La máxima autoridad del Ministerio Público abordó el ataque registrado en Traiguén y reconoció que ante hechos similares se han enfrentado a "dificultades" de persecución penal con la actual normativa contra el terrorismo.
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Entre los ajustes propuestos se plantea establecer una nueva categoría de delitos de favorecimiento de la asociación terrorista. De esta forma se sancionaría a quienes cometan determinados delitos (por ejemplo: amenazas, extorsión, lavado de activos, etc.) para favorecer la actividad de una asociación terrorista.
El Ejecutivo había comprometido el paquete de reformas en junio pasado, ya que de acuerdo con el diagnóstico de La Moneda se trata de una legislación "ineficaz" y en "desuso".
Así lo anunció desde el Congreso la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien indicó que el Ejecutivo recogerá "observaciones e inquietudes" para ingresar la propuesta afinada al Parlamento.
Interior, Justicia y la Secretaría General de la Presidencia, junto al penalista Juan Pablo Mañalich, afinan los detalles de la iniciativa que será anunciada cuando regrese el Presidente Boric de Europa. Se trabaja -además- en aumentar penas y eliminar elementos subjetivos de la actual normativa como generar temor en la población.
Parlamentarios de oposición y centro-izquierda se refirieron a las declaraciones de Ángel Valencia, máxima autoridad del Ministerio Público, quien aseguró que la actual Ley Antiterrorista “es muy difícil de aplicar”, ya que, a su juicio, “el estándar no es de muy buena calidad”.
Ángel Valencia, máxima autoridad del Ministerio Público, aseguró que la actual Ley Antiterrorista “es muy difícil de aplicar”, ya que, a su juicio, “el estándar no es de muy buena calidad”.
El Presidente Gabriel Boric recibió este jueves en La Moneda a los representantes del Congreso, Poder Judicial, Carabineros y PDI para abordar los últimos atentados ocurridos en Valparaíso, Ñuble y La Araucanía. En la cita se fijó el plazo de un mes para trabajar en un consenso que permita enmendar la normativa, cuya aplicación se ha evitado tanto por parte del Ministerio Público como por La Moneda, desde donde han advertido problemas de eficacia.
Nuevamente están sobre la mesa cuestionamientos por la baja aplicación de la normativa, y si bien desde algunos sectores políticos apuntan a que esto ocurre netamente con cuestiones ideológicas, expertos aseguran que hay elementos en la misma normativa que la hacen inaplicables. Por ello, varios expertos apuntan a que la temática se aborde como agravantes en el Código Penal, mientras otros son de la idea de incorporar mayores herramientas en el actual cuerpo legal.
La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, en tanto, reiteró sus reparos con la aplicación de la legislación y afirmó que es un instrumento que "nació de una manera, en un contexto y quedó marcado de una forma que no lo hace eficaz".
En medio del debate suscitado tras la visita del Presidente Boric a la IX Región, el persecutor aborda las dificultades que -en su parecer- presenta esta norma para la persecución penal, aunque advierte que como institución "no podemos inhibirnos de aplicar la legislación que hoy está vigente".
El subsecretario del Interior enfatizó que problemas en esta materia "son urgentes" y se requieren acuerdos que permitan cambiar las condiciones "con rapidez". La vicepresidenta, Carolina Tohá, en tanto, advirtió que "se han intentado muchas reformas" para la norma contra el terrorismo, pero que "todas naufragan".
El Mandatario reiteró sus reparos con la aplicación de la herramienta jurídica y advirtió que ha tenido "pésimos resultados" tanto para las víctimas de hechos de violencia como para el Estado.
Tras la seguidilla de atentados registrados en la macrozona sur, el Mandatario anunció una batería de medidas legislativas para combatir lo que calificó como "actos de violencia y terroristas". Asimismo, señaló que convocará a un "acuerdo nacional" para hacer frente a la situación.
Observatorio Judicial revisó 53 causas tramitadas en sede penal en que se invocó la norma, entre 2010 y 2018. Del total de casos que abarcó el informe, se obtuvieron seis sentencias, de las cuales dos fueron condenatorias.
