Después de que los Testigos de Jehová de España demandaran a la asociación de víctimas y exmiembros de la institución, la justicia española desestimó el caso, aludiendo a la libertad de expresión.
Kathleen Folbigg fue considerada la peor asesina en serie del país por la muerte de sus cuatro hijos. Ahora está libre y ha limpiado su nombre. Su abogada planea reclamar una compensación “sustancial”.
Dos audios son los que intercambiaron la concejala de Revolución Democrática por Antofagasta, Paz Fuica, con el presidente de la Fundación Democracia Viva, en que hablan sobre el convenio entre la ONG y la Seremi de Vivienda de la región. En los mensajes de voz, Andrade asegura que el Serviu "nos está apretando para que cerremos el trato". Además, entre los antecedentes también figuran conversaciones por WhatsApp de la autoridad comunal con otra organización ofreciéndole un trato para que postulara a un programa de salud mental. Todos estos antecedentes, y más, serán expuestos en la formalización de cargos de este jueves.
La acusación judicial asegura que el hijo del mandatario estadounidense, Joe Biden, “gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en lugar de pagar sus impuestos” y que habría evitado cancelar compromisos impositivos por al menos 1,4 millones de dólares.
La otrora autoridad de Vivienda en Antofagasta entregará detalles sobre quién, cuándo y cómo envió a Presidencia antecedentes del caso de Democracia Viva. Además, de acuerdo con sus cercanos, relatará respecto de la serie de personeros de gobierno que visaron los convenios que se firmaron desde la repartición. Entre ellos, se referirá al rol de Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda y quien le pidió apurar los procesos.
Además, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseveró que "el país sigue realizando las investigaciones correspondientes y condenando a los responsables”.
La Fiscalía de ese país ha pedido 30 años de prisión para la líder del partido Fuerza Popular y excandidata presidencial por ocultar aportes para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
El abogado fue presidente del Consejo de Defensa del Estado entre 1993 y 1996. En este marco, se hizo cargo de los alegatos ante la Corte Suprema, en nombre del Estado, en el caso del ex embajador chileno asesinado en Washington, Orlando Letelier.
La disputa en Morandé 440 estalló cuando Carlos Miranda -conservador de Hipotecas- demandara, a nombre de la institución, a los sindicatos de trabajadores que tiene el organismo, solicitando la nulidad del contrato colectivo alcanzado antes de que él fuera nombrado en el cargo en octubre del año pasado. Sin embargo, solo días después de la presentación ante la justicia, su par e histórico conservador de Registro de Propiedades Luis Maldonado presentó un escrito solicitando el rechazo de la acción, reclamando que esta arremetida judicial no fue informada al resto de las autoridades del CBR, por lo que sería ilegal. El enfrentamiento abrió una batalla descampada entre "la vieja y la nueva escuela".
En medio del Proceso de Admisión Universitario 2024, 1.838 personas que se encuentran privadas de libertad en diferentes recintos carcelarios rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior. El hecho fue considerado como un importante hito por parte del ministro Luis Cordero.
La cartera encabezada por el abogado envió esta semana seis oficios al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicien el proceso de cierre de Kimün, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Fundación Local, Fundación En Ti, Espacio Coigüe y Fundelin. Aquello, como se determinó en el proceso de análisis, porque dichas entidades abusaron del objeto social para el cual se constituyeron.
El caso se originó en diciembre de 2018, cuando se presentó una denuncia por ruidos molestos ante la SMA, contra la faena de construcción del Edificio Alonso de Camargo, ubicado en la calle Alberto Vial Infante N°6041, comuna de Las Condes.
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Esto, luego de que el 30 de octubre pasado, el Juzgado de Garantía de Arica desestimara la imputación de "violación de secreto" realizada contra cuatro abogados que solicitaron y accedieron a la identidad de 57 testigos reservados en el marco de una investigación de la Fiscalía en contra del clan de “Los Gallegos”, vinculado al grupo criminal internacional de origen venezolano.
"Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura", aseguró el abogado en una declaración.
