La vocera de gobierno enfatizó en que esta iniciativa presentada por senadores de oposición "busca incumplir devolverle a los usuarios aquellos cobros que fueron indebidos durante años" por parte de las aseguradoras privadas.
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La iniciativa busca atenuar los efectos del fallo de la Corte Suprema sobre las aseguradoras privadas, a través de recalcular el precio base de los planes de salud. Desde el Ejecutivo, en tanto, aseguraron que el proyecto "cambia la naturaleza del fallo" y "anula toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores".
El ejecutivo planteó que en el actual escenario, las deudas de las isapres con los centros médicos y clínicas seguirán creciendo, lo cual podría comprometer al sistema de salud en su conjunto.
"Parece que el alma de más bien terminar con las isapres que mejorarlas, empieza a tener más fuerza dentro de quienes están detrás de este proyecto”, aseguró Juan Antonio Coloma.
La titular de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a la ley corta presentada por el Ejecutivo. "No es una reforma del sistema privado, no es que nosotros estemos acabando con las isapres", aseguró.
Al ser consultado por un posible quiebre de las prestadoras, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia afirmó: "Nosotros esperamos que no obviamente, y por eso se ha presentado que el proyecto (...) Hay una cobertura que ellas entregan que se debe seguir entregando".
La ley corta da seis meses para que las isapres presenten un plan para devolver los US$1.400 millones. La industria estima que es un monto impagable, pero advierten que incluso antes de presentar ese plan, el sistema caería debido la baja de ingresos que se produce al tercer mes de publicada la ley.
El exdiputado explica que el proyecto de ley presentado por el gobierno entrega las condiciones para que las isapres cumplan el fallo de la Corte Suprema. Además, recalca que los US$ 1.400 millones responden a los criterios que estableció la última instancia y recalca que la solución entregada por el Ejecutivo no es producto de un debate ideológico ni tampoco tiene la intención de dejar caer el sistema.
Según advirtió el ministro de Justicia, desde el año 2015 todos los presidentes de la Corte Suprema han advertido el colapso del sistema judicial de los recursos de protección en materia de isapre.
"Se estima pertinente conceder la ampliación de plazo por el término de seis meses a continuación del establecido originalmente”, señaló el máximo tribunal, justificando la decisión en el objetivo de posibilitar que se concrete efectivamente el cumplimiento de lo ordenado.
“A qué punto ha llegado el sistema político que pueden pasar 13 años con el sistema privado de salud actuando al margen de lo que dijo el TC y no pasa nada, hasta que llegamos a que esta cuestión se revienta. Lo que creo que pasó el domingo pasado es que la gente sigue buscando alternativas distintas porque el sistema político no es capaz de resolver nada”, dijo el exministro de Hacienda.
"No pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema”, fue parte de la dura respuesta de la vocera de gobierno a los cuestionamientos del gremio de aseguradoras, que por su parte acusaron de engañosa la propuesta del Ejecutivo.
La secretaria de Estado enfatizó en que el proyecto del gobierno “no es una reforma encubierta".
El exministro Enrique Paris planteó que en un escenario adverso para la industria "mucha gente va a perder el trabajo" y pidió intervenir al titular de Hacienda, Mario Marcel.
El titular de la Segpres, además, señaló que para que las isapres puedan pagar los más de US$1.400 millones que adeudan sin comprometer la continuidad del sistema "se debe generar un plan de pagos y relativa flexibilidad para ver cómo se cumple con la obligación".
