Iniciativa ingresó a través del Senado con urgencia simple.
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A 21 días de que se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema para aplicar el fallo, desde Hacienda indican que la propuesta ya cuenta con el visto bueno. Su ingreso al Congreso se concretaría este martes o miércoles.
Luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidiera al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) regular las negociaciones por los honorarios que cobran los especialistas en las isapres, el Colegio Médico y las aseguradoras revelaron la existencia de un difícil vínculo entre las partes, que ha terminado por afectar a los cotizantes. La FNE ya ha investigado a casi 800 médicos de la salud privada por acordar precios o negociar conjuntamente para asegurar sus ingresos, entre otras prácticas. Este es el enrarecido ambiente de una industria que se busca reglamentar, según sus protagonistas.
De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Politopedia y el movimiento ciudadano Salud Libre, el gasto por licencias médicas y prestaciones de los afiliados al sistema privado superaría la cotización obligatoria que pagan a las isapres. El costo fiscal sería mayor si quiebran algunas isapres y no todo el sistema.
Desde La Moneda aseguraron que el fallo que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso se daría por cumplido una vez que el proyecto sea presentado la semana del 8 de mayo. Este miércoles, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aseguró que "por ahora somos simplemente espectadores del proceso".
Este lunes, la ministra vocera de gobierno afirmó que el Ejecutivo descartó pedir más tiempo a la Suprema para aplicar el fallo que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Pero lo que más ruido generó fue que dijo que daban por cumplido el mandato cuando presentaran el proyecto de ley corta.
Aunque habría un acuerdo en el proyecto legislativo para aplicar el fallo, aún falta la revisión técnica de Hacienda. Por eso su ingreso a la Comisión de Salud del Senado quedó postergado hasta después de las elecciones del 7 de mayo. Asimismo, el Ejecutivo descartó solicitar más plazo al máximo tribunal, pues da por cumplida la resolución una vez presentada la propuesta.
La ministra vocera de gobierno anunció que al proyecto legislativo elaborado por el Ministerio de Salud -para aplicar el fallo de la Corte Suprema- le falta "simplemente una última revisión, un aspecto específico que tiene que ser revisado por Hacienda".
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, quedó golpeada y así lo reconocen quienes han podido conversar con ella en los últimos días. Sobre todo, luego de que el comité político en que recibió el “portazo” de sus pares se filtrara a la prensa, lo que interpretó -según las mismas fuentes- como una estrategia de La Moneda en su contra.
Aunque el proyecto legislativo para aplicar el fallo de la Corte Suprema aún no es ingresado oficialmente, la ministra de Salud presentó en el Senado los primeros lineamientos. En ese contexto, los especialistas acuerdan que lleva los elementos necesarios para hacer cumplir la resolución, pero que es fundamental determinar lo antes posible el monto que las aseguradoras deben devolver a sus afiliados.
El titular de Justicia aclaró que “no existe alternativa interpretativa para la aplicación de esta sentencia, no es que exista una alternativa más gravosa y menos gravosa".
El presidente de la Comisión de Salud revela que la discusión sobre una ley corta de isapres sí ha estado marcada por la existencia de dos visiones sobre esta al interior del gobierno. Sin embargo, afirma que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha logrado un entendimiento tras un "arbitraje" del Presidente Boric. "No sacamos nada haciendo una ley que formule mecanismos de pago, pero que las isapres quiebren en el camino", afirma.
“La propia Corte Suprema, tras fijar este nuevo criterio de operación, ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado. Pero la propuesta del Ejecutivo causa eso y más: restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto", indicó la asociación de isapres en una declaración.
El holding de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción controla AFP Habitat, isapre Consalud y las clínicas Red Salud, entre otras empresas.
Aunque la autoridad sanitaria se había comprometido a enviar el proyecto durante marzo, aún no hay luces de que ello ocurra. Según la jefa de la cartera sanitaria, la propuesta está en revisión y espera entregarla lo antes posible. Asimismo, dijo que tendrá como objetivo adecuar las normas del sistema privado y fortalecer a Fonasa y a la Superintendencia de Salud.
