Luego del cambio de gabinete que culminó con la llegada de cuatro ministros, el Presidente llamó a su coalición y a Chile Vamos "a retomar el diálogo político para destrabar en conjunto el pacto fiscal, reforzar la agenda de seguridad y también mejorar los estándares de probidad".
El nuevo diseño ministerial sería presentado por La Moneda el mediodía de este miércoles, según pudo confirmar La Tercera. Hasta ahora, los cambios se producirían en Cultura, Educación, Bienes Nacionales y Desarrollo Social.
Una serie de cuestionamientos se han levantado por los convenios celebrados entre la fundación y varias instituciones estatales debido a la diversidad de los rubros por los cuales ha recibido millonarias transferencias, lo que le ha valido ser la ONG investigada en más regiones -cinco hasta ahora- por el Ministerio Público.
El Presidente prepara su tercer cambio de equipos con el objetivo de reimpulsar la gestión del gobierno, que está golpeado por el lío de platas que se desató por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. El anuncio, si todo sigue como está previsto, será este miércoles.
Durante las últimas semanas, distintas fundaciones colaboradoras del ex Sename han puesto término a sus convenios por problemas de sobrepoblación, falta de atención especializada y derivaciones de adolescentes infractores de la ley. Si bien Gabriela Muñoz señala que esto último está mandatado por Tribunales de Familia, asegura que han comenzado a coordinarse con nuevas organizaciones, además de capacitar al personal para evitar la reiteración de vulneraciones.
La bancada de diputados de RN envió un requerimiento a Contraloría para fiscalizar el rol de Daniella Caldana, auditora general de gobierno, por su presunta responsabilidad en la instrucción de no informar detalles sobre traspasos a terceros, decisión que ha sido cuestionada a la luz de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en que se indagan eventuales delitos de corrupción.
El anuncio fue entregado por tres ministros de Estado: Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia) y Mario Marcel (Hacienda), además de otras autoridades de La Moneda. Entre las medidas, destaca la entrada en vigencia de un nuevo instructivo para regular transferencias del Estado hacia terceros.
En medio de una actividad, el titular del Minvu aseguró que el ministerio está llevando adelante acciones para esclarecer el lío de platas, además lamentó que el caso “ha provocado mucho daño, porque provoca mucha desconfianza en todo, en las instituciones y más todavía con la plata de los campamentos”.
El jueves el Mandatario intervino con un megáfono en una manifestación instalada en las afueras del Palacio Presidencial, donde un grupo de vecinos pedía soluciones en materia habitacional. Esta jornada el mismo Presidente defendió su actuar.
“Hay un aspecto que es bien clave y tiene que ver con la afectación de la confianza”, señaló el ministro de Justicia en una entrevista radial, respecto a los polémicos convenios entre reparticiones públicas y fundaciones.
Los consejeros regionales señalan que de haber hechos constitutivos de delito identificados por la investigación de Fiscalía procederán según determina la ley. Sin embargo, en el caso de Rodrigo Díaz, algunos esperan que antes dé un paso al costado por su "responsabilidad política y administrativa" en los líos de plata.
Actualmente el organismo de control realiza múltiples investigaciones, las que abrió de oficio y dividió en cuatro grandes áreas, que abarcan todo el país: el Programa de Asentamientos Precarios, gobiernos regionales, el Ministerio de las Culturas y lo relativo a la Seremi Minvu de Antofagasta. En este último caso, el gobierno pidió prórroga para hacer sus descargos.
Dada lo amplio del tema y lo complejas que son las materias presupuestarias, quedaron en realizar nuevos encuentros para seguir aclarando dudas en relación al presupuesto de los gobiernos regionales, pero también lo que ha pasado con los recursos de los seremis.
El Ministerio Público realizó diversas diligencias a raíz de presuntas irregularidades en convenios suscritos con las fundaciones EnRed, Enlace Urbano, En Ti y con Corporación Kimün. En paralelo, Democracia Viva ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta a fin de que se realice nuevamente el proceso mediante el cual se les ordenó restituir $ 391.768.516.
Fundación acusó "ilegalidad y arbitrariedad del acto que pone término unilateral" a contratos con la repartición estatal.
