La iniciativa planteaba originalmente apoyar a quienes percibían ingresos entre $500.000 y $1.500.000.
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Por esta razón, el TDLC decidió no iniciar a un procedimiento para dictar Instrucciones de Carácter General en este mercado.
La cifra equivale a 2,3% del PIB y es mayor a la presentada el viernes pasado de US$4.580 millones.
Además de los mecanismos para jóvenes y mujeres, se analiza también aplicar un subsidio focalizado para los sectores más afectados por la pandemia, como el comercio, la construcción y el turismo.
“Creo importante dejar de hablar del proyecto del retiro del 10%, y deberíamos empezar a hablar del proyecto del retiro del 44%", dijo el ministro de Hacienda en la Comisión de Constitución del Senado.
A juicio de la tienda liderada por Álvaro Elizalde “estas desafortunadas declaraciones dan cuenta de una visión alterada de la realidad y de un desequilibrio en el actuar del ministro Briones".
La fórmula plurianual acordada en 2018 tiene una vigencia hasta el 1 de septiembre de este año. Desde la Central Unitaria de Trabajadores esperan que la discusión no solo se enfoque en el monto, sino que también en la situación del mercado laboral.
La solicitud de la FNE busca que el TDLC, a través de la dictación de Instrucciones de Carácter General en el mercado de tarjetas de pago, establezca un mecanismo de regulación de las tasas de intercambio.
"En abril aproximadamente un 11% de la población estuvo en cuarentena en nuestro país, mientras que en mayo esa proporción subió a 30% y en el mes de junio será aún más alta", dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Desde la Dipres señalaron que esta medida tendrá un impacto de 10% en la inversión entre 2020-2022. El proyecto que ingresó este jueves a la Cámara de Diputados será analizado el martes en la Comisión de Hacienda.
Estas medidas forman parte del acuerdo para un plan de emergencia alcanzado el 14 de junio entre el gobierno y la oposición.
Plantean que el nuevo proceso de licitación debe seguir la reglas establecidas cuando se otorgaron las concesiones, es decir, en 2005.
Ahora los textos serán analizados por la Comisión de Constitución del Senado.
Según trascendió, la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) no está de acuerdo con la propuesta del gobierno porque, a su juicio, esta no se hace cargo de los principales problemas que afectan a la industria.
