El operativo se produjo en el marco de la arista iniciada por la Fiscalía Regional de Tarapacá, que tiene en la mira a EnRed y Enlace Urbano.
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Meses después de que el Ministerio Público iniciara una investigación en contra de Chikawal Limitada por sus contratos con la Conadi, pese a no tener experiencia, cuatro Seremis del Ministerio de Educación adjudicaron contratos para capacitaciones por un total de $63 millones. Esta semana Contraloría determinó que el acuerdo entre el organismo dependiente de Desarrollo Social y la empresa no debió haberse concretado. Acuerdos que, precisamente, fueron citados por la empresa para ganar nuevos contratos, esta vez con Educación.
El ente fiscalizador estableció que la organización, creada en enero de 2023, no debió adjudicarse tres de los cinco proyectos, precisamente por no contar con la experiencia exigida en las bases de licitación. Por estos mismos hechos la Fiscalía Regional de La Araucanía en julio pasado abrió una investigación para establecer si hay delitos en la adjudicación de $442 millones de parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a Chikawal Limitada.
El caso es destacado por la policía civil como uno de los más relevantes del 2023. Sin embargo, en medio de su balance de operaciones también registran una baja en los homicidios, un alza en los secuestros y un incremento de 333% en el patrimonio incautado a estructuras criminales, respecto de 2022.
La concejal habría operado para favorecer a determinadas fundaciones con las que tenía afinidad política, en su calidad de funcionaria de confianza de Carlos Contreras, el exseremi del Minvu de Antofagasta, formalizado y en prisión preventiva hace un mes.
El imputado por el denominado caso líos de platas -quien se encuentra en prisión preventiva- tildó como "tremendamente injusto" que funcionarios del Minvu, por "procedimientos realizados desde el 2019, enfrenten hoy acciones legales y persecución en su contra”.
La concejala tiene su militancia en RD suspendida y es apuntada como la mano derecha del exseremi Carlos Contreras y una de las piezas clave por el traspaso de dineros en convenios entre el Minvu y Democracia Viva.
Recientemente el Ministerio Público solicitó a la defensa del exmilitante RD acceder a un segundo teléfono que este mantendría. Sin embargo, los abogados manifestaron ante el tribunal que se oponen a pericias sobre este, dado que fue comprado después de iniciada la investigación. Esto, en todo caso, no es lo único que complica al ingeniero. Recientemente Gendarmería le denegó el permiso para impartir clases en el penal y puso en suspenso la comunicación con su madre.
Fiscalía formalizó a Tamara Vidal, exencargada de la Unidad de Participación Ciudadana del Gore; Eduardo Quezada, representante de la consultora EQOS; y Matías Godoy, representante legal de la OTEC Frumisal Ltda.
Fuica, quien tiene su militancia en RD suspendida, está imputada por ser considerada por la justicia como la mano derecha del exseremi Carlos Contreras y una de las piezas clave por el traspaso de dineros en convenios entre el Minvu de Antofagasta y Democracia Viva.
Desde la colectividad sostienen que “tratándose de una discusión política la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia”.
El exministro de Desarrollo Social inició una arremetida judicial para buscar una sanción a quienes le imputaron participación en el robo de computadores, en julio del año pasado, como también presuntos vínculos con los líos de platas.
El exministro de Desarrollo Social fue acusado -por parlamentarios de oposición- de estar involucrado en dicho caso y también en el robo de 23 computadores en la cartera que lideraba. “En mi rol de ciudadano, voy a emprender todas las acciones que sean necesarias para develar aquellas mentiras, injurias o calumnias y que se revelen como tales”, advirtió cuando dejó su cargo.
De acuerdo con antecedentes, la concejala de Antofagasta ejercía como mano derecha del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras y habría tenido directa relación en la selección de las fundaciones que se vieron beneficiadas con contratos con el servicio.
Además, el ministro de Vivienda se refirió a los parlamentarios que insisten en su salida de la cartera: "El que decide eso es el Presidente de la República, no son ellos".
