El anuncio fue entregado por tres ministros de Estado: Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia) y Mario Marcel (Hacienda), además de otras autoridades de La Moneda. Entre las medidas, destaca la entrada en vigencia de un nuevo instructivo para regular transferencias del Estado hacia terceros.
En medio de una actividad, el titular del Minvu aseguró que el ministerio está llevando adelante acciones para esclarecer el lío de platas, además lamentó que el caso “ha provocado mucho daño, porque provoca mucha desconfianza en todo, en las instituciones y más todavía con la plata de los campamentos”.
El jueves el Mandatario intervino con un megáfono en una manifestación instalada en las afueras del Palacio Presidencial, donde un grupo de vecinos pedía soluciones en materia habitacional. Esta jornada el mismo Presidente defendió su actuar.
“Hay un aspecto que es bien clave y tiene que ver con la afectación de la confianza”, señaló el ministro de Justicia en una entrevista radial, respecto a los polémicos convenios entre reparticiones públicas y fundaciones.
Los consejeros regionales señalan que de haber hechos constitutivos de delito identificados por la investigación de Fiscalía procederán según determina la ley. Sin embargo, en el caso de Rodrigo Díaz, algunos esperan que antes dé un paso al costado por su "responsabilidad política y administrativa" en los líos de plata.
Actualmente el organismo de control realiza múltiples investigaciones, las que abrió de oficio y dividió en cuatro grandes áreas, que abarcan todo el país: el Programa de Asentamientos Precarios, gobiernos regionales, el Ministerio de las Culturas y lo relativo a la Seremi Minvu de Antofagasta. En este último caso, el gobierno pidió prórroga para hacer sus descargos.
Dada lo amplio del tema y lo complejas que son las materias presupuestarias, quedaron en realizar nuevos encuentros para seguir aclarando dudas en relación al presupuesto de los gobiernos regionales, pero también lo que ha pasado con los recursos de los seremis.
El Ministerio Público realizó diversas diligencias a raíz de presuntas irregularidades en convenios suscritos con las fundaciones EnRed, Enlace Urbano, En Ti y con Corporación Kimün. En paralelo, Democracia Viva ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta a fin de que se realice nuevamente el proceso mediante el cual se les ordenó restituir $ 391.768.516.
Fundación acusó "ilegalidad y arbitrariedad del acto que pone término unilateral" a contratos con la repartición estatal.
En el marco de la misma indagación, además, el fiscal a cargo obtuvo orden de entrada y registro para revisar las dependencias regionales del Ministerio de Vivienda y del Serviu.
“Acá nosotros no vamos a defender lo que ayer criticamos. Hay que tener en estas cosas un solo estándar”, dijo el Presidente, asegurando que el "mandato" que dio a sus colaboradores es que todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen y no sigan ocurriendo”.
El jefe de Estado cuestionó que si bien las acusaciones constitucionales son atribuciones legítimas de los parlamentarios, estas "tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha".
"Es muy relevante que se indague a todos quienes habrían participado o tengan vinculación con esos hechos”, señaló el diputado Cristián Araya.
Fue a través de un comunicado que el Colegio Padre Hurtado y Juanita de Los Andes anunció la cancelación de la participación de un seminario de salud mental del psiquiatra Alberto Larraín, quien, además, es el director ejecutivo de ProCultura. Según señaló el centro educativo, la suspensión se debe a que la organización que este dirige está vinculada al caso lío de platas, precisamente por millonarios contratos con varias reparticiones estatales por diversas funciones.
En concreto, la instancia encabezada por María Inés Horvitz se pronunciará sobre la interposición de cinco querellas. Esto, luego de que el pasado 11 de julio un equipo especializado del organismo comenzara a levantar antecedentes respecto de indagaciones iniciadas en nueve regiones del país. El análisis realizado, como dijo el presidente del CDE, Raúl Letelier, responde a inquietudes planteadas por la ciudadanía.
