Luego que el líder de la organización radical justificara el delito, por medio de un video que se difundió la noche del viernes, en el que señalaba que la recuperación de la madera se empleaba para “tener implementos necesarios para defender a las comunidades”, la CAM emitió una aclaración este domingo asegurando que es “reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral”.
La periodista y coautora del libro La Frontera: crónica de La Araucanía rebelde, analiza el momento actual de la organización radicalizada que se ha enfrentado al gobierno de Gabriel Boric. Según plantea, es claro que han aumentado la presión, pero también lo atribuye a que el movimiento mapuche sigue enfrentado a las mismas políticas públicas del pasado.
El Ministerio del Interior concretó la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en la que, además, advirtió que sus declaraciones podrían tener algún tipo de vínculo con una serie de atentados entre el Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Sobre la figura del ex FPMR, el Ejecutivo en el documento sostiene que siempre “ha validado públicamente la vía armada como un mecanismo legítimo para reivindicar demandas sociales".
El Mandatario y el gobierno sopesaron varios factores para tomar la decisión que implicó un giro drástico en el discurso que había defendido La Moneda. Análisis jurídicos de los dichos del comunero, dar un mensaje de autoridad al Ministerio Público, y la presión de la DC y la derecha para no concurrir con sus votos a una nueva prórroga del estado de emergencia en la Macrozona Sur, fueron algunos de ellos. Con la acción, el Ejecutivo logró amarrar los respaldos necesarios para extender la medida, la que deberá visar el Congreso este viernes.
El Presidente explicó que una de la razones que gatilló el cambio de postura del gobierno fue la auto atribución de delitos por parte del comunero mapuche, y que fue él quien tuvo la última palabra respecto a la determinación.
“No puede ser que se digan amenazas en sentido amplio o abierto y que esto quede, de alguna manera, bajo la alfombra de una aparente libertad de expresión, cosa que evidentemente no lo es. Amenazar a las personas con sabotajes o con otro tipo de delitos no es parte de la libertad de expresión”, sentenció la ministra Ángela Vivanco.
Si bien La Moneda había señalado que correspondía al Ministerio Público proceder, finalmente anunciaron esta determinación luego de que el comunero mapuche llamara en las últimas semanas al sabotaje y defendiera acciones, como la quema de maquinaria. El Ejecutivo había sido emplazado por distintos sectores y gremios a tomar acciones concretas. "Esperamos que el Ministerio Público pueda investigar en conjunto con las policías y obtener frutos más allá de seguir acumulando querellas", afirmó Siches.
Una vez más los dichos del comunero han enfrentado al Gobierno y el Ministerio Público, luego que Interior se resista a presentar una querella en contra del cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco y la Fiscalía asegure que sin el libelo no puede invocar la Ley de Seguridad del Estado. El líder mapuche desde hace algunos meses viene elevando el tono de sus intervenciones públicas con abiertos llamados a desestabilizar al Gobierno y a armarse y realizar "acciones de sabotaje" en contra de las forestales de la Macrozona Sur. Con todo, existe actualmente una reservada causa abierta contra Héctor Llaitul tras una querella interpuesta en 2020, por la administración de Sebastián Piñera, y que tendría auspiciosos avances.
El gobierno se ha negado a presentar una querella contra el líder de la CAM, mientas que el fiscal Abbott afirmó que se necesita de la presentación de una acción legal del gobierno para iniciar investigación por los últimos dichos de Llaitul. "No tenemos que hacer una especie de concilio para discutir lo que se puede hacer", dijo la jueza Ángela Vivanco.
La ministra del Interior aludió a querellas interpuestas en años anteriores "por Ley de Seguridad del Estado". Además, reiteró el rechazo por parte del Ejecutivo hacia declaraciones “que intenten llamar a la violencia" o que "intenten provocar no solo a nuestro gobierno, sino que también a los pasados en el contexto de lo que vivimos en el sur”.
La vocera de gobierno recordó que "el gobierno de Chile ya es querellante respecto a las acciones de la CAM, así que esperamos que evidentemente vayamos teniendo resultados respecto a todos los hechos que constituyan delito”. Agregó que "los delitos de incendio, de daños de propiedades, son constitutivos de delitos, independiente de la Ley de Seguridad Interior del Estado, por eso ya están siendo investigados”.
Tras las declaraciones del líder de la CAM, quien afirmó que la prioridad de la agrupación "es canalizar la violencia hacia el sabotaje”, el fiscal nacional reiteró que para iniciar una investigación invocando la Ley de Seguridad del Estado se requiere de la acción del gobierno. La CPC, en tanto, interpeló al Ejecutivo para que reaccione “en forma inmediata”.
Durante una entrevista, el líder de la CAM reveló que la prioridad de la agrupación "es canalizar la violencia hacia el sabotaje”, específicamente hacia “insumos” y “maquinarias”.
La PDI transcribió parte de los 14 minutos que duró la grabación que la policía uniformada aportó a la investigación del caso de Pablo Marchant, quien recibió un disparo de un policía en medio de un atentado, el 9 de julio, en La Araucanía. Este nuevo peritaje da cuenta de cómo fueron los minutos en que los policías actuaron en el lugar y es un elemento clave para la Fiscalía.
“Flaco favor hacen quienes insisten en el miedo, en la amenaza y en la violencia como método de acción política”, manifestó el Presidente, quien además expresó que "si alguien reconoce vínculos con ilícitos" tiene que ser investigado y -si corresponde- sancionado.
