Sala del Senado respaldó la iniciativa que penaliza la tenencia de teléfonos móviles, chips o aparatos tecnológicos no autorizados al interior de recintos penitenciarios, aprobando por unanimidad la iniciativa que forma parte de la Agenda de Seguridad priorizada entre ambas cámaras y el Ejecutivo.
Hubo incidentes en las afueras del Tribunal de Angol. Familiares protagonizaron forcejeos con personal de Gendarmería para intentar ingresar a la fuerza al recinto.
En respuesta a un oficio de fiscalización de los diputados UDI, el Ministerio de Justicia informó que el Estado ofrece el Programa de Intermediación Laboral para ayudar a quien lo solicite en términos voluntarios. Sin embargo, todo indultado, además de establecer domicilio y firmar periódicamente ante centros de Gendarmería, sí está obligado a acreditar "el ejercicio de profesión, oficio o estudio".
La situación fue considerada grave y, por lo mismo, el abogado Francisco Cox interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de la Fiscalía Nacional con miras a que ordene la confección del registro. Como explicó, los mencionados antecedentes son clave para dirigir acciones para fortalecer el combate del crimen organizado, lo que justamente fue posicionado como una prioridad por el fiscal Ángel Valencia.
El funcionario recibía dinero por parte de un grupo de internos para la comisión de los delitos. Los reclusos también fueron condenados por soborno, sumando días de condena y pago de multas.
“Del hecho se dio cuenta al Ministerio Público y se tomó contacto con las policías para activar la búsqueda y captura de las evadidas”, indicó Gendarmería en un comunicado, agregando que “de igual forma, se instruyó la realización de un sumario administrativo”.
Traslado de los cabecillas a otros penales motivó una serie de ataques en la Macrozona Sur. Este lunes, desconocidos quemaron un galpón y una máquina retroexcavadora en Vilcún.
El funcionario, quien vivía en el penal, se le encontraron cinco cajetillas de cigarros con 217 gramos de marihuana, tres envoltorios con 36 gramos de pasta base de cocaína, teléfonos celulares y otros artículos electrónicos en el registro a su dormitorio y casillero. Se fijaron 120 días para le investigación.
Además, de acuerdo con el balance entregado por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, se logró sacar desde los recintos un total de 3.034 litros de licor artesanal y 27 kilos de sustancias ilícitas.
“En actuar completamente desproporcionado y desapegado a la normativa legal que los rige, determinaron el traslado de estas personas", aseguró el defensor penal público Humberto Serri.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago determinó que los funcionarios penitenciarios sometieron a torturas a un recluso de la cárcel Santiago Sur, luego de que fuera agredido -incluso- con un arma blanca que más tarde provocaría que le amputaran un dedo. La investigación del Ministerio Público permitió determinar que los gendarmes también falsificaron instrumento público al emitir un informe que no se ajustaba a los hechos que realmente ocurrieron.
El funcionario fue hallado en una torre de vigilancia del recinto. Desde la institución ordenaron una investigación interna
Una investigación de la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros desactivó lo que pudo ser un hito en la historia criminal del país: un grupo de reos de origen venezolano, y vinculados a casos de tráfico de drogas, idearon un plan para derribar los muros del penal de esa ciudad con explosivos. Escuchas y seguimientos hicieron caer a dos personas, quienes quedaron en prisión preventiva, en un caso que se manejó con el más absoluto sigilo. “Se indagan las motivaciones, vínculos y planes de los imputados”, dice el fiscal Cristián Aliaga.
El estado de los recintos penitenciarios también fue abordado por el Mandatario en su cuenta público, por lo mismo, se comprometió a ampliar la capacidad de estos establecimientos o bien crear nuevas cárceles.
