“El día de hoy hemos avanzado con aproximadamente un 30% de la ley antiterrorista. Esto es un hecho histórico en la comisión, con unanimidad y también con acuerdo con el Ejecutivo”, relevó el senador y presidente de la instancia, Felipe Kast (Evópoli).
En el documento enviado al Senado, el máximo tribunal señala que “es crucial que la regulación de actos terroristas se realice con sumo cuidado, especialmente en lo que respecta a las garantías fundamentales, como el principio de legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia”.
El gobierno presentó este viernes el proyecto que realiza cambios en la legislación que data desde 1984. Los parlamentarios pidieron ágil discusión de la normativa.
La idea del gobierno, según explicó la titular de Interior, es concretar una segunda agenda de seguridad "con una serie de otros temas que han entrado a la discusión el último tiempo". Además de esta iniciativa, se considerarían proyectos sobre funerales narco y sobre violencia en los estadios.
Los ministerios del Interior y la Secretaría General de la Presidencia acordaron los términos en que será ingresada la nueva legislación para perseguir este tipo de delitos. El proyecto también busca castigar con penas de hasta 15 años de cárcel para quienes se asocien para "socavar la institucionalidad" o perpetrar ilícitos de incendios, envío de artefactos explosivos y amenazas.
Entre los ajustes propuestos se plantea establecer una nueva categoría de delitos de favorecimiento de la asociación terrorista. De esta forma se sancionaría a quienes cometan determinados delitos (por ejemplo: amenazas, extorsión, lavado de activos, entre otros) para favorecer la actividad de una asociación terrorista.
La máxima autoridad del Ministerio Público abordó el ataque registrado en Traiguén y reconoció que ante hechos similares se han enfrentado a "dificultades" de persecución penal con la actual normativa contra el terrorismo.
Entre los ajustes propuestos se plantea establecer una nueva categoría de delitos de favorecimiento de la asociación terrorista. De esta forma se sancionaría a quienes cometan determinados delitos (por ejemplo: amenazas, extorsión, lavado de activos, etc.) para favorecer la actividad de una asociación terrorista.
El Ejecutivo había comprometido el paquete de reformas en junio pasado, ya que de acuerdo con el diagnóstico de La Moneda se trata de una legislación "ineficaz" y en "desuso".
Así lo anunció desde el Congreso la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien indicó que el Ejecutivo recogerá "observaciones e inquietudes" para ingresar la propuesta afinada al Parlamento.
Interior, Justicia y la Secretaría General de la Presidencia, junto al penalista Juan Pablo Mañalich, afinan los detalles de la iniciativa que será anunciada cuando regrese el Presidente Boric de Europa. Se trabaja -además- en aumentar penas y eliminar elementos subjetivos de la actual normativa como generar temor en la población.
Parlamentarios de oposición y centro-izquierda se refirieron a las declaraciones de Ángel Valencia, máxima autoridad del Ministerio Público, quien aseguró que la actual Ley Antiterrorista “es muy difícil de aplicar”, ya que, a su juicio, “el estándar no es de muy buena calidad”.
Ángel Valencia, máxima autoridad del Ministerio Público, aseguró que la actual Ley Antiterrorista “es muy difícil de aplicar”, ya que, a su juicio, “el estándar no es de muy buena calidad”.
El Presidente Gabriel Boric recibió este jueves en La Moneda a los representantes del Congreso, Poder Judicial, Carabineros y PDI para abordar los últimos atentados ocurridos en Valparaíso, Ñuble y La Araucanía. En la cita se fijó el plazo de un mes para trabajar en un consenso que permita enmendar la normativa, cuya aplicación se ha evitado tanto por parte del Ministerio Público como por La Moneda, desde donde han advertido problemas de eficacia.
Nuevamente están sobre la mesa cuestionamientos por la baja aplicación de la normativa, y si bien desde algunos sectores políticos apuntan a que esto ocurre netamente con cuestiones ideológicas, expertos aseguran que hay elementos en la misma normativa que la hacen inaplicables. Por ello, varios expertos apuntan a que la temática se aborde como agravantes en el Código Penal, mientras otros son de la idea de incorporar mayores herramientas en el actual cuerpo legal.
