Mediante una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, la compañía estadounidense UnitedHealth Group denunció que el Estado de Chile ha cometido una serie de acciones que dañan su inversión en el país, lo que a juicio del controlador de isapres Banmédica y Vida Tres, constituye una violación a sus obligaciones bajo el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Gran Bretaña y Chile (1997).
La ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, también dio luces respecto de la retroactividad que podría implicar este fallo: “Tampoco estamos diciendo que se retrotraiga la deuda a 13 años, sino al momento en que la Superintendencia fija una tabla de factores que es estándar y a la que se tenían que acoger todos”, detalló. Esa tabla se fijó en diciembre de 2019 y se empezó a aplicar en abril de 2020.
Esto, debido a que la puesta en marcha del fallo del máximo tribunal "no es un proceso sencillo", dijo la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Pero agregó, en referencia a los cortes de convenio que se han visto entre clínicas e isapres, que el plazo de seis meses "de ninguna manera puede ser leído como una autorización para que ninguna institución que está involucrada en esta situación, deje de cumplir con los deberes que le están impuestos".
Ello, frente a la crisis que acusan las isapres. En la misiva el gremio dice que les "preocupa poder mantener la continuidad de la operación del sistema prestador privado. En este sentido, los aseguradores -público y privados- mantienen niveles de deuda históricos que estimamos alcanzan los $860 mil millones, a noviembre de 2022″.
El superintendente Víctor Torres rompió el silencio este jueves en medio de las críticas que han hecho las isapres para que el regulador salga a dar lineamientos generales sobre la puesta en marcha para implementar el fallo de la Suprema respecto a la tabla de factores. En primera fila lo escucharon varias exautoridades del gobierno anterior, entre ellas, el expresidente Sebastián Piñera.
"La falta de celeridad en la autoridad mandatada a cumplir el fallo es grave: la Superintendencia de Salud no ha convocado al sector a un análisis de riesgos y no se ha vuelto a citar la mesa de trabajo que lidera el Ministerio de Salud”, señaló la Asociación de Isapres en una declaración.
“Estamos trabajando en propuestas para fortalecer el seguro público, de manera que cualquier eventualidad que ocurra con las isapres, la gente no se sienta desprotegida", comentó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
En una carta que envió Clínica Indisa a sus pacientes, señala que el contrato vigente suscrito entre ambas compañías “estipula un reajuste anual según IPC en los precios de las prestaciones a efectuar a partir del 9 de enero de 2023”, pero agrega que la isapre les informó que "no está en condiciones de cumplir el contrato suscrito entre las partes".
El presidente de Clínicas de Chile acudió a hacer una presentación a los senadores de la Comisión de Salud sobre los efectos que podría generar la crisis de las isapres. En la instancia, los parlamentarios mostraron su preocupación por esta situación. El senador Juan Luis Castro (PS) afirmó: "Veo con estupor que las millonarias deudas que tiene el sistema asegurador están traspasándose de facto al sistema prestador”.
En medio de la crisis que vive el sector, las isapres han disminuido su personal en 1.484 colaboradores entre septiembre de 2021 e igual mes de este año -un 16%-, y de ellos, el 77,8% fueron vendedores. Además, es muy probable que esas cifras hayan aumentado en este último trimestre, dado que Cruz Blanca despidió ahora en diciembre a casi toda su fuerza de ventas y que, según fuentes de la industria, Consalud también redujo sus vendedores en más de 200 personas en noviembre.
Mediante una carta, el gerente general de Empresas Banmédica informó al gobierno que su controlador, la estadounidense UnitedHealth Group, "iniciará mecanismos de resolución de conflictos" establecidos en TLC suscritos por Chile. Ello, en medio de un "creciente ambiente de incertidumbre e incomodidad frente a sucesivos cambios en las reglas del juego al margen de lo dispuesto en las leyes y bajo las cuales se tomaron importantes decisiones de inversión”.
Un estudio realizado por los investigadores del OCEC UDP, José Acuña y Andrés Hernando, concluye que es esperable “que una reforma como la propuesta por el gobierno encuentre un problema de economía política importante mientras no logre garantizar, al menos para los afiliados a isapre que pueden identificarse como clase media, que se mantendrán los estándares de calidad y oportunidad que el sistema privado ha logrado establecer”.
Finaliza 2022 y las isapres deben cerrar sus estados financieros. En los balances, que reportan a fines de enero, las empresas deben registrar un nuevo pasivo: el monto que deberán restituir a sus afiliados por las tablas de factores, como ordenó la Suprema. Pero para poder hacerlo, primero deberán estimar la cifra. Si provisionan al pie de la letra lo que dictaminó la Suprema, significaría incumplir sus indicadores. El dilema para las isapres es si es posible medir los efectos del fallo o deben esperar las instrucciones del regulador. A ello se agregará otro problema: las auditoras deberán advertir si la industria está en riesgo de continuidad operacional o no.
Por más de dos horas este jueves se reunieron en Palacio la ministra de Salud, el superintendente de Salud y el director de Fonasa, con el Presidente Boric y el comité político, para exponer la situación en que se encuentra la industria tras el fallo de la Suprema sobre la tabla de factores.
En el proyecto plantean que las isapres puedan modificar el precio base del plan de salud, para que así cuando modifiquen la tabla de factores, haya una devolución a los afiliados que sería bastante menor o inexistente dependiendo del caso.
