La parlamentaria desde el 14 de noviembre no ha asistido a la Cámara, mientras en paralelo sigue en curso la denuncia que presentó la dirección regional de la tienda en su contra.
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La acción que interpuso la directiva del FA en la Región Metropolitana -a la que accedió La Tercera y que avanzó en una primera instancia- se sustenta en cuatro hechos, entre ellos la comunicación con la denunciante y la fiscal del caso contra Jorge Valdivia. “Son todas actuaciones de carácter intimidatorio, que fomentan la victimización secundaria", se sostiene en el escrito.
El diálogo telefónico, que se dio días después de que el deportista fuera formalizado, se extendió por quince minutos y en él la parlamentaria entregó varios detalles a la denunciante respecto al deportista. Asimismo, le comentó lo que ella conocía sobre el segundo hecho, que por ese entonces se desconocía. Esta fue la primera comunicación entre la diputada del Frente Amplio y la denunciante, que luego tuvo otro episodio.
La titular de la Mujer afirmó que, en virtud de que estos delitos son más visibilizados, "son denunciables, incluso sean cometidos por un subsecretario o un futbolista".
Expersecutores afirman que reiterados mensajes de la parlamentaria del Frente Amplio en el marco de la causa de su expareja no se configurarían en un delito, pero sí son "imprudentes" y reprochables "desde el punto de vista ético". Por su parte, la abogada del exfutbolista dice que no han tenido ningún contacto con ella.
La parlamentaria sigue incomodando a su colectividad, al gobierno e incluso al resto de partidos oficialistas. Mientras está con licencia, comienzan a correr los tiempos de tramitación de su caso en el tribunal regional, el que tiene hasta 30 días para resolver la admisibilidad de la denuncia en su contra. En la dirección nacional esperan que la instancia se pronuncie lo antes posible.
Por estos días no pocas voces cuestionan la intervención que hizo la diputada del Frente Amplio en la causa por violación que involucra a su expareja Jorge Valdivia. Si bien ante Fiscalía declaró que se contactó con la víctima para ayudarla, fuentes del caso apuntan a que los motivos más bien habrían sido personales, es decir, para protegerse a sí misma: habría buscado que la víctima pudiera hacer alguna gestión para que la PDI sacara del expediente las conversaciones que ella tenía con Valdivia, pues revelaban aspectos íntimos de su relación con él y que nada tenían que ver con los hechos que se investigaban respecto a los delitos sexuales.
La frenteamplista está en el centro de las críticas luego de que se diera a conocer que se contactó con la fiscal Lorena Parra, quien encabeza la sede que investiga a Jorge Valdivia.
Constanza Martínez sostuvo este jueves -en su primera declaración tras revelarse que la congresista se comunicó con la fiscal del caso de Jorge Valdivia- que desde la tienda oficialista comparten los dichos "que han dado algunos personeros de gobierno" y que les parece es una actuación "por lo bajo imprudente".
La ministra del Interior sostuvo este jueves que en esta materia “hay otras instancias que tendrán que pronunciarse, la misma Fiscalía, los órganos internos del partido de la diputada”, y destacó que al gobierno "no le corresponde dictar ningún tipo de sentencia".
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
Francisco Leturia señaló que el contacto se remonta a cuando Orsini llamó a la general de Carabineros Karina Soza, a propósito de un procedimiento policial que involucró a Valdivia.
A la titular de la Mujer, quien mantiene un historial de desencuentros con la diputada, se le agotó la paciencia y así se lo hizo saber a la mesa de su partido. El contacto de la parlamentaria con la fiscal que investiga el caso de presunta violación cometida por su expareja Jorge Valdivia terminó con que se tomaran cartas en el asunto.
La diputada está siendo cuestionado por el contactó vía mensajería que sostuvo con la persecutora Lorena Parra.
En una declaración, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que "es muy reprochable" que personas que desarrollan funciones públicas no entiendan la obligación que existe de cumplir con las normativas.
