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El abogado de Carey contradice la lectura que el gobierno ha hecho del fallo, y cree que sí se podría aplicar la mutualización, tal como lo propusieron los expertos. "El gobierno nos ha dicho que, en su interpretación, lo que propuso la comisión técnica, violaría el artículo 76 (de la Constitución)", comentó el constitucionalista DC. "Luego de estudiar los antecedentes quiero manifestar mi desacuerdo", agregó. También dijo que "el Ejecutivo ha usado el argumento constitucional para impedirle al Congreso nacional evaluar una fórmula posible. Es un acto de poder”.

Esto, en un contexto en que el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, advirtió que de aplicarse el fallo GES, en tres meses ya no podrán mantener las coberturas de las personas.

“De parte del Ejecutivo o de algunos actores claves del Ejecutivo queda la impresión, en algunos momentos, que no aquilatan la complejidad del problema", dijo el economista y director de Espacio Público.

El ministro Luis Cordero aseguró que el proyecto que presentó el gobierno al Congreso “fue enviado para cumplir una sentencia judicial”. Y comentó que "si uno realiza la evaluación de la mutualización en términos sistémicos, en realidad lo que uno está haciendo es más bien evaluando el problema de política pública y no la ejecución de la sentencia”.

Los técnicos entregaron sus argumentos en la Comisión de Salud del Senado sobre por qué, a su juicio, sí se puede y debe aplicar mutualización al poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores. En cambio, el superintendente Víctor Torres defendió sus cálculos, y entregó los argumentos por los cuales no se podría aplicar la fórmula de los expertos.

Por su parte, el superintendente de Salud, Víctor Torres, comentó que no tienen la "potestad de pedir un aplazamiento (para el cumplimiento de la sentencia GES). No obstante eso, hemos recibido solicitudes de distintas isapres (...) y estamos estudiando cada uno de los requerimientos”.

Es esencial que en los próximos meses, el Congreso actúe con visión y prudencia, buscando un equilibrio entre la justicia para los afiliados y la sostenibilidad de las instituciones.

El viernes 3 de noviembre el gobierno ingresó indicaciones para mejorar la propuesta que crea la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa, cambios que surgieron principalmente por las críticas que habían hecho las compañías de seguros de vida al proyecto inicial. Entre otras cosas, se estableció que la inscripción de los afiliados en la modalidad será por un plazo de doce meses, renovable por periodos iguales.

La decisión del Ejecutivo de dejar la mutualización fuera del cálculo para determinar el monto que pagarían las isapres ha causado diversas reacciones. Sin embargo, desde el mundo técnico aseguran que esta es una decisión que pone en riesgo al sistema y también a la propia secretaria de Estado.

Esta es una entidad que la ley corta del gobierno propone crear de manera permanente para que asesore a la Superintendencia de Salud en lo relacionado con las isapres, previa solicitud del superintendente, especialmente en lo relativo al precio que estas cobren por GES.

Según el gobierno, definieron no incorporar la propuesta de mutualización porque no cumple con el fallo de la Suprema sobre tabla de factores. Pero hubo otra propuesta, de la FEN de la U. de Chile, que evaluaron los técnicos y que incorporaron en los anexos, que cambia el modo en que se calcula la devolución. Siguiendo esa metodología, "el monto que se habría cobrado en exceso ascendería a US$493 millones", dice el documento.

El gremio señaló que “llama la atención que no se acogieran planteamientos fundamentales del Comité Técnico de Expertos, cuya composición era de amplia representación, y que buscaba establecer bases que permitieran la sostenibilidad del sistema en el corto plazo”.

El gobierno decidió no incorporar el concepto de "mutualización" que recomendaron los expertos por una razón que es "estrictamente jurídica", según ha dicho el ministro de Justicia, ya que el gobierno estima que no cumpliría con el fallo de la Suprema. Allí se han centrado las críticas, dado que implica que la deuda de las isapres con sus afiliados quedaría en cerca de US$1.000 millones, más del doble que los US$451 millones que habían propuesto los expertos.

Víctor Torres indicó que "a nuestro juicio, esta propuesta permite cumplir el fallo (de la Corte Suprema) sin distorsionarlo".

La secretaria de Estado tendrá que conseguir los votos para continuar con el curso de la norma que viabiliza el fallo de la Suprema, pues actualmente no tiene respaldo asegurado ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. En el debate en la comisión de Salud de este lunes los parlamentarios expresaron sus reparos al recalculo de la deuda de las isapres. “Eliminar la mutualización de la deuda hace totalmente inviable la existencia del aseguramiento privado”, advirtieron desde la UDI.