La compañía, que pretendía adquirir la isapre y fusionarla a Nueva Masvida, lamentó la decisión de la Fiscalía Nacional Económica de prohibir la operación. Además, afirmó que la inquietud de la FNE de un eventual alza de precios, algo que regula la ley, es "un sinsentido lógico y económico" que no se condice con la legalidad vigente.
El organismo argumentó, entre otras cosas, que tomó esta decisión porque “en la práctica, ello se traduciría en mayores precios en los planes de salud de actuales o de nuevos afiliados y/o afectaría la calidad de dichos planes".
Centros de salud acusan compromisos impagos por $ 600 mil millones, lo que ha llevado a suspender coberturas de hospitalización de algunos pacientes. Las aseguradoras apuntan a la pandemia, mientras la autoridad vigila de cerca los estados financieros.
Grupo Alemana, sociedad que pertenece en un 100% a la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia (CCAB), realizó un aumento de capital en la Isapre que tiene registrada desde el 2001 en la Superintendencia de Salud, sin actividad hasta ahora.
De esta manera, las aseguradoras privadas deberán eliminar las preguntas de la Declaración de Salud relacionadas a enfermedades mentales o discapacidades psíquicas o intelectuales.
Según el informe de la consultora MC2, en caso de fusionarse ambos sistemas, resultaría un per cápita de $570.799 por beneficiario, inferior al que dispone hoy Fonasa para prestaciones médicas, que es de $606.633 al año por beneficiario.
Los gremios acudieron a la Comisión de Derechos Fundamentales para exponer, por 20 minutos cada uno, sus posturas de cara a la nueva Constitución. Desde las AFP participó la presidenta de la Asociación, Alejandra Cox. En isapres también estuvo el presidente, Gonzalo Simón.
En septiembre, las licencias por coronavirus fueron 43.566. Pero las que están impulsando el alza de licencias médicas son las de otras enfermedades, que en ese mes llegaron a 555.723, versus las 354.432 que se registraron en igual mes de 2020, o las 368.116 de 2019. Lideran las relacionadas a trastornos mentales y del comportamiento, y enfermedades osteomusculares.
Esto es más que todas las utilidades que lograron en los últimos dos años. En el tercer trimestre la industria perdió cerca de $90.000 millones, según señalan fuentes conocedoras, lo que se suma a la merma por $47.829 millones que llevaban al cierre del primer semestre.
La medida, que aplica a los nuevos contratos, se enmarca en la ley promulgada en mayo, que impide discriminar los trastornos psíquicos, que hoy encuentran topes de financiamiento en el 96,4% de los planes. Se espera que las bonificaciones, que cubren solo el 28,9% del gasto de los pacientes, se incrementen al doble, equiparándose al resto de las atenciones.
Este mal uso de las licencias médicas o Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) tiene, al menos, tres consecuencias que afectan negativamente al sistema de salud en su conjunto y a la productividad del país.
En una primera etapa, la compañía detalla que serán cerca de 28 afiliados a los que se les pondrá fin al contrato, como consecuencia del uso ilícito de esta herramienta terapéutica. La medida se suma a las acciones legales que ha llevado a cabo la isapre en contra de más de 120 médicos que han emitido licencias sin justificación médica durante los últimos meses.
El gasto real que hizo el sistema en licencias subió 14,9% el año pasado, explicado porque aumentó el número de días pagados, lo que en parte se debe al incremento en licencias por trastornos mentales, que suelen ser licencias por más cantidad de días.
Oncovida recurrió a la Corte Suprema tras el fallo de Apelaciones que ordenó a la Super de Salud devolver a los afiliados de ex Masvida sus excedentes. La acción de la firma, en su carácter de prestadora de salud y acreedora de la Isapre Masvida, busca determinar quién debe hacerse cargo del pago de los excedentes, tras cuatro años de litigio.
En un correo informativo que envió a sus clientes, la isapre señala que iniciaron acciones legales en contra de diversos médicos por sospechas de emitir licencias médicas fraudulentas. También enseñan un reciente fallo donde consiguieron que el imputado no pueda dar licencias por un año y el pago de $15 millones.
