Un estudio de la Fundación Politopedia proyecta que del total del dinero que aportan los afiliados con su cotización legal en las isapres, este año se destinará un 40% al pago de licencias, y en Fonasa será más de la mitad de la cotización. Todos coinciden en que el impulso hoy viene por las patologías de salud mental. Pero también hay quienes hablan de un aumento en licencias injustificadas o fraudulentas que incluso se venden en redes sociales.
El fallo señala que la Superintendencia deberá “proceder a la entrega de tales dineros a sus únicos dueños, los afiliados contenidos en la cartera transferida que efectivamente los causaron”, lo que va en contra de las pretensiones de prestadores médicos que esperaban recibir parte de esos dineros. Estos, en todo caso, podrían recurrir a la Suprema.
La Asociación de Isapres detalló que la mayor cantidad de estas pérdidas se concentró justamente en el segundo trimestre del 2021, ya que en este periodo ninguna de las isapres reportó ganancias, totalizando -$40.703 millones. Según el gremio, las pérdidas registradas al cierre de junio “se debe principalmente al excesivo aumento de licencias médicas, con un alza que llega al 35,7% respecto al año anterior".
Entre los mejor ubicados figuran los rubros Telecomunicaciones con una aceptación de 56%, Gas con un 55% y Electricidad con 53%. Le siguen las Cajas de Compensación (52%), Bancos (51%) y Clínicas (50%).
La proporción de personas en el sistema público de salud alcanzó a 76,5% del total de la población, de acuerdo al sondeo. Sin embargo, desde la institución informaron que en número de personas en 2020 la cifra creció en más de un millón, llegando a un récord de 15.142.528.
Las empresas tienen claro que vienen cambios: los programas de los candidatos presidenciales y la discusión constitucional anticipan reformas profundas. En ambas industrias esperan un rol más relevante del Estado. Un plan universal de salud podría limitar el marco de acción de las isapres a los seguros complementarios, mientras las AFP deberán, al menos, enfrentar la competencia de una gestora estatal y, en el peor de los casos, recluirse al ahorro voluntario y la gestión de portafolios.
Los estadounidenses gastan casi US$ 11.000, según la OCDE.
“Un entrante podría tardar al menos tres años para alcanzar un margen operacional positivo”, aseguró la Fiscalía en una presentación de 51 páginas.
Autoridad está diseñando un índice que debutará en marzo de 2021 y establecerá una variación pareja para todos los planes, evitando dispersiones que afectaban más a algunos grupos. Expertos llaman a que las variables que se incluyan en el cálculo incorporen mecanismos de control de costos en las aseguradoras, a objeto de evitar aumentos de precios.
Así lo revelan cifras de Altura Management: han ingresado 172 mil recursos durante la pandemia por los anuncios de postergación de cobros que hicieron las isapres del proceso 2020. Y pese a que finalmente no podrán concretar estos incrementos debido a la ley que los prohibió, de todas maneras podrían tener que desembolsar un total de $19.100 millones por concepto de costas judiciales.
La acción es tramitada en el 21º Juzgado Civil de Santiago y se dirige en contra de Banmedica, Vida Tres, Cruz Blanca, Colmena, Consalud y Nueva Masvida. La demanda busca descomprimir el sistema judicial, ya que año a año son miles de recursos de protección los que ingresan a las cortes de Apelaciones en contra de las alzas unilaterales. Los perjuicios ocasionados a los afiliados suman más de US$ 867 millones.
En conjunto, las isapres abiertas perdieron $14.872 millones en los primeros cuatro meses de este año, lo que se compara con ganancias por $34.984 millones en igual lapso.
Las isapres comenzaron a notificar a los afiliados el aumento de precios correspondiente al período 2020-2021, que se postergó por la emergencia sanitaria. Y en solo cuatro semanas, la Superintendencia de Salud ya ha recepcionado 11.437 requerimientos para evitar la adecuación. Hasta ahora, casi un tercio ha sido resuelto, todos en favor de los asegurados y en un plazo promedio de 18 días.
El acuerdo se materializará una vez haya sido aprobada la operación por parte de la Fiscalía Nacional Económica.
