El informe fue aprobado por 72 votos a favor, y el presidente de la instancia fiscalizadora, el diputado José Miguel Castro (RN), dijo que en el documento se pueden ver "las incongruencias que muchas veces existieron entre las declaraciones que se dieron, con respecto a lo que se dice en Fiscalía o los distintos WhatsApp o distinta información que va saliendo día a día”.
Nuevos chats de la exsubsecretaria Tatiana Rojas revelaron que ella lideró el manejo comunicacional por el caso, con eventual conocimiento del ministro de Vivienda. Sin embargo, el titular de esa cartera aseguró que “son las cosas que ya se habían dicho, no hay cosas distintas”.
El denominado caso líos de platas sigue sumando antecedentes. Reportajes T13 entregó nuevos mensajes y audios entre la exsubsecretaria de Vivienda y el otrora seremi del ramo de Antofagasta del mismo día en que estalló el escándalo. Ahí se advierte que ella intervino directamente en la elaboración de la bajada comunicacional del asunto.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que lo que sigue ahora es “continuar con las diligencias que están en curso".
Blanca Gutiérrez, madre del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, relata cómo han vivido la prisión preventiva de su hijo por el denominado caso líos de platas y apunta a la falta de apoyo de RD en todo el proceso. La mujer, de 84 años, afirma que el informe de la subsecretaria de Vivienda llegó a La Moneda y que, por ende, el jefe de asesores Miguel Crispi sí tuvo acceso a la información. A su juicio, estaría ocultando estos antecedentes que ya están en manos del Ministerio Público.
En una entrevista radial, el titular del Minvu, afirmó que desde su cartera quieren "resolver" la situación y que, actualmente están dedicados "a trabajar muchísimo con todas las restricciones que hemos tenido, y a su vez ayudar a que la justicia siga avanzando en lo que tiene que avanzar".
El ministro de Vivienda explicó que las investigaciones se centran en las instituciones EnRed y Enlace Urbano. También mencionó que mantienen las "puertas abiertas" ante las indagatorias realizadas por la Policía de Investigaciones.
El operativo se produjo en el marco de la arista iniciada por la Fiscalía Regional de Tarapacá, que tiene en la mira a EnRed y Enlace Urbano.
Meses después de que el Ministerio Público iniciara una investigación en contra de Chikawal Limitada por sus contratos con la Conadi, pese a no tener experiencia, cuatro Seremis del Ministerio de Educación adjudicaron contratos para capacitaciones por un total de $63 millones. Esta semana Contraloría determinó que el acuerdo entre el organismo dependiente de Desarrollo Social y la empresa no debió haberse concretado. Acuerdos que, precisamente, fueron citados por la empresa para ganar nuevos contratos, esta vez con Educación.
El ente fiscalizador estableció que la organización, creada en enero de 2023, no debió adjudicarse tres de los cinco proyectos, precisamente por no contar con la experiencia exigida en las bases de licitación. Por estos mismos hechos la Fiscalía Regional de La Araucanía en julio pasado abrió una investigación para establecer si hay delitos en la adjudicación de $442 millones de parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a Chikawal Limitada.
El caso es destacado por la policía civil como uno de los más relevantes del 2023. Sin embargo, en medio de su balance de operaciones también registran una baja en los homicidios, un alza en los secuestros y un incremento de 333% en el patrimonio incautado a estructuras criminales, respecto de 2022.
La concejal habría operado para favorecer a determinadas fundaciones con las que tenía afinidad política, en su calidad de funcionaria de confianza de Carlos Contreras, el exseremi del Minvu de Antofagasta, formalizado y en prisión preventiva hace un mes.
El imputado por el denominado caso líos de platas -quien se encuentra en prisión preventiva- tildó como "tremendamente injusto" que funcionarios del Minvu, por "procedimientos realizados desde el 2019, enfrenten hoy acciones legales y persecución en su contra”.
La concejala tiene su militancia en RD suspendida y es apuntada como la mano derecha del exseremi Carlos Contreras y una de las piezas clave por el traspaso de dineros en convenios entre el Minvu y Democracia Viva.
Recientemente el Ministerio Público solicitó a la defensa del exmilitante RD acceder a un segundo teléfono que este mantendría. Sin embargo, los abogados manifestaron ante el tribunal que se oponen a pericias sobre este, dado que fue comprado después de iniciada la investigación. Esto, en todo caso, no es lo único que complica al ingeniero. Recientemente Gendarmería le denegó el permiso para impartir clases en el penal y puso en suspenso la comunicación con su madre.
