Fuica, quien tiene su militancia en RD suspendida, está imputada por ser considerada por la justicia como la mano derecha del exseremi Carlos Contreras y una de las piezas clave por el traspaso de dineros en convenios entre el Minvu de Antofagasta y Democracia Viva.
Desde la colectividad sostienen que “tratándose de una discusión política la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia”.
El exministro de Desarrollo Social inició una arremetida judicial para buscar una sanción a quienes le imputaron participación en el robo de computadores, en julio del año pasado, como también presuntos vínculos con los líos de platas.
El exministro de Desarrollo Social fue acusado -por parlamentarios de oposición- de estar involucrado en dicho caso y también en el robo de 23 computadores en la cartera que lideraba. “En mi rol de ciudadano, voy a emprender todas las acciones que sean necesarias para develar aquellas mentiras, injurias o calumnias y que se revelen como tales”, advirtió cuando dejó su cargo.
De acuerdo con antecedentes, la concejala de Antofagasta ejercía como mano derecha del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras y habría tenido directa relación en la selección de las fundaciones que se vieron beneficiadas con contratos con el servicio.
Además, el ministro de Vivienda se refirió a los parlamentarios que insisten en su salida de la cartera: "El que decide eso es el Presidente de la República, no son ellos".
El ministro de Vivienda agradeció tanto al oficialismo como a la oposición por haber acogido la cuestión previa deducida por su defensa. Con ello, la acusación constitucional se entendió como no presentada. "No tenía ni fundamento técnico ni político”, aseguró la autoridad.
Los parlamentarios emplazaron al presidente Gabriel Boric a que "sea quien tome la decisión de remover al ministro Montes de su cargo, como ya lo ha hecho con todos los ministros que han sido acusados constitucionalmente durante su gobierno".
Es la quinta acción de este tipo contra los ministros del gobierno de Gabriel Boric que no es aprobada en el Congreso. En la sesión, los legisladores acogieron la cuestión previa deducida por la defensa del secretario de Estado, con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención. Con ello, la acción se entiende por no interpuesta.
Además, Pablo Ruiz-Tagle invocó la cuestión previa: herramienta que, de ser acogida por los diputados, baja el líbelo, ya que se da como no presentado. Si se rechaza la denominada cuestión previa, se continúa con la votación para discutir el fondo.
La bancada de esa colectividad oficialista hizo la solicitud -a su directiva nacional- argumentando que “esta es una votación sensible”. El líbelo será resuelto finalmente este jueves en la sala de la Cámara, luego de que la comisión revisora recomendara aprobarlo.
En un capítulo elaborado por la bancada republicana aparece un conjunto de artículos del Código Penal que no tienen relación con el caso del ministro. Por ejemplo, uno de ellos hace referencia a crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado.
Además, el parlamentario de Acción Humanista reforzó la idea de que el libelo acusatorio está "muy mal presentado, muy improvisado y muy desprolijo" en niveles de forma y de fondo.
El abogado defensor, Pablo Ruiz-Tagle, criticó que la presentación presenta una serie de equivocaciones. Por ejemplo, se refiere erróneamente a modalidades de prescripción en crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado.
El abogado defensor, Pablo Ruiz Tagle, criticó que la presentación presenta una serie de equivocaciones, una de ellas es que "no menciona hechos claros, concisos y completos referidos a la persona, el ministro acusado, y por eso no es posible construir un vínculo entre las cuestiones que se alegan y el señor ministro".
