La estructura criminal era dirigida por un ciudadano colombiano, quien dictaba las funciones de los miembros de la organización para adquirir, ingresar y traficar droga al interior del recinto penal.
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La orden se incluye dentro de un recurso de hecho que interpuso Gendarmería y que busca revisar la “autorización del ingreso a ciudadanos de nacionalidad venezolana a visitar a los internos (...) solo exhibiendo su cédula de identidad extranjera sin validar".
El 4 de octubre pasado todos los internos del 1° piso de la cárcel de máxima seguridad iniciaron una serie de disturbios por la imposibilidad de recibir visitas. Se autolesionaron, generaron destrozos y algunos iniciaron una huelga de hambre. Por lo mismo, la alcaide del recinto dispuso una serie de sanciones disciplinarias. Sin embargo, tras una petición de los encausados por el homicidio del carabinero, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago les permitió que ingresen a la cárcel a visitarlos parientes con situación migratoria irregular.
La diligencia terminó, además, con la incautación de numerosa información de interés investigativo sobre la banda, como contactos telefónicos, dinero en efectivo y droga en pequeñas cantidades.
Mientras el Ministerio Público indaga las circunstancias del ataque que afectó a dos funcionarios y a un menor de edad en Puente Alto, las asociaciones de trabajadores siguen atentas las medidas que tomarán las autoridades, puesto que llevan años siendo blanco de amedrentamientos. Este año, de acuerdo con cifras reportadas por la institución, ya se acumulan más de 320 casos, 45 de ellos en la Región Metropolitana.
A las 1.30 de la madrugada, dos uniformados fueron abordados por delincuentes, identificados como "El Pinky" y "Carlitos", quienes estarían vinculados una organización que funcionaría desde la cárcel. Sin embargo, la Fiscalía Sur también indaga un posible ajuste de cuentas. El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Según ha trascendido, Chile o Perú podrían ser destinos de interés para Héctor Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, puesto que la banda ha extendido sus operaciones criminales hacia ambos países. Por lo mismo, como ya han confirmado las autoridades locales, las alertas están encendidas.
Junto con los funcionarios que han sido violentados por internos, hasta junio pasado otros 14 trabajadores han sido golpeados en la vía pública según Gendarmería. No sólo eso: 328 gendarmes han recibido amenazas en los recintos penales.
La tenencia de aparatos que permitan la comunicación de los reclusos con el exterior se considera delito y, quien sea sorprendido, arriesga penas de presidio en su grado mínimo a medio.
Cárceles Duodécimo operativo en cárceles termina con la incautación de 201 litros de licor artesanal
El operativo se efectuó en 26 unidades penales del país.
El Ejecutivo logró destrabar una situación que ya se encumbraba por los 100 días de duración, en conversaciones que incluyeron acuerdos y el término del castigo por el secuestro de gendarmes. El gobierno niega negociaciones secretas o irregulares, aunque la oposición recalca que estarían cediendo ante la violencia y contraviniendo las normas.
En una declaración voluntaria, el sujeto señaló que cobraba $180.000 por ingresar un teléfono a la cárcel y que ingresaba semanalmente dos o tres aparatos, y ocasionalmente también droga.
Por su parte, en el caso de las cárceles concesionadas, la institución gastó en promedio al mes, por cada recluso, $ 485.335, a los que se suman recursos del Ministerio de Justicia. De todos modos, el total de esta segunda modalidad es levemente inferior ($ 922.376) al desembolso en las cárceles administradas directamente por el Estado. Pese a que el presupuesto de Gendarmería creció 6,19% el año pasado, el aumento en el número de internos generó que el gasto per cápita bajara.
Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 cuando agentes de la Gendarmería desalojaron un bloqueo de ruta que realizaban miembros de una comunidad mapuche en reclamo de tierras propiedad del grupo italiano Benetton, protesta en la que participaba la víctima.
El Senado ratificó el proyecto de ley tipifica como delito la posesión de dispositivos electrónicos dentro de los recintos penitenciaros. Revisa más detalles a continuación.
