El organismo encabezado por Dorothy Pérez dio cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento del beneficio. Entre ellos, que 58 pensionados tienen condenas. Algunos, de hecho, por delitos violentos: producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio. Además, constataron que había datos que no se comprobaron, que en ciertos postulantes no entregaron certificados médicos y, entre otros elementos, que hubo aumentos de pensión sin que existiera sustento.
25 ene 2024 09:07 PM