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En este sentido, un juez declaró improcedentes todos los argumentos judiciales planteados por la defensa de la exmandataria, que buscaba dejar sin efecto la premisa de que Áñez debe ser sometida solo a juicios de responsabilidades por su condición de gobernante. Por otra parte, la Fiscalía boliviana solicitó este martes que se congelen sus cuentas bancarias, de dos de sus exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán y de exaltos mandos de las Fuerzas Armadas en el marco de la investigación de los sucesos ocurridos tras la crisis post electoral de 2019 y que provocó la salida del expresidente Evo Morales.

Un análisis del Observatorio Judicial revela que cada año menos personas recurren a los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA): en 2014 se presentaron 2.439 causas, mientras que en 2019 ingresaron 1.072 y en 2020 fueron solo 987. Entre las razones de la caída se señala que tiene que ver con que el contribuyente pierde el 70% de las veces en los principales TTA del país, y el 75% de las veces en la Corte Suprema. A eso hay que sumarle el alto interés que termina pagando cuando pierde en juicios de larga tramitación y que duran, en promedio, tres años.

El tribunal confirmó lo adelantado por La Tercera el pasado 29 de marzo, respecto a rechazar la solicitud del Ministerio Público, en base a que no se cumplen los requisitos de tipicidad de la calificación jurídica de tráfico de influencias. Es decir, que el senador no tenía una posición de “influencia” sobre los concejales ni el alcalde de Pirque.

Cristián Suárez trabajó como conductor de la autoridad, sin embargo, ya no ocupa ese cargo. En una carta entregada a los ministro del Tribunal Constitucional, la cual forma parte del sumario que instruyó el organismo, sostuvo que "durante mis 31 años de desempeño en la institución de Carabineros de Chile jamás sufrí la situación experimentada durante los meses en que presté servicios como conductor de la señora presidenta de este tribunal”.

El comportamiento en sus tres sedes fue dispar. Mientras en Antofagasta bajó el número de causas iniciadas, con 12, frente a 26 de 2019, en Santiago hubo un fuerte incremento, pasando de 37 a 53.

"Este encierro, esta incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, hasta dónde va a durar esta situación, eso ha tenido una influencia en la comisión de este tipo de delitos, los ha aumentado”, dijo el ministro Guillermo Silva. En tanto, sobre la discusión sobre la pena de muerte, relató que en el pasado la aplicó, pero que hoy "no volvería a hacerlo".

El gobierno presentará una indicación sustitutiva al proyecto de la senadora Adriana Muñoz que permite el uso tobilleras electrónicas para los imputados por agresiones en el núcleo familiar y que actualmente sólo se aplican a los condenados.

En tanto, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, sostuvo que “el camino que hay que seguir, no creemos que sea la pena de muerte”.

Hernán Larraín aseguró que "nuestro estado de derecho funciona", pero reconoció que que existen temas que se deben "mejorar y perfeccionar". En esta línea, emplazó al sistema judicial a acelerar sus respuestas para que "ciertas situaciones transitorias no se conviertan en definitivas”.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella por presuntos delitos asociados a crímenes de derechos humanos, presentada por la Comisión Chilena de DD.HH. contra el Presidente Sebastián Piñera, el exministro del Interior Gonzalo Blumel y el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas. Pero el tribunal hizo una salvedad que ha generado cierta tranquilidad en La Moneda: rechazó que la acción judicial fuera dirigida a los personeros.

El expersecutor, Claudio Roe, fue detenido este martes luego de ser sorprendido ingresando elementos prohibidos (celulares, cargadores, entre otros) y 20 pastillas de clonazepam a la cárcel de Alto Hospicio, tras una revisión realizada por personal de Gendarmería. También se le prohibió acercarse hasta el recinto penal.

En una misiva dirigida al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, la Asociación de AFP abogó por una respuesta en diversas causas de afiliados que todavía no reciben sus fondos.

En un conflicto que se arrastra desde el inicio de su mandato, la operadora de estacionamientos y parquímetros Concesiones Recoleta S.A. presentó hace unas semanas una querella criminal por desacato reiterado contra el edil, el que, en caso de ser condenado, hasta podría quedar inhabilitado para cargos de elección popular. La concesionaria, además, exige a Recoleta una indemnización millonaria por incumplimiento de contrato. Jadue se ha defendido anteriormente indicando que la empresa opera de manera ilegal, porque el contrato estaría terminado.=

Douglass Mackey saltó a la palestra durante las elecciones presidenciales de 2016, instancia en lal que diseminó información falsa para impedir que votasen por los contrincantes políticos de su sector.