Consuelo Contreras sostuvo que "el Presidente tiene la libertad de llamar a quien estime pertinente, en la medida que tenga un carácter asesor y que no deliberativo y que sus opiniones no sean obligatorias de cumplir”.
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Consuelo Contreras manifestó que desde la institución mirarán “con atención” las definiciones del Cosena, instancia que fue convocada por el Presidente para el lunes.
Además, los parlamentarios le solicitaron al Consejo para la Transparencia “fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones relativas a transparencia en la función pública".
Las parlamentarias aseguran que la arremetida judicial "va contra las personas que resulten responsables”, dado que “se está iniciando ya una investigación al respecto".
El timonel de la UDI sostuvo que "ninguna política antidelincuencia, nada de lo que hagamos nosotros en el Congreso puede revertir la legitimación de la violencia que ha hecho con estas decisiones el gobierno y el INDH”.
Junto con ello, la ministra vocera explicó como se otorgaron los beneficios y que los parámetros son los mismos que se han utilizado con anterioridad.
El oficio lapidó la petición de reevalución del sumario hecha por el INDH. En el documento, Contraloría corroboró que el INDH debía acreditar las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y no solo eso, desechó la defensa del organismo que argumentaba que esto escapaba de sus facultades, ya que aseguró que contaban con “la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que no ocurrió”.
Entre los 58 beneficiarios de pensiones de gracia tras el estallido social que tienen antecedentes penales, según detectó Contraloría, destacan el caso de un hombre de Valdivia, que el año 2009 abusó de una niña de seis años. Y el de un joven de Chillán, que el 2018 grabó desnuda a una menor de 17 años, cuya pensión ya fue revocada por el Presidente Boric. Además, existe un beneficiario con nueve condenas por delitos reiterados y otros por intento de robo de altas sumas de dinero.
La directora del organismo, Consuelo Contreras, le informó al Mandatario que no contaban "con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar" los daños que sufrieron los presuntos afectados en el marco del estallido social. Además, acusó que "la inclusión de nuevas funciones (...) representa un riesgo para la autonomía del Instituto, toda vez que impone obligaciones no establecidas por la ley que le rige”.
Entre los 58 beneficiarios de pensiones de gracia tras el estallido social que tienen antecedentes penales, según detectó Contraloría, destacan dos casos de delitos violentos y de alta connotación pública. El de un hombre de Valdivia que el año 2009 abusó de una niña de seis años, y el de un joven de Chillán, que el 2018 grabó desnuda a una menor de 17 años. En este último caso, el Presidente Boric ya firmó el decreto para revocar el beneficio.
De acuerdo con fuentes del organismo, las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador dirigido por Dorothy Pérez deben ser analizadas con detalle. Entienden que se trata de un asunto "de relevancia" que requiere un "seguimiento continuo". Por lo mismo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitó informe sobre la materia esta jornada y tras recibir la denuncia de RN, formalizó el inicio de las pesquisas. La causa quedó en manos del fiscal regional de Occidente, Marcos Pastén.
El organismo ha quedado en entredicho, luego que el documento emanado por el ente contralor dejara al descubierto una serie de falencias respecto al proceso de selección, entrega y pago del beneficio. Por ejemplo, que 19 expedientes de los beneficiados, remitidos por el INDH, no presentaban antecedentes médicos.
El subsecretario del Interior señaló que los informes entregados por la Contraloría en diciembre tenían carácter de confidenciales y que los delitos que enumeró en ellos no los vinculó a ninguna persona en particular.
El organismo encabezado por Dorothy Pérez dio cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento del beneficio. Entre ellos, que 58 pensionados tienen condenas. Algunos, de hecho, por delitos violentos: producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio. Además, constataron que había datos que no se comprobaron, que en ciertos postulantes no entregaron certificados médicos y, entre otros elementos, que hubo aumentos de pensión sin que existiera sustento.
Cinco son las etapas del proceso de acreditación de víctimas del estallido social del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual este jueves fue cuestionado por la Contraloría debido a una serie de falencias que se detectaron en la entrega de pensiones de gracia. Aquello derivó en que diputados solicitaran la remoción de siete consejeros por negligencias en sus funciones.
