“La idea es escuchar sus argumentos de por qué debiese ser ratificado, y esperamos también que se haga cargo de las distintas observaciones que se han hecho cuestionando su nombre” expresa el presidente de la instancia, senador Pedro Araya.
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En un tono conciliador inhabitual, el mandatario brasileño ultraderechista aseguró en una declaración escrita que nunca tuvo “ninguna intención de agredir a ningún poder”. “Reitero mi respeto por las instituciones de la República, fuerzas motoras que ayudan a gobernar el país”, aseveró Bolsonaro luego de las pugnas que ha sostenido con el Supremo Tribunal Federal de Justicia, que abrió varias investigaciones contra él y su entorno, entre otros motivos por propagación de informaciones falsas.
La investigadora Patricia Cerda solicitó la audiencia de imputación de cargos, la cual fue fijada para el 5 de octubre. A la exministra de Justicia se le atribuye el desvío de fondos, entre 2007 y 2011, periodo en que fue subsecretaria de Carabineros. Querella del CDE la acusó de malversar más de $ 47 millones.
Esta mañana el ministro Segpres, Juan José Ossa, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirieron al avance en la digitalización de trámites. "¿Cuánto tiempo pierde la gente? ¿Cuántos recursos se malgastan? ¿Cuánto impacto en el ecosistema? La pandemia gatilló con fuerza algo que ya estaba latente y en proceso, y que el Presidente pidió acelerar", dijo el ministro Larraín.
Esta vez la decisión se ha tomado en un nuevo juicio ordinario interpuesto por el Ministerio de Gobierno, la Presidencia del Senado y la Procuraduría General, recoge la prensa local. El anuncio se ha producido un día antes de la audiencia que Áñez tiene prevista para pedir el cese de la medida carcelaria. La exmandataria está en prisión desde el 15 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019 y que desembocó en la renuncia de Evo Morales.
La acción judicial que también afecta a Iber Maraví, nombrado como ministro de Trabajo por el presidente Pedro Castillo, fue presentada por oficiales retirados de las FF.AA. peruanas. “Son personas que tienen relación o han mostrado estar a favor de personas y/o grupos vinculados al terrorismo y/o a facciones extremistas que son objeto de investigación y lucha por el personal de las Fuerzas Armadas y policial”, señalaron en el documento interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Lima (CSJ). Igualmente solicitaron que se ordene al mandatario, que se abstenga de designar en cargos de influencia en sectores como la policía o las FF.AA. a personas con investigaciones por “vínculos con el terrorismo”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, solicitó a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal -instancia integrada por representantes de la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Nacional, Carabineros, la PDI y el Colegio de Abogados- analizar la aplicación de las prisiones preventivas en el país, con especial énfasis en los casos derivados del estallido social.
El titular de Justicia participó de la Comisión de Constitución del Senado donde se discute la iniciativa parlamentaria impulsada por un grupo de legisladores de oposición. “Si la Convención empieza a decirle al Presidente, al Congreso o a los jueces lo que tienen que hacer, no estamos cumpliendo nuestro ordenamiento jurídico”, agregó el secretario de Estado.
El Tribunal Federal de Sao Paulo ordenó al gobierno brasileño compensar a la población mediante el pago de una multa por daño moral causado por declaraciones de Bolsonaro y sus ministros, que “discriminan y refuerzan los prejuicios contra las mujeres”, aunque la decisión puede ser apelada. La Fiscalía ha enumerado una serie de expresiones del propio presidente, así como de la ministra de Mujer, Damares Alves; y de su homólogo en el área de Economía, Paulo Guedes. Además, se sindica al régimen del polémico mandatario de "denotar el absoluto desprecio al deber institucional de promover la Igualdad de Género".
En lo que va de 2021, el Ejecutivo ha devuelto a sus países a 393 extranjeros por ingresar ilegalmente a Chile, bajo argumentos como desincentivar el ingreso clandestino, evitar que pongan en riesgo sus vidas al ingresar de forma ilegal, así como el haber cometido delitos ya sea en el país de origen o en territorio nacional. "Cuando se decretan estas medidas, es un proceso administrativo, al afectado no se le da la oportunidad de ser oído, no conoce claramente cuáles son las razones para su expulsión", explicó la ministra vocera de la Corte Suprema.
El jefe comunal es investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. En la audiencia también se realizará la formalización del exfuncionario municipal y exjefe de gabinete, Daniel García; y la revisión de prisión preventiva del imputado José Miguel Zapata, exconcejal acusado de corrupción.
El candidato presidencial de la UDI explicó que “así como en otros países, nosotros lo hemos visto muchas veces, hay un jurado compuesto por personas que viven el día a día, tal como por ejemplo hoy se sortean los vocales de mesa, que una víctima pudiera decir ‘mira, yo quiero elegir que sea un jurado el que vea mi caso’. Y personas que viven el día a diario de los chilenos participaran del proceso”.
Con la inauguración de nuevas salas de entrevistas en las regiones Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos al término de la ceremonia telemática se dio inició a la segunda etapa de la ley que busca prevenir la victimización secundaria de niños y adolescentes.
El magistrado sustituyó el resto de la condena de 10 años y un día, que cumplía desde agosto de 2015, por por reclusión domiciliaria total. La decisión se fundamentó en motivos humanitarios, ya que Torres Silva “padece un cáncer prostático metastásico, con múltiples complicaciones locales, óseas y hematológicas, sin mejoría, en estado terminal y sujeto solo a cuidados paliativos”, según se lee en la resolución adoptada el pasado 5 de abril.
