“Se ha levantado un manto de dudadas respecto a cómo todos los gobiernos regionales habrían creado una supuesta forma de usar recursos del fisco para beneficiar a algunas fundaciones y también se ha cometido un daño público a muchas fundaciones", señaló Ricardo Díaz Cortés.
La PDI vincula a la legisladora con un posible tráfico de influencias.
Mediante un instructivo emitido por la cartera, se apunta a mejorar la fiscalización del gasto público en esta materia, dado el cuestionamiento que ha habido sobre la institucionalidad tras destaparse los casos de traspasos irregulares de recursos a fundaciones. Según el documento, sus instrucciones son aplicables a convenios que establezcan transferencias a instituciones privadas, tanto en los casos que estas sean beneficiarias finales de los recursos, como si actúan a modo de entidades ejecutoras o administradoras de recursos cuyo beneficiario sea un tercero.
Eugenio Campos sostuvo que “hubo una modificación en 2021, de ausencia de controles que teníamos antes”. Todo eso llevó a una proliferación de las fundaciones, que se dio principalmente en 2022, año en que se ejecutó dicho Presupuesto.
El ministro de Hacienda hizo una fuerte defensa de la titular de la Dipres, en medio de los cuestionamientos por la flexibilización realizada en el Erario Fiscal 2023. Además, el secretario de Estado dio por superada la polémica con el presidente de la CPC, tras las que declaraciones del líder gremial que se entendieron como un llamado a sacar al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
Pietro Hernández Pascualetti (51) está a la cabeza de la brigada de la PDI que indaga el traspaso de fondos públicos a 32 fundaciones. No es la primera vez que el policía encabeza una causa de esta envergadura, dado que desde 2016 investigó el caso SQM, el fraude en el Ejército, Corpesca y también Sierra Bella. Lo definen como hermético y un sabueso de los delitos económicos.
Son 18 las ONG que el ministerio liderado por Luis Cordero está investigando. Entre las organizaciones que están bajo "fiscalización vigente” se cuenta a Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, Arquiduc, Enlace Urbano, Fibra, entre otras. De acreditarse una irregularidad en su constitución, arriesgan su total disolución.
El contralor Jorge Bermúdez congeló la toma de razón de todos los convenios en el país tras los casos que estallaron en los denominados “líos de plata”. A un mes de ese “freno de mano”, la entidad ya cuenta con un primer estado de avance. De 34 casos analizados, 29 no cumplían los estándares legales para realizarse. La situación más grave se detectó en el GORE de Los Lagos. A pesar de la objeción, igualmente se transfirieron más de $ 600 millones, por lo que se abrió un sumario.
La parlamentaria, cuya militancia fue suspendida por un año por el TS del partido, reconoce en la misiva no haber ponderado el impacto político que el caso iba a tener en RD y en el propio gobierno, pero asegura que "estoy tranquila, sabiendo que la verdad se impondrá”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que están ante un "problema estructural" que dificulta la eventual devolución de dineros ante irregularidades. Explicó que originalmente las transferencias eran realizadas a los municipios y que cuando el modelo se amplió se siguió utilizando la misma fórmula "por inercia" y que están trabajando por la vía legal para solucionar la no exigencia de estos documentos.
El timonel Javier Macaya apuntó al lío de platas del Minvu y dijo que el ministro de Desarrollo Social es el símbolo del partido político que está en el corazón de la defraudación al Estado.
