fondos fiscales, presentará la judicial durante los próximos días ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, luego de analizar nuevos documentos que se solicitaron al ente persecutor.

El pasado 14 de julio el Serviu de la Región de O'Higgins requirió a la fundación Arquiduc, vinculada a un exmilitante de Renovación Nacional, devolver los $121 millones que se le entregaron en 2021 para ejecutar dos convenios en campamentos de la zona. Pese a que es parte del 22% de convenios cuestionados que fueron firmados durante el gobierno anterior, se trata de la segunda solicitud de restitución de fondos en todo el país, después de Democracia Viva.

Entre los cambios propuestos se disminuye umbral de 7.000 UTM a 3.000 UTM de los recursos que deben ser visados por los consejeros regionales. Eso en caso que sea asignación a entidades públicas. En transferencias a privados todo debe ser analizado por los consejeros regionales. Además se mejorará la redacción de causales de infracción grave a normas de administración financiera en cuanto a destitución y se controlará la participación del gobiernos regionales en entidades privadas. Los diputados plantearon dudas sobre el endeudamiento.

Según el Estudio de Reputación Corporativa realizado por Ipsos e INC Consultores, dichas instituciones y las ONG perdieron 21 puntos porcentuales en su buena reputación pública, la que bajó de 46% en 2022 a 25% este año, liderando el deterioro entre las instituciones medidas. En el otro extremo, Carabineros es la organización que más mejoró su valoración entre la gente.

“Espero que todo se vaya esclareciendo y si hay que dar cara en algo yo estoy dispuesto obviamente a dar la cara”, sostuvo.

No sólo Democracia Viva es la entidad con la que la cartera liderada por Carlos Montes libra una batalla para recuperar dineros, sino que a través de otras dos seremis también se han pedido devoluciones a EnRed y Arquiduc. Como constataron profesionales del servicio, ambas ONG incumplieron disposiciones fijadas en los respectivos contratos, no hicieron las rendiciones que correspondían ni cumplieron con las etapas estipuladas.

Según reconocieron los dirigentes opositores, los énfasis de la cita estuvieron en seguridad, agenda de probidad, pensiones y pacto fiscal. "Les pedimos que no pueden pensarse puentes de diálogo si el gobierno con sus declaraciones los dinamita", llamó el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, aludiendo al episodio Onofre Jarpa.

RD quedó relegado a una de las carteras menos incidentes del gobierno, mientras el PC adquirió mayor participación. La mala gestión volvió a ser determinante en la salida de tres ministros. No obstante, Carlos Montes fue el gran sobreviviente y el comité político se mantuvo inalterable.

Tras este nuevo movimiento de piezas, el partido más damnificado fue RD, que perdió dos ministerios estratégicos (Educación y Desarrollo Social) y se tuvo que conformar Bienes Nacionales, una cartera sectorial y de tercera línea política. El timonel de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, reconoció que hubo una “merma” respecto a la posición que tenían previamente en el equipo ministerial.