Tras las declaraciones del contralor Bermúdez, el ministro de Justicia reparó en los riesgos que -a juicio del gobierno- tiene que los funcionarios de Presidencia asistan a prestar declaración a las comisiones investigadoras. Para Chile Vamos y republicanos, las palabras del ministro "resultan inadmisibles y demandan por parte de esta Cámara un pronunciamiento corporativo", dice la misiva cuyo destinatario es el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes.
Además, el ministro de Justicia llamó a desdramatizar la interpretación que pueda hacer el organismo que dirige Jorge Bermúdez. "El contralor ha señalado que se va a requerir un informe y todos nos tendremos que sujetar a los criterios que dicte el contralor", enfatizó.
Por medio de un escrito firmado por su abogado, la exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez, Paz Fuica, aseguró estar siendo blanco de publicaciones “desactualizadas, imprecisas y tendenciosas".
Esto, luego de que esta jornada, por segunda vez consecutiva, el jefe de asesores del Segundo Piso no respondió a una convocatoria realizada por la comisión parlamentaria y se limitó a enviar un documento de seis páginas para responder a algunos de los cuestionamientos en su contra.
El presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), aseguró que la decisión “es una provocación a este Congreso”, por lo que se enviarán los antecedentes a la Contraloría para eventuales sanciones. Soto (PPD) pidió evaluar su continuidad en el cargo.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El ministro señaló que la forma más rápida para poder realizar esta regulación era a través de esta ley que si bien, puede normar durante un año, servirá de base para una legislación más permanente.
El ministro Álvaro Elizalde fue consultado por la declaración del secretario ejecutivo de RD en el marco de la investigación de la Fiscalía de Antofagasta, quien aseguró que se le segurió a Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, sobre el caso Democracia Viva antes de que estallara. El titular Segpres fue tajante en descartar que dicha advertencia se haya concretado.
“Se ha levantado un manto de dudadas respecto a cómo todos los gobiernos regionales habrían creado una supuesta forma de usar recursos del fisco para beneficiar a algunas fundaciones y también se ha cometido un daño público a muchas fundaciones", señaló Ricardo Díaz Cortés.
La PDI vincula a la legisladora con un posible tráfico de influencias.
Mediante un instructivo emitido por la cartera, se apunta a mejorar la fiscalización del gasto público en esta materia, dado el cuestionamiento que ha habido sobre la institucionalidad tras destaparse los casos de traspasos irregulares de recursos a fundaciones. Según el documento, sus instrucciones son aplicables a convenios que establezcan transferencias a instituciones privadas, tanto en los casos que estas sean beneficiarias finales de los recursos, como si actúan a modo de entidades ejecutoras o administradoras de recursos cuyo beneficiario sea un tercero.
Eugenio Campos sostuvo que “hubo una modificación en 2021, de ausencia de controles que teníamos antes”. Todo eso llevó a una proliferación de las fundaciones, que se dio principalmente en 2022, año en que se ejecutó dicho Presupuesto.
El ministro de Hacienda hizo una fuerte defensa de la titular de la Dipres, en medio de los cuestionamientos por la flexibilización realizada en el Erario Fiscal 2023. Además, el secretario de Estado dio por superada la polémica con el presidente de la CPC, tras las que declaraciones del líder gremial que se entendieron como un llamado a sacar al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
Pietro Hernández Pascualetti (51) está a la cabeza de la brigada de la PDI que indaga el traspaso de fondos públicos a 32 fundaciones. No es la primera vez que el policía encabeza una causa de esta envergadura, dado que desde 2016 investigó el caso SQM, el fraude en el Ejército, Corpesca y también Sierra Bella. Lo definen como hermético y un sabueso de los delitos económicos.
Son 18 las ONG que el ministerio liderado por Luis Cordero está investigando. Entre las organizaciones que están bajo "fiscalización vigente” se cuenta a Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, Arquiduc, Enlace Urbano, Fibra, entre otras. De acreditarse una irregularidad en su constitución, arriesgan su total disolución.
