Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos también señalaron que van a pedir una reunión para conocer los alcances de la investigación que se están realizando.
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En la Ley de Presupuesto 2024 el ítem Programa de Derechos Humanos del Estallido Social se redujo en un 100%. De $181.155.000 aprobados para 2023, se pasó a $0. De la misma forma, tampoco hay recursos asignados para “víctimas de violencia institucional”. Desde el gobierno explican que los fondos para la prometida reparación se sumarán al presupuesto de otros ministerios -pues corresponderán a medidas sectoriales- y gracias a convenios que la Subsecretaría de Derechos Humanos está ultimando a través del plan ad hoc. El hermano de Gustavo Gatica, una de las víctimas emblemáticas, acusa "una sensación de abandono y desamparo".
Henry Cuellar y Víctor Lastra fueron condenados por el delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de apremios ilegítimos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) revisó el funcionamiento de 32 residencias de Mejor Niñez (ex Sename), con el fin de verificar las condiciones en las cuales se atiende a niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el resguardo del Estado. El organismo verificó que si bien la mayoría de los recintos cuenta, incluso, con condiciones "excelentes" en sus servicios, prestaciones e infraestructura, algunos lugares presentan falencias. En ese sentido, el INDH sostiene que "preocupa que, aunque en bajo porcentaje, se reporten casos en que hay dificultades para satisfacer las condiciones de vida de los NNA".
El organismo desarrollará recorridos patrimoniales por espacios en los que se vulneraron o defendieron los derechos humanos. La directora del instituto, Consuelo Contreras, se hará parte de la conmemoración en Colonia Dignidad, en el Maule.
Ley Nain El contrataque judicial que activó el INDH para frenar la aplicación de la Ley Nain-Retamal
El Instituto de Derechos Humanos elevó un "téngase presente" ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso -en base a un caso en contra de carabineros acusados de homicidio frustrado en Viña del Mar- para plantear que "de ninguna manera", los apremios ilegítimos requieran como "delito base que la víctima esté privada de libertad o bajo custodia del agente". Además, preparan una serie de apelaciones en casos donde se absuelvan policías en que se invoque esta nueva norma.
Los hechos habrían ocurrido en junio del 2020 en un caso donde la parte querellante y el fiscal acusan que el funcionario de Gendarmería habría hecho una agresión de carácter transfóbica. Tras cerraste el caso sin que el Ministerio Público haya realizado la acusación, el tribunal fijó audiencia de preparación de juicio oral y reapertura de la investigación para el 23 de febrero tras la apelación del INDH.
Además, durante este sábado, al recinto penal asistieron la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quienes acompañados del director de Gendarmería informaron de la existencia de un sumario en curso al interior de la institución para determinar las responsabilidades administrativas.
Uno de los asistentes al evento interpeló al jefe de Estado cuando se refería a los desafíos de su gobierno en materias de educación y protección de la niñez. "Qué bueno que hayan espacios donde podamos también conversarlas y en donde como autoridades nos hagamos cargo de estas interpelaciones", manifestó el Mandatario.
En medio de un discurso en una actividad del INDH, el Presidente se refirió al tema y aseguró que “no corresponde poner en tela de juicio el respeto a los DD.HH. No corresponde jugar políticamente en la política pequeña, mezquina, con un tema que es tan importante y es patrimonio de todos los chilenos y chilenas”.
"La protección y promoción de los derechos humanos debe ser tarea de todos, sin importar el área o las ideas políticas o ideológicas que cada uno tenga”, señaló Consuelo Contreras.
El consejo del organismo, encabezado por Consuelo Contreras, aprobó este lunes 14 de noviembre, por siete votos contra dos, el texto de la acción judicial. Como se indica, al menos en el período comprendido entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre de 2019, jefaturas de la institución policial "omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos" en el contexto de las manifestaciones. Hacen hincapié en que pese a que estaban en conocimiento de las irregularidades, no habrían dictado órdenes para revertir el escenario.
El abogado entregó su testimonio en la comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados por “presiones” que habría recibido en el cargo. “Tres meses antes de que se iniciara el llamado que nosotros denominamos la crisis social de octubre, literalmente ya había sido condenado”, afirmó.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos intervino, a través de la fórmula de “amicus curiae”, en favor de un recurso presentado por cinco parlamentarias. Según esa presentación, "el consumo de sustancias estupefacientes" por parte de legisladores "son datos sensibles" que no debieran publicarse. El hecho es cuestionado por la UDI, cuya bancada impulsó el examen obligatorio y público en la Cámara.
A juicio del presidente gremialista "el gobierno, en materia de libertad de expresión, en materia de la legítima critica y disenso político, no puede estar permanentemente acusando a la oposición de que se sobre interpreta ciertas atribuciones que las tenemos”.
