Desde que estalló en el seno de la Corte Suprema el caso por supuesto tráfico de influencias en nombramientos judiciales -por chats revelados en causas penales-, en los pasillos del Palacio de Tribunales el ambiente se corta con cuchillo. El presidente Ricardo Blanco, en los últimos días, ha tomado a la Comisión de Ética por las astas y, dando un “mazazo”, desafió a cuatro de sus pares del máximo tribunal.
"Nosotros hoy día terminamos tranquilos, bien, cada uno a su sala, a hacer su trabajo, respaldando como siempre a nuestro presidente, que es lo que corresponde porque fue elegido por unanimidad, y él mantiene el liderazgo que corresponde", afirmó la magistrada tras el Pleno extraordinario de este jueves.
"Yo no he hecho ninguna gestión reprobable de nada, en ningún caso, y sobre todo: yo no era ministro de esta corte, no era funcionario judicial y, por lo tanto, esta corte no tiene ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial”, aseguró el magistrado.
La determinación se adoptó durante el pleno en que participaron 11 de los ministros titulares y a pesar de que en discusiones anteriores se había alcanzado consenso respecto a que la mencionada instancia estaba desactualizada.
El ministro del máximo tribunal durante el 2019 realizó para la institución castrense, en su calidad de abogado penalista, un modelo de modernización de los procesos internos del Ejército en medio de la investigación por el fraude en la institución.
El magistrado de la Corte Suprema se defiende y aclara la vinculación que tuvo con el abogado Luis Hermosilla. "No le pedí que hiciera ninguna gestión a mi nombre con senadores ni con ninguna otra persona (...) Es imposible atribuirle una influencia en mi nombramiento", afirma el juez que integra la sala penal del máximo tribunal.
De acuerdo a fuentes de gobierno, habría sido la Comisión de Constitución la que solicitó más tiempo para analizar los antecedentes, mientras que fuentes parlamentarias señalan que el Ejecutivo suspendió la urgencia. El punto, señalan, es que el nombre de Jean Pierre Matus no contaba con los 29 votos que se requieren para su nominación.
El penalista, académico y exabogado integrante ha enfrentado una serie de cuestionamientos durante su proceso en el Senado para llegar a ser el próximo ministro de la máxima instancia de la judicatura. Pese a todo, el gobierno persistirá en su nombre y lo someterá a la aprobación de los senadores. Estas son las críticas que ha recibido, los hechos que rodean su candidatura y las explicaciones que ha entregado.
En un documento de dos páginas el Ministerio Público aclaró las dudas que generó una querella en la cual se nombra al abogado Jean Pierre Matus, la carta del gobierno para llegar a la Corte Suprema en el cupo del exsupremo Carlos Künsemüller. El fiscal Centro Norte Jaime Retamal rechazó tajantemente la solicitud del querellante en la cual se pedía citar al exabogado integrante del máximo tribunal como imputado.
La carta de Piñera para reemplazar al exsupremo Carlos Künsemüller ha generado apoyos y resistencias. Mientras históricos abogados de derechos humanos lo defienden, organizaciones también vinculadas a ese mundo le reprochan su paso como asesor del comandante en jefe del Ejército. Para el penalista, académico, cercano al Partido Socialista, exabogado integrante de la Corte Suprema y autor de decenas de libros el camino no se ve fácil. Necesitará los votos de 2/3 del Senado para lograr ser el integrante número 20 del pleno del tribunal más importante del país.
La Cámara Alta debe visar el nombramiento con 2/3 de los votos, en un escenario que se mantiene incierto ya que desde la oposición varios parlamentarios han expresado su preferencia por el académico José Luis Guzmán.
Tras el estallido de los casos de corrupción en el cuerpo militar, el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, encargó al penalista una modernización de los procesos al interior de la institución castrense que impidan que se vuelvan a cometer los delitos detectados en los últimos años.
