Los policías, que fueron dados de baja, junto a otro exfuncionario fueron formalizados por el Ministerio Público por los ilícitos de exacciones ilegales, amenazas extorsivas y cohecho.
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Pleno se pronunció respecto al artículo 9° del proyecto, que alude a las competencias del Poder Judicial y a las atribuciones que se da a los tribunales de justicia.
Fueron imputados por delitos de trata de personas, tráfico de drogas y posesión de armas.
“Hemos señalado reiteradamente que esa organización criminal no solo tiene actividades en el norte de Chile, sino que también hemos detectado actividades que se extienden hasta el sur", afirmó el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia.
Para otra oficial de la institución uniformada se fijó la medida cautelar de arresto domiciliario, al igual que para cadete del Ejército involucrado. Sistema de defraudación operó desde diciembre de 2021 a mayo de 2022.
"Estos resultados de las investigaciones profundas que se han hecho en el marco del crimen organizado, nos han empezado a dar luces respecto de cuál era la amplitud del crimen organizado que teníamos en nuestro país", señaló la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner.
Juicio partió en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua este lunes. Se les acusa de un menoscabo patrimonial por $1.300 millones a uno de los empresarios más grandes del país.
Desde su defensa indicaron que debían coordinar la entrega de medicamentos debido al estado de salud de su representado.
Fue formalizado por tenencia ilegal de arma de fuego.
Estaba oculto en un domicilio de un familiar en Las Condes. Pasará a control de detención, para luego ingresar a cumplir una pena efectiva de cinco años de cárcel. Su defensa estudia vías para revocar la orden de la corte santiaguina.
El fiscal jefe de Focos Investigativos Occidente, Sergio Soto, detalló una serie de diligencias pendientes de concretar y justificó su solicitud “por la envergadura” de esas diligencias. Soto detalló que desde Asuntos Internos de Carabineros se les informó de forma preliminar que cerca de 500 funcionarios de la policía uniformada “habrían participado tanto en calidad de víctimas como también como reclutadores de otras personas en esta máquina de defraudación”.
"El imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, principalmente por registrar 25 condenas por diversos delitos", señaló la vocera de la Fiscalía de La Araucanía Nelly Marabolí.
Ricardo Javier González Latorre fue declarado culpable por dos delitos de homicidio calificado, uno consumado y otro en calidad de frustrado.
Así las cosas, la audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el viernes 5 de junio a las 13.30.
El imputado luego del crimen registró el domicilio, sustrayendo especies y una suma de dinero de $283.884. En su huida, además, se encontró con la hija de la víctima a quien amenazó. Se fijaron seis meses para la investigación.
