Ante la eventualidad de que se cite a declarar a la directora de Presupuestos, desde las bancadas del bloque opositor solicitaron "removerla de su cargo o al menos de eximirla de la discusión presupuestaria”. Hasta ahora el sector había evitado condicionar la tramitación del proyecto de erario fiscal a su salida.
"Es obvio que en algún momento podría eventualmente pasar aquello”, aseguró la ministra Camila Vallejo, indicando que corresponde al Ministerio Público confirmar si se acogió la solicitud de diputados de la tienda opositora para citar al exministro, el jefe de asesores de La Moneda y la directora de Presupuestos, en la indagatoria por el traspaso de fondos estatales a fundaciones.
“En cualquier oportunidad que la fiscal estime pertinente que yo deba venir, lo voy a hacer de la mejor manera posible y con absoluto espíritu de cooperación”, aseguró la autoridad regional.
"Han hecho abuso de la personalidad jurídica que les otorga la ley", dijo el titular de la cartera, Luis Cordero, quien reveló también que la secretaría de Estado está realizando una amplia investigación a más de cuarenta de esas entidades.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2024, en su partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, introduce una serie de modificaciones al programa que busca mejorar las condiciones de vida de los campamentos. Si bien se aumentan en 24,1% los recursos para este programa, se reducen los fondos de transferencias a las entidades privadas que colaboran con la iniciativa. Esto último se interpreta como un aprendizaje del caso que estalló con Democracia Viva y que hoy tiene en la lupa del Ministerio Público a más de 50 ONG en todo el país.
El ministro de Vivienda detalló que se ejecutaron acciones frente a observaciones como la falta de exigencia de los planes de trabajo y las personas contratadas por fundaciones que se desempeñaban en dependencias del Serviu o de la Seremi Minvu de Antofagasta.
Fundación acusó "ilegalidad y arbitrariedad" en la resolución de la repartición estatal en la que se dispuso el término al convenio y se ordenaba la restitución de los dineros y la liquidación del contrato.
El ministro de la Secretaría general de la Presidencia (Segpres) cuestionó la medida que adoptó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y enfatizó que "no es la forma que se establece en nuestra Constitución a través de la cual se deben realizar las consultas al gobierno".
La diputada Mercedes Bulnes pidió un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento, acusando que no se ajustaba a derecho. La instancia rechazó envío de preguntas al expresidente Sebastián Piñera.
El ministro de Vivienda, desde un punto de prensa en Copiapó, volvió a abordar los traspasos directos de recursos desde reparticiones públicas a entidades privadas, asegurando que lo que quiere el gobierno es saber “cómo se produjo, quiénes lo organizaron y quiénes fueron los beneficiados por esto”.
A su llegada a La Moneda, el Presidente mantuvo un diálogo con uno de los ciudadanos apostados fuera de la sede de gobierno, quien le reprochó por los casos de corrupción en el Estado. Eso motivó la respuesta del jefe de Estado.
La arremetida de los diputados de oposición se produce luego de que este jueves se conociera el testimonio del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Dettoni, quien ante el Ministerio Público aseguró que la legisladora sabía de los millonarios convenios de Democracia Viva -ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade- con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
"Cuando supo de los convenios no dimensionó los efectos políticos que esto iba a provocar”, señaló el jurista Gonzalo Medina.
Edson Dettoni declaró ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos conversaciones de WhatsApp-, donde reveló que la congresista -que tiene congelada su militancia en Revolución Democrática- sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade.
En la ocasión, se analizaron las modificaciones aprobadas por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y las glosas impulsadas para reducir los controles en el marco de la Ley de Presupuestos 2023.
