Parlamentarios de oposición y centro-izquierda se refirieron a las declaraciones de Ángel Valencia, máxima autoridad del Ministerio Público, quien aseguró que la actual Ley Antiterrorista “es muy difícil de aplicar”, ya que, a su juicio, “el estándar no es de muy buena calidad”.
Ángel Valencia, máxima autoridad del Ministerio Público, aseguró que la actual Ley Antiterrorista “es muy difícil de aplicar”, ya que, a su juicio, “el estándar no es de muy buena calidad”.
El Presidente Gabriel Boric recibió este jueves en La Moneda a los representantes del Congreso, Poder Judicial, Carabineros y PDI para abordar los últimos atentados ocurridos en Valparaíso, Ñuble y La Araucanía. En la cita se fijó el plazo de un mes para trabajar en un consenso que permita enmendar la normativa, cuya aplicación se ha evitado tanto por parte del Ministerio Público como por La Moneda, desde donde han advertido problemas de eficacia.
Nuevamente están sobre la mesa cuestionamientos por la baja aplicación de la normativa, y si bien desde algunos sectores políticos apuntan a que esto ocurre netamente con cuestiones ideológicas, expertos aseguran que hay elementos en la misma normativa que la hacen inaplicables. Por ello, varios expertos apuntan a que la temática se aborde como agravantes en el Código Penal, mientras otros son de la idea de incorporar mayores herramientas en el actual cuerpo legal.
La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, en tanto, reiteró sus reparos con la aplicación de la legislación y afirmó que es un instrumento que "nació de una manera, en un contexto y quedó marcado de una forma que no lo hace eficaz".
En medio del debate suscitado tras la visita del Presidente Boric a la IX Región, el persecutor aborda las dificultades que -en su parecer- presenta esta norma para la persecución penal, aunque advierte que como institución "no podemos inhibirnos de aplicar la legislación que hoy está vigente".
El subsecretario del Interior enfatizó que problemas en esta materia "son urgentes" y se requieren acuerdos que permitan cambiar las condiciones "con rapidez". La vicepresidenta, Carolina Tohá, en tanto, advirtió que "se han intentado muchas reformas" para la norma contra el terrorismo, pero que "todas naufragan".
El Mandatario reiteró sus reparos con la aplicación de la herramienta jurídica y advirtió que ha tenido "pésimos resultados" tanto para las víctimas de hechos de violencia como para el Estado.
Tras la seguidilla de atentados registrados en la macrozona sur, el Mandatario anunció una batería de medidas legislativas para combatir lo que calificó como "actos de violencia y terroristas". Asimismo, señaló que convocará a un "acuerdo nacional" para hacer frente a la situación.
Observatorio Judicial revisó 53 causas tramitadas en sede penal en que se invocó la norma, entre 2010 y 2018. Del total de casos que abarcó el informe, se obtuvieron seis sentencias, de las cuales dos fueron condenatorias.
La fiscalía formalizó a Francisco Solar y Mónica Caballero por Ley de Armas, en investigaciones que implican atentados explosivos. La razón del Ministerio Público fue que la legislación antiterrorista es más traba que aporte, porque el estándar que piden los tribunales para condenar es muy alto y la pena no es tan significativa. Parlamentarios y exautoridades coinciden en esta materia y advierten que esta norma puede caer en desuso.
La Moneda logró aprobar algunas iniciativas relevantes del programa de gobierno, entre ellas, la ley antiterrorista y la reintegración en la reforma tributaria. Eso sí, a ambas les quedan varios pasos en el Parlamento. De todas formas, el primer proyecto generó que, al menos esta semana, el Ejecutivo mantuviera el control de la agenda, algo que siempre ha estado en cuestionamiento, incluso desde el propio oficialismo.
La iniciativa del gobierno ahora deberá regresar a la comisión de Constitución de la Cámara Alta para la discusión de indicaciones.
El gobierno les envió una minuta a los parlamentarios oficialistas con bajadas comunicacionales y con el hashtag "todoscontraelterrorismo" para que lo utilicen a través de Twitter.
El fiscal Jorge Abbott aseguró que "es bien particular que la normativa no contemple la existencia de medidas instrusivas como sí existe en materia de tráfico de drogas, delitos contra la propiedad. Estas técnicas investigativas son fundamentales para poder investigar delitos tan complejos como los terroristas".
