Durante 25 días la suspendida ministra del máximo tribunal preparó junto a sus abogados un escrito de más de 220 páginas para defenderse. En el documento enfrenta las acusaciones que la tienen al borde de la remoción. Ahí apunta a que en la Tercera Sala siguió la “cultura judicial” impuesta por un juez de carrera, Sergio Muñoz; que el orden de revisiones de causas que impuso Chevesich ni siquiera se cumple en la sala que ella preside y que nunca realizó favor alguno a Hermosilla.
Expertos advierten que las políticas para adquirir estos artefactos deben ser más rigurosas y desincentivar su uso como método de protección en los hogares. Sin embargo, quienes promueven la tenencia responsable afirman que endurecer las normativas solo perjudica a los ciudadanos que cumplen la ley.
Una hora y 45 minutos es la extensión del audio, publicado en noviembre del año pasado por Ciper, y que marcaría el inicio de una causa que no deja de crecer. A casi 10 meses de aquello, el caso ya suma cinco nuevas aristas, una serie de investigaciones administrativas e implicados, llegando incluso a lo más alto del Poder Judicial.
En 2024 el organismo encabezado por Dorothy Pérez inició 203 indagaciones sobre municipios. También se abrieron procesos especiales sobre materias financieras en 30 comunas que tienen alcaldes que no van a la reelección.
Tras el ingreso de Luis Hermosilla hasta el recinto ubicado en Avenida Pedro Montt, y la “liberación” del exjuez Juan Antonio Poblete, son 11 los internos que comparten las instalaciones. En ese marco fue el reencuentro de los principales protagonistas del caso que ha remecido la esfera judicial y política.
Cheques, depósitos en efectivo y un amplio entramado de transferencias son solo algunos de los instrumentos financieros que fueron a dar a las cuentas de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Según la Fiscalía, se trata de dineros de origen ilícito que fueron utilizados para comprar propiedades, autos, ropa y artículos de lujo.
Una nueva investigación en contra del fiscal regional de Aysén tensiona las relaciones en el organismo. Palma enfrenta una posible suspensión por presunta violación de secreto, aunque él es tajante en sostener que jamás ha entregado información reservada.
El miércoles 21, la Fiscalía Oriente imputará al abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y a dos funcionarios públicos del SII y la Tesorería. Ese día se formalizará la trama del denominado “caso audio”, que remeció al mundo judicial y empresarial. El Ministerio Público pedirá prisión preventiva y deberá “vaciar” las pruebas conseguidas en ocho meses de intenso y sigiloso trabajo. Acá, las 10 claves de esta indagatoria.
El fiscal regional Occidente advierte que hay que atacar con urgencia la criminalidad que opera en las cárceles. A su juicio, antes de hablar de nuevos recintos, hay que discutir sobre el régimen al que internos peligrosos están sometidos y sobre el perfil de quienes los custodian. “Los integrantes de estas bandas podrían superar los 2.700, entonces, ¿por qué nos quedamos con 500 y no los aislamos a todos?”, cuestiona.
Las comisarías de Santiago, Maipú, Las Condes, La Florida y Puente Alto aportarán la mayoría de los carabineros que se sumarán al plan. Aunque estos funcionarios serán movilizados desde esas comunas, desde la institución aseguran que el funcionamiento en dichas zonas no se verá afectado.
Esta semana se conocieron los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos. Por primera vez se realizó un segmento completo de seguridad con 13 preguntas. El desglose da cuenta de quiénes son las personas que más temen ser blanco de la delincuencia.
Pese a los cuestionamientos de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y de los vecinos, el gobierno no ha dado espacio para que se revalúe la ubicación del penal de máxima seguridad. Siguen con las gestiones para que durante 2025 se inicien las obras que permitirán habilitar 500 plazas para internos y condenados de complejos perfiles criminológicos.
Cuando el gobierno anunció el Plan “Calles sin Violencia” su principal objetivo era detener la tendencia al alza de los homicidios en 48 comunas del país. Por esos días el violento crimen de un carabinero impactaba la agenda de seguridad de La Moneda. A más de un año de implementado, sus resultados dan cuenta de una tímida baja en las cifras que se buscaban reducir. De hecho, los casos policiales por asesinatos han bajado sólo un 2%. Esta semana luego que se perpetratan 15 homicidios en la RM, en sólo cuatro días, el proyecto vuelve al pizarrón y con serios reparos.
A partir de una denuncia anónima, el Servicio de Salud Metropolitano Norte -institución de la que depende el centro asistencial- concluyó que hay profesionales que se han ausentado hasta meses completos por actividades sindicales, mismos que luego reciben pagos de horas extras. Contraloría prepara una auditoría.
La exautoridad del primer gobierno de Michelle Bachelet señala que si el Presidente “no remueve a nadie” de su gabinete encargado de la seguridad, “quiere decir que está contento con los resultados”. Ve, además, que “en el gobierno existe una visión buenista y simplista del fenómeno de la delincuencia y desconocimiento del crimen organizado”.
