Quienes se han acercado a las autoridades sanitarias para hablar de las crisis que atraviesan las aseguradoras privadas de salud, dan cuenta que hay dos grupos dentro del gobierno: quienes las quieren ver caer a toda costa y quienes están conscientes del daño que un colapso provocaría. Además, acusan que la Superintendencia de Salud no ha actuado tan rápido como podría.
El presidente de Clínicas de Chile acudió a hacer una presentación a los senadores de la Comisión de Salud sobre los efectos que podría generar la crisis de las isapres. En la instancia, los parlamentarios mostraron su preocupación por esta situación. El senador Juan Luis Castro (PS) afirmó: "Veo con estupor que las millonarias deudas que tiene el sistema asegurador están traspasándose de facto al sistema prestador”.
Las Isapres deberán devolver a las personas afiliadas los excedentes que se han acumulado en sus cuentas individuales, los que este año además incluirán los montos a favor de los cotizantes que se generaron tras el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el primer proceso de adecuación precio base de los planes de salud.
Los encuestados no respaldaron la administración actual de los fondos de pensiones a cargo de las AFP, y se inclinan en su mayoría por la coexistencia entre la oferta de un ente estatal y otro privado.
CUP-Salud, grupo integrado por académicos de Facultades de Medicina de universidades privadas, algunos de ellos exministros o subsecretarios, tiene como objetivo colaborar en la resolución de los principales problemas que enfrenta el sector como la crisis de las isapres.
En medio de la crisis que vive el sector, las isapres han disminuido su personal en 1.484 colaboradores entre septiembre de 2021 e igual mes de este año -un 16%-, y de ellos, el 77,8% fueron vendedores. Además, es muy probable que esas cifras hayan aumentado en este último trimestre, dado que Cruz Blanca despidió ahora en diciembre a casi toda su fuerza de ventas y que, según fuentes de la industria, Consalud también redujo sus vendedores en más de 200 personas en noviembre.
La estadounidense UnitedHealth Group (UHG) anunció que iniciará mecanismos de resolución de conflictos establecidos en Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por el país, en los que reclamará compensaciones por parte del Estado de Chile.
Mediante una carta, el gerente general de Empresas Banmédica informó al gobierno que su controlador, la estadounidense UnitedHealth Group, "iniciará mecanismos de resolución de conflictos" establecidos en TLC suscritos por Chile. Ello, en medio de un "creciente ambiente de incertidumbre e incomodidad frente a sucesivos cambios en las reglas del juego al margen de lo dispuesto en las leyes y bajo las cuales se tomaron importantes decisiones de inversión”.
El médico internista aborda la situación de las isapres, que a su juicio es un problema que podría afectar tanto al sistema de aseguramiento como a los pacientes. Además, sostiene que uno de los desafío para el próximo año es avanzar hacia la reforma de salud. En ese contexto, propone hacerlo a través de varios proyectos de ley.
La deuda de las isapres con los prestadores ha subido un 21% en cinco meses, a $ 550 mil millones a noviembre. “Ya llegamos a un punto límite”, advierte el presidente de Clínicas de Chile. “Aquí hay más de $ 100 mil millones en capital aportado por los prestadores para mantener este sistema funcionando, y (...) ya no hay holguras para seguir manteniéndolo”, afirma. Cree que el gobierno muestra voluntad para buscar soluciones, pero ello no se ha traducido en algo concreto. Al contrario, dice que “hay señales absolutamente equívocas”.
Un estudio realizado por los investigadores del OCEC UDP, José Acuña y Andrés Hernando, concluye que es esperable “que una reforma como la propuesta por el gobierno encuentre un problema de economía política importante mientras no logre garantizar, al menos para los afiliados a isapre que pueden identificarse como clase media, que se mantendrán los estándares de calidad y oportunidad que el sistema privado ha logrado establecer”.
Finaliza 2022 y las isapres deben cerrar sus estados financieros. En los balances, que reportan a fines de enero, las empresas deben registrar un nuevo pasivo: el monto que deberán restituir a sus afiliados por las tablas de factores, como ordenó la Suprema. Pero para poder hacerlo, primero deberán estimar la cifra. Si provisionan al pie de la letra lo que dictaminó la Suprema, significaría incumplir sus indicadores. El dilema para las isapres es si es posible medir los efectos del fallo o deben esperar las instrucciones del regulador. A ello se agregará otro problema: las auditoras deberán advertir si la industria está en riesgo de continuidad operacional o no.
Por más de dos horas este jueves se reunieron en Palacio la ministra de Salud, el superintendente de Salud y el director de Fonasa, con el Presidente Boric y el comité político, para exponer la situación en que se encuentra la industria tras el fallo de la Suprema sobre la tabla de factores.
En el proyecto plantean que las isapres puedan modificar el precio base del plan de salud, para que así cuando modifiquen la tabla de factores, haya una devolución a los afiliados que sería bastante menor o inexistente dependiendo del caso.
Eso sí, las pérdidas que registran al noveno mes del año son $10 mil millones menores respecto de lo que anotaban en igual periodo de 2021. Cruz Blanca es la isapre que reporta las mayores mermas a septiembre (-$44 mil millones) y le sigue Consalud (-$39 mil millones). Pero hubo dos isapres con utilidades: Vida Tres y Nueva Masvida.
