En torno al sumario por tráfico de influencias que enfrenta Marcello Sambuceti, se comunicó que se hizo una reapertura de la misma indagación para llevar a cabo nuevas diligencias, con la finalidad de disponer de “todos los antecedentes para aclarar la situación”.
El presidente de la tienda de Antonio Varas se refirió a los dichos del exseremi del ramo en Antofagasta, Carlos Contreras, quien aseguró que envió a Presidencia el 7 de junio un informe sobre el convenio entre el Minvu y la fundación Democracia Viva, 9 días antes de que el gobierno reconociera haber conocido el caso.
Osvaldo Pizarro señaló que tanto la excandidata a la alcaldía de Concepción como los hermanos Sebastián y Diego Polanco han sido citados y comparecido con anterioridad, por lo que “no existía ninguna razón de llevarlos forzadamente ante un tribunal”.
El Consejo de Defensa del Estado pide que se restituya la suma total de $391.768.516. Desde la fundación afirman que “la demanda del CDE desconoce, prescinde, omite en su cálculo (...) las rendiciones de cuentas realizadas por la fundación por una cantidad total de $97.384.285 ”.
En medio de las críticas que reflotaron en la oposición en contra del ministro de Vivienda tras los nuevos antecedentes que entregó la Contraloría, la ministra Camila Vallejo manifestó: “Tienen la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias responsabilidades frente a estos casos".
Diputados Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, llamaron al Mandatario a que "ejerza todas sus responsabilidades políticas". Esto, luego de que la Contraloría constatara que irregularidades en traspasos entre reparticiones y entidades privadas eran parte de un patrón que se replicaba a lo largo del país.
Tras un análisis realizado en todas las regiones del país, el contralor Jorge Bermúdez expondrá ante la comisión investigadora sobre transferencias a fundaciones respecto de los principales hallazgos de las pesquisas. Como pudo constatar La Tercera, en la instancia detallará sobre patrones identificados y respecto de las debilidades del sistema.
Tras las declaraciones del contralor Bermúdez, el ministro de Justicia reparó en los riesgos que -a juicio del gobierno- tiene que los funcionarios de Presidencia asistan a prestar declaración a las comisiones investigadoras. Para Chile Vamos y republicanos, las palabras del ministro "resultan inadmisibles y demandan por parte de esta Cámara un pronunciamiento corporativo", dice la misiva cuyo destinatario es el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes.
Además, el ministro de Justicia llamó a desdramatizar la interpretación que pueda hacer el organismo que dirige Jorge Bermúdez. "El contralor ha señalado que se va a requerir un informe y todos nos tendremos que sujetar a los criterios que dicte el contralor", enfatizó.
Por medio de un escrito firmado por su abogado, la exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez, Paz Fuica, aseguró estar siendo blanco de publicaciones “desactualizadas, imprecisas y tendenciosas".
Esto, luego de que esta jornada, por segunda vez consecutiva, el jefe de asesores del Segundo Piso no respondió a una convocatoria realizada por la comisión parlamentaria y se limitó a enviar un documento de seis páginas para responder a algunos de los cuestionamientos en su contra.
El presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), aseguró que la decisión “es una provocación a este Congreso”, por lo que se enviarán los antecedentes a la Contraloría para eventuales sanciones. Soto (PPD) pidió evaluar su continuidad en el cargo.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El ministro señaló que la forma más rápida para poder realizar esta regulación era a través de esta ley que si bien, puede normar durante un año, servirá de base para una legislación más permanente.
El ministro Álvaro Elizalde fue consultado por la declaración del secretario ejecutivo de RD en el marco de la investigación de la Fiscalía de Antofagasta, quien aseguró que se le segurió a Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, sobre el caso Democracia Viva antes de que estallara. El titular Segpres fue tajante en descartar que dicha advertencia se haya concretado.
