El organismo encargado de resguardar los fondos fiscales, presentará la judicial durante los próximos días ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, luego de analizar nuevos documentos que se solicitaron al ente persecutor.
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El pasado 14 de julio el Serviu de la Región de O'Higgins requirió a la fundación Arquiduc, vinculada a un exmilitante de Renovación Nacional, devolver los $121 millones que se le entregaron en 2021 para ejecutar dos convenios en campamentos de la zona. Pese a que es parte del 22% de convenios cuestionados que fueron firmados durante el gobierno anterior, se trata de la segunda solicitud de restitución de fondos en todo el país, después de Democracia Viva.
Entre los cambios propuestos se disminuye umbral de 7.000 UTM a 3.000 UTM de los recursos que deben ser visados por los consejeros regionales. Eso en caso que sea asignación a entidades públicas. En transferencias a privados todo debe ser analizado por los consejeros regionales. Además se mejorará la redacción de causales de infracción grave a normas de administración financiera en cuanto a destitución y se controlará la participación del gobiernos regionales en entidades privadas. Los diputados plantearon dudas sobre el endeudamiento.
Según el Estudio de Reputación Corporativa realizado por Ipsos e INC Consultores, dichas instituciones y las ONG perdieron 21 puntos porcentuales en su buena reputación pública, la que bajó de 46% en 2022 a 25% este año, liderando el deterioro entre las instituciones medidas. En el otro extremo, Carabineros es la organización que más mejoró su valoración entre la gente.
“Espero que todo se vaya esclareciendo y si hay que dar cara en algo yo estoy dispuesto obviamente a dar la cara”, sostuvo.
No sólo Democracia Viva es la entidad con la que la cartera liderada por Carlos Montes libra una batalla para recuperar dineros, sino que a través de otras dos seremis también se han pedido devoluciones a EnRed y Arquiduc. Como constataron profesionales del servicio, ambas ONG incumplieron disposiciones fijadas en los respectivos contratos, no hicieron las rendiciones que correspondían ni cumplieron con las etapas estipuladas.
Según reconocieron los dirigentes opositores, los énfasis de la cita estuvieron en seguridad, agenda de probidad, pensiones y pacto fiscal. "Les pedimos que no pueden pensarse puentes de diálogo si el gobierno con sus declaraciones los dinamita", llamó el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, aludiendo al episodio Onofre Jarpa.
RD quedó relegado a una de las carteras menos incidentes del gobierno, mientras el PC adquirió mayor participación. La mala gestión volvió a ser determinante en la salida de tres ministros. No obstante, Carlos Montes fue el gran sobreviviente y el comité político se mantuvo inalterable.
Tras este nuevo movimiento de piezas, el partido más damnificado fue RD, que perdió dos ministerios estratégicos (Educación y Desarrollo Social) y se tuvo que conformar Bienes Nacionales, una cartera sectorial y de tercera línea política. El timonel de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, reconoció que hubo una “merma” respecto a la posición que tenían previamente en el equipo ministerial.
Luego del cambio de gabinete que culminó con la llegada de cuatro ministros, el Presidente llamó a su coalición y a Chile Vamos "a retomar el diálogo político para destrabar en conjunto el pacto fiscal, reforzar la agenda de seguridad y también mejorar los estándares de probidad".
El nuevo diseño ministerial sería presentado por La Moneda el mediodía de este miércoles, según pudo confirmar La Tercera. Hasta ahora, los cambios se producirían en Cultura, Educación, Bienes Nacionales y Desarrollo Social.
Una serie de cuestionamientos se han levantado por los convenios celebrados entre la fundación y varias instituciones estatales debido a la diversidad de los rubros por los cuales ha recibido millonarias transferencias, lo que le ha valido ser la ONG investigada en más regiones -cinco hasta ahora- por el Ministerio Público.
El Presidente prepara su tercer cambio de equipos con el objetivo de reimpulsar la gestión del gobierno, que está golpeado por el lío de platas que se desató por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. El anuncio, si todo sigue como está previsto, será este miércoles.
Durante las últimas semanas, distintas fundaciones colaboradoras del ex Sename han puesto término a sus convenios por problemas de sobrepoblación, falta de atención especializada y derivaciones de adolescentes infractores de la ley. Si bien Gabriela Muñoz señala que esto último está mandatado por Tribunales de Familia, asegura que han comenzado a coordinarse con nuevas organizaciones, además de capacitar al personal para evitar la reiteración de vulneraciones.
La bancada de diputados de RN envió un requerimiento a Contraloría para fiscalizar el rol de Daniella Caldana, auditora general de gobierno, por su presunta responsabilidad en la instrucción de no informar detalles sobre traspasos a terceros, decisión que ha sido cuestionada a la luz de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en que se indagan eventuales delitos de corrupción.
