Son principalmente tres frentes en que las isapres están poniendo foco para hacer más eficientes sus procesos: una estrategia judicial contra licencias médicas fraudulentas, conversaciones con prestadores para bajar costos, y digitalización. Esto último ha implicado el cierre de sucursales, así como despidos masivos en varias compañías. También hay dos aseguradoras que ahora llamaron a la totalidad de sus fuerzas de ventas a tomarse vacaciones obligatorias por 15 días para poder hacer liquidez.
La ministra de Salud, aseguró que el objetivo es que "puedan pasar de isapres a seguros complementarios y eso es lo que debería ocurrir”. Esto luego que el sector acusara que se encuentra en una "situación crítica".
La aseguradora adoptó esta medida dado el escrutinio público que se ha generado y tras el emplazamiento que han hecho autoridades de gobierno y parlamentarios. Por ahora, la isapre suspendió la notificación y tramitación de las causas, pero eso no implica que se hayan retirado, por lo que también podrían ser reactivadas a futuro.
Ingeniero civil industrial de la UC de 42 años, Felipe Galleguillos presentó su renuncia a la isapre. Llevaba más de cinco años en la empresa y era su gerente general desde octubre de 2020: hace menos de una semana había anunciado una agresiva estrategia legal que fue cuestionada por la autoridad. El directorio designó en su remplazo en forma interina a Carola Schwencke, hoy gerente de Salud.
Ello ocurre luego de la polémica que se generó tras la decisión que tomó la compañía de demandar a sus afiliados que han interpuesto recursos de protección para dejar sin efecto la tabla de factores, según informó Galleguillos el pasado fin de semana.
Desde el gremio señalaron que "las isapres ya no tienen margen de operación, hoy funcionan únicamente con aportes de capital de sus dueños y el cierre puede producirse en solo meses. Afirmar lo contrario es arriesgado”.
Pidió que le informe la cantidad de afiliados ya demandados o que pretenden demandar en el futuro próximo, los argumentos que fundamentan dichas acciones judiciales y una estimación de los costos y recursos a invertir en los procesos judiciales que anunció su gerente general.
Ya se han ingresado casi 300 mil recursos de protección entre enero y mayo de este año, lo que implica un alza de 234% versus igual periodo del año anterior, según cifras dadas a conocer por la Corte Suprema a senadores. Además, solo a mayo de este año ya se superó el total de recursos de protección contra isapres que hubo en 2020, así como el global ingresado en 2021. La Corte de Apelaciones de Valparaíso concentra más de un tercio de las causas del país.
Esta mañana la ministra de Salud, también se refirió a la demanda de Colmena a sus afiliados, indicando que "las organizaciones que tienen como responsabilidad la seguridad social, la relación con las personas que cuidan no pueden ser por tribunales”.
Hay dos temas principales por los cuales los afiliados han llevado a la justicia a las isapres. El primero, y más masivo, es por la adecuación que anuncian las aseguradoras cada año para aumentar los planes de salud. El segundo, es para dejar sin efecto la tabla de factores. Esta última judicialización es la que llevó a Colmena a anunciar demandas contra dichos afiliados. ¿En qué consiste la judicialización por tabla de factores?
El gerente general de isapre Colmena cuenta que tomaron la decisión de iniciar una arremetida judicial contra los afiliados que han interpuesto recursos de protección para dejar sin efecto la tabla de factores, ya que la judicialización que han visto en el último tiempo por esta causa “podría (hacer) colapsar el sistema”. Reconoce que “es una alternativa que no hubiéramos querido tomar”. Además, asegura, que “el sector que por lejos enfrenta más incertidumbre en Chile es el de las isapres”.
Por su parte, en el marco de la audiencia pública realizada para analizar el recurso de revisión especial presentado por ambas isapres, la Fiscalía advirtió que esta operación implicaría alzas de precios para los afiliados, deterioro en las coberturas y una menor calidad del servicio, especialmente a los afiliados de las zonas norte y sur del país.
Luego de que las isapres advirtieran que la sostenibilidad del sistema privado de salud en Chile "está en riesgo" si se impide el reajuste de planes aplicado en meses recientes, la ministra de Salud abordó el tema indicando que la Superintendencia de Salud "solo está resolviendo de forma institucional lo que la ley la mandata".
En el marco de una audiencia pública realizada para analizar el recurso de revisión especial presentado por ambas isapres contra la decisión de la FNE, la Fiscalía advirtió que esta operación implicaría alzas de precios para los afiliados, deterioro en las coberturas y una menor calidad del servicio, especialmente a los afiliados de las zonas norte y sur del país.
Las seis isapres abiertas del país, Colmena, Cruz Blanca, Consalud, Banmédica, Vida Tres y Nueva Masvida, expusieron ante la Tercera Sala de la Corte Suprema los riesgos de impedir el reajuste de planes aplicado en meses recientes y que han sido cuestionadas a través de recursos de protección. “Tenemos un riesgo sistémico, las isapres están al límite (…) Si las isapres quiebran, a continuación van a quebrar también las clínicas”, sostuvo el abogado de Vida Tres.
