El jefe de asesores del Segundo Piso acudirá este martes a la sesión de esa instancia legislativa. El secretario de la comisión, en tanto, dijo que la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien también había sido convocada, enviará un correo electrónico.
Además de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Catalina Pérez (suspendida), hay otro grupo de adherentes de RD que figuran como personas de interés –algunos como imputados y otros como testigos- en la causa en que se indagan los negocios y redes de Democracia Viva. Tatiana Rojas, Miguel Crispi, Paz Fuica y Rodrigo Hernández, entre otros, componen un listado donde también podrían haber sanciones administrativas dentro del partido. Así fue como la tienda del exministrio Giorgio Jackson -una de las colectividades ancla del Frente Amplio- cierra su 2023 inmerso en una crisis política y judicial que aún está lejos de resolverse.
En un año marcado por la revelación de millonarios y poco controlados convenios entre algunas fundaciones y diversas instituciones del Estado, un estudio de Cadem da cuenta de que la polémica salpicó a buena parte de las organizaciones sin fines de lucro, las que, aun sin estar involucradas, vieron entorpecido su trabajo. Las mismas ONG así lo refrendan y detallan cómo les ha afectado esta situación.
Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue formalizada por los delitos de fraude al Fisco reiterado y cohecho, luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros y recibiera una retribución económica por tales ayudas.
"La honorable diputada (...) Catalina Pérez conocía de todos los ilícitos descritos tanto en la querella y presente ampliación de querella, por lo cual, esta parte además evalúa solicitar el desafuero de dicha honorable diputada, para efectos de perseguirla penalmente”, se lee en el documento.
La instancia había invitado a cuatro expositores para esta segunda jornada: dos por parte del oficialismo y dos por la oposición. Sin embargo, solo llegó a la sesión el profesor en Derecho Administrativo William García, convocado por los diputados oficialistas.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta señaló compartir la opinión de la magistrada del Juzgado de Garantía, Sissi Bertoglio-Talap Cortés, respecto a que “con los antecedentes expuestos se logra acreditar la existencia de los delitos y la participación de los imputados”.
"Jamás intercedí en favor de ninguna persona o fundación, actué siempre de buena fe, convencida de que lo realizado por el Minvu se ajustaba a la normativa vigente”, aseguró.
En la sesión se adelantó que el secretario de Estado será notificado mañana viernes y que tiene como plazo límite para contestar el próximo 5 de enero.
"Siempre he sido muy crítica del abuso de este tipo de instrumentos, también cuando mi sector era oposición", dijo la ministra del Interior. En ese sentido, acusó que “ahora, a mitad de mandato, el gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene más ministros acusados que todos los que tuvo el Presidente Sebastián Piñera”.
El exrepresentante de la fundación, que dio origen al denominado caso líos de platas, fue formalizado el viernes pasado por tres delitos de fraude al Fisco.
Tras recibir informes de Contraloría y conocer detalles, Ángel Valencia ordenó que un conjunto de investigaciones relacionadas con algunas fundaciones determinadas sean llevadas por las fiscalías de Tarapacá, Antofagasta y Aysén.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia dijo que "en lo que respecta a acusaciones contra autoridades del gobierno, hay más presentadas en el actual mandato que en el mandato anterior".
Desde el sector, además, proyectaron que el líbelo no contaría con el respaldo necesario en el Congreso.
El libelo es presentado por la eventual responsabilidad del secretario de Estado en los traspasos de recursos desde el ministerio de Vivienda a fundaciones que están siendo investigados por la justicia.
