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"Las demandas reconvencionales de Bolivia han extendido innecesariamente la disputa ante esta corte. Se basan en las mismas premisas falsas de las defensas de Bolivia a las demandas de Chile y por lo tanto deben ser desestimadas en su totalidad", aseguró la agente de Chile y subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes. Concluidos los alegatos orales, la CIJ se encuentra en condiciones de dictar sentencia. “Esperamos que se conozca en un plazo de seis a doce meses”, indicó la autoridad.

“Bolivia no ha presentado absolutamente ninguna base jurídica para apoyar su pretensión de que estas aguas, que fluyen a través de canales y que terminarían fluyendo a través de la frontera internacional para llegar a Chile independientemente o no de la existencia de las obras, deberían quedar exentas de la aplicación de la ley sobre cursos de agua internacional”, señaló Stephen McCaffrey. Alan Boyle afirmó que “Chile es libre de usar las aguas del Silala como le plazca, sin pago ni acuerdo alguno adicional".

En la Corte de La Haya se iniciaron los alegatos por el caso. La defensa chilena reveló una carta de 1928 que señala que la canalización parcial del río -obra que es la raíz del cuestionamiento boliviano- se realizó con el fin de evitar que los insectos contaminaran el agua que servía para el consumo humano.

La costumbre se remonta a la Edad Media e incluye togas, capas y las tradicionales pelucas blancas, pero ¿cuáles son los motivos?

A la salida del encuentro, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que “para nosotros este es un proceso de larga data y esperamos que se resuelva prontamente, porque no queremos sentar nuestras relaciones con Bolivia en un caso ante la haya, sino más bien todo lo contrario. El objetivo del gobierno es iniciar una agenda proactiva”.

A partir de este viernes, y hasta el 14 de abril, los equipos jurídicos de ambos países realizarán sus presentaciones en el marco de la demanda presentada por Chile en contra de Bolivia el 6 de junio de 2016, donde solicita que se declare el Silala como un curso de agua internacional y que existe derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas.

La abogada y coagente en el caso del río Silala será una de las autoridades chilenas que estarán presentes durante todos los alegatos que se inician en la Corte Internacional de Justicia. Al respecto, señala que Chile cuenta con los argumentos jurídicos y científicos para demostrar ante la corte que el afluente es un río internacional.

En 2016, el presidente de Bolivia acusó a Chile de robar las aguas del Silala. Por este motivo, Chile presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, donde solicita que se declare que este es un curso de agua internacional y existe derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas. Bolivia concuerda con que sería un río transfonterizo, pero acusa que una parte de ese flujo es artificial. El 1 de abril empiezan los alegatos en Países Bajos.

El fuerte bombardeo sostenido este día, horas después de que Moscú anunciara la apertura de “corredores humanitarios”, fue considerado por las autoridades de Kiev como “inmoral e inaceptable”

El TPI dio cuenta de la recepción de la denuncia el miércoles al senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión investigadora de la gestión del mandatario durante la pandemia en Brasil. El juicio se fundamenta en que Bolsonaro intentó evitar medidas restrictivas de contención del Covid-19, defendió medicamentos sin eficacia científica comprobada -como la hidroxicloroquina- y sembró dudas sobre las vacunas anticovid.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó la decisión del tribunal como un ejemplo de "la determinación de la justicia internacional de hacer rendir cuentas sea cual sea el tiempo que tome".

Deberá reducir en un 45% sus emisiones de CO₂ para 2030.

Una extensa historia política en común tienen ambos países, la que ha estado cruzada en la mayor parte por la aspiración marítima del país altiplánico. Quiebre de relaciones, intentos de La Paz para una salida al mar y un juicio en la Corte Internacional de la Haya, son algunos de los hitos que han marcado la convivencia entre ambas naciones. Este lunes ambos gobiernos anunciaron un "compromiso" para "normalizar las relaciones", que incluye una "Hoja de ruta 2021".

“Confío en que esta decisión marque el inicio de una nueva fase de nuestro compromiso común de luchar contra la impunidad” de los crímenes de guerra, señaló en un comunicado Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta de la CPI. En septiembre pasado, el gobierno de Trump sancionó a la fiscal del organismo, Fatou Bensouda y a otros altos cargos, por abrir una investigación sobre las acusaciones de crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.