En la que calificó como una de sus “entrevistas más personales”, la ministra vocera de gobierno se refirió a las repercusiones que generaron en el Ejecutivo los líos de platas políticas. Además, explicó cómo ha afrontado su exposición pública desde que asumió como dirigenta estudiantil en 2011, asegurando que el feminismo la "ayudó mucho" a desprenderse "de las culpas".
La autoridad regional destacó que durante esta jornada declaró respecto al funcionamiento del Gore y de las entidades que han recibido recursos públicos. "Hemos hablado de una cantidad de entidades que han recibido financiamiento. pero todavía quedan otras por desarrollar y esa nueva declaración la voy a realizar hacia fines de la próxima semana”, sostuvo.
De acuerdo con antecedentes contenidos en la carpeta del caso, la profesional ejercía como mano derecha del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras y habría tenido directa injerencia en la selección de las fundaciones que firmaron millonarios convenios con el organismo.
En un reservado informe se revisaron testimonios allegados a la causa penal, además de rendiciones de cuentas de la fundación ligada a RD. En el análisis se advierte la comisión de delitos que involucran directamente al exseremi Carlos Contreras, el ingeniero Daniel Andrade y, por primera vez, se menciona a la parlamentaria.
Por medio de una segunda querella, Revolución Democrática desclasificó conversaciones del día en que estalló el caso que tiene en la mira a Daniel Andrade y a Carlos Contreras. A la luz de los antecedentes, dicen, llegaron a la conclusión de que ambos “desde un comienzo han tenido plena conciencia de los hechos ilícitos” y que “han intentado mañosamente esconderlos”.
El Gobierno Regional terminó el contrato que mantenía con la institución liderada por el psiquiatra Alberto Larraín y exige la restitución de $373 millones, debido a que se constataron retrasos significativos en la ejecución del proyecto.
El tribunal de alzada decidió oponerse a la acción judicial presentado por la organización dirigida por Daniel Andrade, con el cual buscaban "poner correcto término” a convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Desde el Ministerio liderado por Carlos Montes informaron que la determinación se funda en que la ONG incumplió una serie de disposiciones. Entre ellas, aseguran, no había entrega de productos y no realizaron las rendiciones que correspondía. Ahora, EnRed tiene cinco días para presentar los recursos que estime pertinentes.
El jefe de la policía civil reconoce un cambio en la criminalidad en nuestro país y asegura que la institución está trabajando para avanzar en las investigaciones a su cargo, de la mano de su nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Policial. "La ciudadanía debe estar tranquila de que estamos poniendo todas nuestras capacidades y todo el profesionalismo a disposición", dice. Los líos de platas, también están en el radar de la institución.
A partir del análisis que hizo Contraloría en el organismo dependiente del Minvu, se detectó que hubo una evidente falta de control y monitoreo en la ejecución de los contratos que, por ejemplo, suscribieron con Democracia Viva, Movimiento Fibra, ProCultura, TomArte, Urbanismo Social, Espacio Lúdico y Techo para Chile. Además, al 30 de junio, respecto a 68 convenios vigentes, se habían presentado rendiciones por un total de $500.854.319 sin ser revisadas.
La petición, dirigida al presidente de la corporación, se produce a casi una semana de que la contraloría evacuara el informe final de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta por los millonarios traspasos a la ONG. Jorge Bermúdez dijo que es “muy difícil” que se restituyan los fondos, porque “la fundación no tiene patrimonio”.
Según se ha podido establecer hasta el momento, el Ministerio Público pesquisa los traspasos que realizó la gobernación a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, a la Fundación Coneta Tea y Fundación Valcar.
María Jaraquemada presentó a la comisión de Hacienda de la Cámara los resultados del informe emanado por la instancia que surgió en medio de la crisis por líos de platas. "Creemos que todas las transferencias estatales, también de municipios y gobiernos regionales, se deben regir por un marco normativo”, dijo sobre esta recomendación.
La semana pasada, la agrupación fundada por el psiquiatra Alberto Larraín interpuso un recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Aysén en la Corte de Apelaciones de Coyhaique por el freno en la entrega de fondos por $1.673 millones y una demanda en contra de la Dirección Regional de Arquitectura del Biobío en el Tribunal de Contratación Pública. La gobernadora de Aysén respondió que “no vamos a firmar un convenio con la fundación ProCultura, mientras existan procedimientos legales vigentes que involucren a dichas fundaciones”.
Para los abogados especialistas en la materia, si bien aún quedan posibilidades administrativas, una de las maneras es devolver los recursos luego de un juicio civil que podría tardar años. Sin embargo, si las organizaciones no cuentan con un patrimonio, aquello abre una nueva arista.
