La instancia quedó fijada para el lunes 19 de junio desde las 09.00 horas. El Ministerio Público pide penas que suman 43 años de cárcel para el imputado.
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Dimisión de la jueza se da luego de la polémica por sus dichos sobre el fallo que obliga a las isapres a restituir cobros en exceso.
En conversación con el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, y a petición del pleno, la magistrada dejará su rol como portavoz del Poder Judicial en medio de la polémica por sus dichos sobre el fallo de las isapres.
"Desde el Ejecutivo nunca se ha planteado la posibilidad de que a la gente se le vaya a pagar un cheque”, sostuvo la ministra Ximena Aguilera en exposición en la comisión de Salud de la Cámara Alta. El titular de Justicia, Luis Cordero señaló en la instancia que en 2022 el 83% de los casos que resolvió el máximo tribunal fueron recursos contra las isapres, lo que implica “consecuencias complejas de congestión judicial” advirtió.
“A todos, de alguna forma, les llamó la atención este aparente giro. Por lo tanto, como nosotros tenemos que regirnos de acuerdo a lo que diga la Corte es importante precisarlo", sostuvo la titular del Minsal.
Instancia estaba fijada a partir de las 8.30 horas.
El sujeto, de nacionalidad venezolana, había sido condenado previamente por causa de microtráfico y porte de armas. Deberá cumplir 3 años y 1 día de presidio.
"La interpretación correcta del fallo la da la Sala, no yo. Yo di mi visión", afirmó.
Tribunal lo sentenció a 61 días de reclusión menor en su grado mínimo. Deberá pagar una multa de $675 mil.
“Lo que necesitamos es que las personas que están detrás de estos delitos cumplan condena, se ubique a esas personas y después se pongan ante la justicia y sean condenadas. Para eso, la Ley Antiterrorista hoy día no es eficiente", afirmó el delegado presidencial regional de La Araucanía, José Montalva.
“No les puedo decir que va a haber un cambio o no va a haber un cambio, porque esas decisiones son de las salas, no del Pleno de la Corte Suprema”, afirmó Juan Eduardo Fuentes Belmar. "Ese es un tema absolutamente de la Tercera Sala y en su competencia es a esa sala a la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento o dictar cualquier resolución al respecto”, sostuvo.
Corte acreditó las consecuencias sicológicas y físicas que dejó a la actual senadora y a sus familiares el ataque que recibió con una bomba lacrimógena, que la dejó sin los sentidos de la vista, gusto y olfato.
"Es posible afirmar la gravedad de la potencial afectación de la vida e integridad física que causaría la divulgación de la identidad mantenida en reserva hasta ahora", sostuvo el máximo tribunal.
"Es un hecho gravísimo", afirmó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, informando que fue iniciada una investigación por el delito de incendio.
Desde la Fiscalía señalaron que el tribunal dictó la medida por considerar a la imputada un "peligro para la seguridad de la sociedad". Se fijaron 120 días para la investigación correspondiente.
