El martes, el Ejecutivo ingresó el proyecto para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras privadas a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.
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“El sistema va a dejar de funcionar, la gente no tendrá cobertura y las isapres van a quebrar en pocos meses”, estimó el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, en el caso de que la ley corta salga del Congreso como se ingresó.
El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que las declaraciones de las aseguradoras privadas son “ofensivas e infundadas” y recordó que el actual escenario que enfrentan “no es un problema que haya generado el gobierno”. Desde el Minsal y la Superintendencia de Salud también lamentaron las declaraciones y llamaron a las isapres a "sumar propuestas" al proceso.
El proyecto vino a confirmar los temores de la industria: todos estiman que lo anunciado no hace viable la continuidad del sistema. Los ejecutivos ya se han contactado con sus controladores, y los directores del gremio tuvieron una reunión de coordinación donde acordaron salir a dar una declaración pública, lo cual se concretó este jueves. Ahí dicen que la propuesta "promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse". Por su parte, el ministro de Hacienda sostuvo que se busca que sea "abordable efectuar estas devoluciones, sin colapsar el sistema".
Aunque aún no hay una postura oficial, dirigentes del Colegio Médico afirman que están de acuerdo con varios de los puntos del proyecto, pues creen que cumple con su objetivo: aplicar lo mandatado por la Corte Suprema. Eso sí, recalcan que hay que tomar medidas para garantizar el funcionamiento de los centros privados de salud.
Esta semana, el Ejecutivo ingresó el proyecto para viabilizar el fallo de la Corte Suprema, pero algunos parlamentarios sostienen que este proyecto no resuelve todo el conflicto, pues no especifica montos, tiempos ni tampoco asegura la viabilidad del sector. Por eso, entre todos concuerdan que se tiene que definir una metodología lo antes posible.
“La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapre y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”, dijo la Asociación de isapres.
La autoridad ratificó este miércoles que las isapres deberán devolver más de US$1.400 millones a sus afiliados. Eso vino a confirmar los temores de la industria: todos estiman que lo anunciado no hace viable la continuidad del sistema. Los ejecutivos ya se han contactado con sus controladores, y los directores del gremio también tuvieron una reunión de coordinación.
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, el socialista Juan Luis Castro, señaló que en la tramitación de la ley corta presentada por el gobierno trabajarán bajo un "equilibrio estrecho" para aplicar lo dictado por el máximo tribunal y, al mismo tiempo, mantener la existencia de las aseguradoras privadas.
Este miércoles, un día después de ingresar la ley corta, las autoridades sanitarias asistieron a la Comisión de Salud del Senado para entregar más detalles de la propuesta. En la instancia, el superintendente Víctor Torres confirmó que las isapres deberán devolver US$ 1.400 millones a sus afiliados. Además, aseguró que ya solicitaron una prórroga a la Corte Suprema.
Durante la Comisión de Salud del Senado, el superintendente Víctor Torres informó el monto que tendrán que devolver las aseguradoras. Con ello confirma, el calculo que le había entregado a los parlamentarios oficialistas a principio de marzo.
Durante la Comisión de Salud de esta tarde, el superintendente de salud confirmó que ya ingresaron el requerimiento con el objetivo de que el proyecto alcance estar aprobado antes de que se termine el plazo.
La propuesta de las autoridades fue acompañada de una minuta que se distribuyó entre los parlamentarios. En el documento, junto con explicar los alcances de la norma que se ingresó ayer al Senado, se plantea que “el gobierno presenta una solución de Estado que hace frente al mal funcionamiento del sistema privado de salud".
El senador explicó que la extensión del plazo es necesaria porque el proyecto que se ingresó es el que "operativiza" su cumplimiento.
La iniciativa que ingresó este martes al Senado, a raíz del fallo de la Corte Suprema, establece un plazo de seis meses a las aseguradoras privadas para que determinen montos adeudados y plan de pago que deberá ser aprobado por la superintendencia.
