El Instituto Nacional de Derechos Humanos intervino, a través de la fórmula de “amicus curiae”, en favor de un recurso presentado por cinco parlamentarias. Según esa presentación, "el consumo de sustancias estupefacientes" por parte de legisladores "son datos sensibles" que no debieran publicarse. El hecho es cuestionado por la UDI, cuya bancada impulsó el examen obligatorio y público en la Cámara.
A juicio del presidente gremialista "el gobierno, en materia de libertad de expresión, en materia de la legítima critica y disenso político, no puede estar permanentemente acusando a la oposición de que se sobre interpreta ciertas atribuciones que las tenemos”.
La secretaria de Estado, además, manifestó que es “lamentable que se instrumentalice la figura" del exdirector del INDH, y que es una persona "a quien en lo personal, valoro y respeto profundamente".
En la DC dicen que tomarán en cuenta cómo votarán los comunistas este proyecto de resolución antes de decidir si retiran su apoyo a Cariola para presidir la Cámara. Esta ofensiva se suma a la presentación de una censura en contra de la diputada Lorena Pizarro (PC), como presidenta de la Comisión de DD.HH.
Diputados enviaron una carta -en la que también aluden a la renuncia de Sergio Micco- asegurando que el organismo chileno no ha actuado acorde a su rol de defensa de los DD.HH., y acusan hechos "que podrían vulnerar su autonomía".
"Corresponde ir viendo, investigando qué es lo que está en los correos”, señaló la ministra de Defensa.
Respecto a la situación en la Macrozona Sur por “los problemas con la población indígena", la directora del organismo dijo que se comprometen "a entregar en las próximas semanas una propuesta de diálogo”.
Además de su voto, la trabajadora social contó con la adhesión de Constanza Valdés, Lieta Vivaldi, Francisco Ugás, Juan Carlos Cayo y Yerko Ljubetic. Mientras que Sergio Micco, Cristián Pertuzé, Carlos Frontaura y Sebastián Donoso -que representan la “oposición”- optaron por la abstención.
Luego de que Fernando Pairican no pudiera asumir por residir por no cumplir con los requisitos, el Ejecutivo se inclinó por Juan Carlos Cayo cuyo decreto de designación está en proceso. Al interior del organismo ya saben de esta decisión del Mandatario Gabriel Boric y sólo esperan que llegue el decreto que debe ser visado por la Contraloría. El profesional es doctor en Derecho y durante el proceso constituyente participó como asesor de la convencional Isabel Godoy (cercana al PC).
El viernes 19 de agosto comenzarán en Magallanes los encuentros participativos en que los afectados podrán dar cuenta de los mecanismos que se requieren para reparar las vulneraciones que sufrieron. Hasta ahora, eso sí, no hay un número estimado de "beneficiarios" ni se conocen de propuestas concretas por parte del Ejecutivo.
La solicitud de remoción fue anunciada por parlamentarios de la UDI en contra de Constanza Valdés, a quien reprochan por sus cuestionamientos a Carabineros, Fuerzas Armadas y contra la administración del expresidente Sebastián Piñera.
Tras dejar el programa con el que se buscaban observar eventuales vulneraciones a los derechos humanos entre las víctimas de violencia rural, el experto en emergencias asegura que enfrentó fuertes presiones y amenazas por parte de directores regionales para entregar datos de los familias entrevistadas. Advierte, además, que hay un sesgo político que estaría empañando las acciones. “Percibimos la ausencia del Estado, incluyendo omisiones del instituto”, dice.
Luego de que en noviembre de 2021 comenzaran solicitudes de distintos organismos para enviar un equipo de observadores a la zona, la administración de Sergio Micco creó el "Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Regionales del INDH en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos", el cual el 19 de julio presentó su primer reporte tras poco más de un mes y medio de trabajo, donde dieron cuenta de la afectación que sufren familias de las provincias de Arauco y Malleco. Sin embargo, tras la salida del otrora director, la iniciativa fue estrepitosamente suspendida y su coordinador, Michel De L'Herbe, finiquitado.
En julio de 2021, el otrora director del instituto recibió múltiples mensajes y amenazas directo a su whatsapp. La fecha calza con el inicio de la toma de la sede del INDH, que duró ocho meses. Hace tres años denunció, pero el Ministerio Público decidió no perseverar.
La consejera, que debió asumir como directora subrogante del organismo tras la renuncia del abogado DC, es crítica de la postura que tomó su antecesor. Le rebate y dice que ellos nunca enfrentaron presiones para hacer o decir algo, por lo que pide a Sergio Micco que ponga a disposición de la Fiscalía los antecedentes que tenga en ese sentido.
